La Asamblea Nacional negó las reformas sobre la despenalización del aborto por violación: solo hubo 65 votos a favor, faltaron solo cinco para tomar una decisión que habría sido histórica. Los legisladores votaron para que una mujer que interrumpe su embarazo, producto de una violación, sea condenada a prisión.
Ecuador no logró despenalizar las sanciones penales en contra de las mujeres. En el continente de los países que tienen restricciones para el aborto, solo nueve lo permiten en casos de violación. Otros ocho lo tienen totalmente prohibido.
La sesión de la Asamblea se instaló, la noche del martes 17 de septiembre, con 130 asambleístas. Al final, hubo 65 votos a favor de la despenalización, 59 en contra y seis abstenciones. Los legisladores se quedaron a cinco votos de tomar una decisión que habría sido histórica. Hubo siete ausentes:
Ausentes aborto
Ahora, el proyecto de reformas penales -que entre otras cosas sí incluyó el uso terapéutico del cannabis- será enviado al Ejecutivo, para que el presidente Lenín Moreno de su aprobación y lo envíe al Registro Oficial para su entrada en vigencia.
El mandatario tiene también la opción de vetarlo parcial o totalmente. En el primer caso, el proyecto regresará a la Asamblea, para que el Pleno acepte los cambios o se ratifique en el texto original. En el segundo, el proyecto no podrá ser debatido nuevamente en un año.
La propuesta fallida
En la legislación vigente, el artículo 150 del Código Integral Penal (COIP) permite el aborto solo si está en riesgo la vida de la madre y si se trata de un caso de violación a una mujer con discapacidad mental.
La propuesta planteada en la Asamblea Nacional ampliaba las causales para los casos de aborto no punible en caso de:
- Violación y violación incestuosa
- Inseminación artificial no consentida
- Si el embrión padece una patología congénita incompatible con la vida extrauterina
En el primer caso, era necesario que el tiempo de embarazo no supere las 14 semanas y no se requería una sentencia o resolución judicial. Sin embargo, se establecía que estos casos iban a ser investigados por las autoridades. De tratarse de una menor de edad tampoco iba a requerir autorización de los padres o representantes legales.
Actualmente, el COIP establece que una mujer que se provoque un aborto o permita que alguien se lo practique será sancionada con una pena de entre seis meses y dos años de privación de libertad.
Es decir, esta noche los legisladores votaron para que una mujer que interrumpe su embarazo, producto de una violación, sea condenada a prisión.
Las cifras en Ecuador
Los grupos a favor de la despenalización sostenían dos argumentos principales: evitar la revictimización de las mujeres que han sufrido una violación -especialmente las menores de edad-, y su libertad de decidir sobre su cuerpo para impedir una maternidad forzada.
Al otro lado de debate estaban los grupos autodenominados provida, quienes argumentaron la defensa del derecho a la vida del no nacido para mantener la penalización.
Entre 2015 y julio de 2019, según cifras de la Fiscalía General del Estado:
- Se han presentado 320 denuncias penales por aborto consentido a nivel nacional
- Se han iniciado 143 investigaciones previas por esta causa
- Y 26 mujeres recibieron sentencias condenatorias por abortar
Además, en Ecuador se registran en promedio 38 denuncias diarias por violaciones sexuales. Solo entre enero y agosto de este año la Fiscalía recibió 9.158 casos.
Según las cifras de nacidos vivos del INEC, alrededor de 2.200 niñas menores de 14 años dan a luz cada año en Ecuador. Todas ellas víctimas de violación, ya que no alcanzan la edad legal de consentimiento.
Y, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Ecuador registra la tasa de embarazo adolescente más alta de Latinoamérica.
La legislación sobre el aborto en la región
Según el Centro por los Derechos Reproductivos, el 41% de las mujeres del mundo en edad reproductiva viven en Estados que tienen restricciones legales frente al aborto.
Sin embargo, el mundo avanza en la tendencia hacia la despenalización y legalización, en los últimos 25 años, alrededor de 50 países han liberalizado sus leyes sobre la materia. Pero también hay 26 países que lo tienen totalmente prohibido.
En la región, este es el caso de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana, Aruba y Curazao. En el siguiente mapa puede observar el estado de la legislación en cada país del continente:
El debate legal en Ecuador
El debate sobre la despenalización del aborto no es nuevo en el país. En los 90 ya se intentó tratar una legislación al respecto en el Congreso. Sin embargo, no se dio paso al debate.
El tema tomó fuerza en la Constituyente de Montecristi, cuando se debatió el capítulo de los derechos reproductivos y sexuales. De ahí que la Carta Magna reconoce derecho “a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”.
Incluso, cuando el Gobierno anterior decidió modernizar el Código Penal, y aprobó el COIP en 2014, en la Asamblea se planteó la posibilidad de despenalizar el aborto por violación. Pero el expresidente Rafael Correa frenó a sus legisladores con la amenaza de renunciar al cargo y solicitó sanciones políticas para quienes apoyaban la medida.
Finalmente, en 2017 la Comisión de Justicia retomó el tratamiento de las reformas penales y el debate volvió a polarizar a la opinión pública. Desde entonces, los grupos de mujeres y los grupos conservadores se han manifestado a favor y en contra de la despenalización.
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