Los casos son, cada vez, más espeluznantes. Niños, adolescentes e incluso madres han sido agredidos en sus hogares, en el barrio e incluso en el transporte público. Colectivos sociales aseguran que las cifras oficiales están lejos de la realidad pues muchas víctimas no denuncian el ataque.
En Ecuador, cada día se registran 38 denuncias de violaciones y abusos sexuales, en promedio. Según información que la Fiscalía General proporcionó a PRIMICIAS, en los primeros ocho meses de 2019 se han recibido 9.158 denuncias por estos delitos.
Pichincha (1.331), Guayas (1.066) y Azuay (415) concentran el 31% de los casos.
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Johana Núñez, representante del colectivo feminista Luna Roja, cree que "las cifras son escandalosas y reflejan, una vez más, la situación de vulnerabilidad en la que viven las mujeres, sobre todo las menores de edad".
Uno de los últimos casos en los que se obtuvo sentencia condenatoria, por el delito de agresión sexual, se registró en el cantón Puerto Quito, en la provincia de Pichincha.
En agosto de 2018, los médicos del centro de la salud de la población descubrieron que una niña de 6 años había sido violada, en varias ocasiones, por dos de sus tíos.
El testimonio de la niña, en el que acusó a sus familiares, fue clave para que el Tribunal de Garantías Penales emitiera una sentencia de 22 años de prisión contra uno de los abusadores. El otro implicado huyó y tiene orden de captura.
La denuncia llegó a manos de las autoridades después de que la niña acudiera con sus padres a una casa de salud al presentar un cuadro de fiebre y escalofríos. Luego del chequeo médico, los galenos encontraron que la pequeña niña tenía, además, una infección de transmisión sexual.
El padre fue quien inició la acción legal; la madre se negó a hacerlo.
En mayo pasado, el exdirector de la Policía Judicial, Carlos Alulema, ya advertía que "más del 83% de los casos se dan dentro del círculo cercano de las mujeres, de los niños, de los menores y, solo, el 16% son desconocidos".
Los niños y adolescentes, explicaba, son objeto de los abusos de sus padres, padrastros, tíos, abuelos y "también personas dentro del círculo laboral y educativo", publicó entonces la agencia EFE.
Silvia Buendía, abogada de mujeres víctimas de delitos sexuales, insiste en que en Ecuador existe una "naturalización de la violencia, lo que se traduce en aceptar que las violaciones y los abusos sexuales son parte de la vida de las mujeres".
Por esta razón, dice, muchas mujeres no denuncian cuando son víctimas de este tipo de delitos.
Trabas en la justicia
Buendía dice que la revictimización, la impunidad, la falta de empatía de las autoridades y la poca credibilidad que se da a las víctimas son factores que impiden que las mujeres acudan a las autoridades: no sienten confianza en el sistema judicial.
Ana Cristina Vera, presidenta del colectivo Surkuna, concuerda con Buendía en que las trabas del sistema judicial disuaden a las mujeres a denunciar los casos de violencia sexual.
Ella agrega que, mientras las mujeres no sientan un verdadero respaldo del sistema judicial, existirán miles de casos que queden en la impunidad.
Cuando la justicia actúa en favor de las víctimas, dice Buendía, se pueden encontrar a los culpables para que sean sancionados.
¿Un ejemplo? El 13 de agosto de 2019, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de 29 años de prisión contra Tamara F., quien abusó sexualmente de una niña de tres años en una buseta de transporte escolar.
La niña rindió su versión ante los psicólogos de la Fiscalía y se determinó la culpabilidad de la azafata.
Cifras no reflejan la realidad
Buendía y Vera aseguran que las cifras que reposan en la Fiscalía no responden a la realidad. Alulema también reconoció que "el subregistro es muy elevado".
Para ellas, las 9.158 denuncias que tiene la Fiscalía representan apenas un 20% o 25% de los casos de violencia sexual que realmente se dan en Ecuador y que no constan en los datos oficiales por las trabas que hay en el sistema judicial.
Las expertas basan su análisis en los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estima que una de cada tres niñas ha sufrido violencia sexual.
Johana Núñez, del colectivo Luna Roja, asegura que la violencia sexual no se terminará con el endurecimiento de las penas, sino con un cambio en la educación y con la creación de políticas públicas orientadas a la prevención.
Si esto no ocurre, dice, los casos de violencia sexual no se detendrán.
Un triste inventario
La Fiscalía lleva un registro de los casos de abuso sexual y violación que se han judicializado solo en agosto:
- Ambato. La tarde del 14 de agosto, una mujer se subió con su hija a una unidad de transporte público. El conductor aprovechando que no tenía más pasajeros se dirigió a un lugar desolado en dónde abusó de la mujer. William A. P. será procesado por su presunta participación en el delito de abuso sexual.
- Santa Elena. El 14 de agosto, Juan Daniel R. P. (25 años), fue sentenciado a 19 años de prisión por el delito de violación a la adolescente de 13 años, ocurrida en el cantón La Libertad. Además, se solicitaron medidas de protección a favor de la menor para evitar un nuevo contacto entre ambos. El delito ocurrió la madrugada del 8 abril de 2017.
- Quito. El 12 agosto, el juez David Castillo sentenció a Roberto Alex G. M., de 30 años, a 40 meses de prisión y a cancelar una multa de doce salarios básicos unificados. Él atacó en la calle a una adolescente de 12 años en el barrio San Juan de Calderón, al norte de Quito.
- Esmeraldas. 14 de agosto, el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas sentenció a Carlos C. V., como autor del delito de violación, a 22 años de prisión y al pago de USD 10.000 como reparación integral a favor de la víctima. Él agredió sexualmente a su hija de 11 años. El delito ocurrió el 16 de septiembre de 2012.
- Guayaquil. El 13 de agosto se ratificó la prisión preventiva contra Jorge R. P., de 57 años, por el presunto delito de abuso sexual. El acusado presuntamente abusaba de sus dos sobrinas nietas y les ofrecía dinero a cambio de su silencio.
- El Oro. Una adolescente de 16 años fue encontrada, la mañana del lunes 4 de septiembre de 2017, desmayada en el inmueble donde laboraba, en Machala. Ella fue violada por dos personas, una de ellas Sixto Ch. Ch., con quien mantenía una relación sentimental. El agresor fue condenado a 29 años y cuatro meses de prisión.
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