El Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que el aborto no es punible en el país cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada. Organizaciones de la sociedad civil impulsan la visibilización de esta causal.
La salud sexual y reproductiva sigue siendo uno de los mayores desafíos en términos de igualdad de género en el mundo. Así lo aseguró la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018.
Dentro de este desafío global, el acceso al aborto legal y seguro es uno de los retos específicos más grandes.
Según un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, los Estados de todo el mundo deben trabajar en la despenalización del aborto. “Y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo”.
En Ecuador, el aborto no está legalizado. Sin embargo, hay dos causales en la que no es penalizado según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En su artículo 150, este establece que:
El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos:
- Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
- Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.
¿Qué se entiende como salud cuando hablamos de aborto?
Este año el Centro de Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaquil) lanzó la campaña Aborto Terapéutico: Es una opción, que busca visibilizar esta alternativa legal para las mujeres.
Lita Martínez, directora de esta organización explica que cuando se habla de salud en el COIP el concepto se engloba en la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dice:
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Además, en los estándares internacionales de derechos humanos, se protege el derecho de las mujeres a acceder a servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto.
Sobre esto, el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), con sede en Nueva York, dice que “estos derechos son violados cuando los estados vuelven los servicios de aborto inaccesibles para las mujeres que los necesitan”.
Según los registros de Naciones Unidas, el 98% de los países del mundo permiten la práctica del aborto terapéutico para salvar la vida de las mujeres, el 63% para preservar su salud física, el 62% para preservar su salud mental, el 43% en casos de violación e incesto, y el 39% en casos de malformaciones fetales.
Una lucha contra la cultura y la falta de información
La inaccesibilidad de la que habla el CDR estaría ocurriendo en Ecuador. Así lo asegura Soledad Angus, miembro del colectivo Aborto Libre Guayaquil.
La abogada dice que aunque la primera causal para el aborto no punible tiene un alcance amplio, hay dos principales barreras para su aplicación.
La primera es cultural y la segunda, la falta de visibilización y de información sobre este derecho.“Hay médicos que no dicen a las pacientes cuáles son sus derechos. Y otros que, cuando ellas los conocen, se niegan a aplicarlos”, dice Angus.
Lita Martínez coincide con esto y dice que es una situación que han evidenciado, desde Cepam, en las unidades de salud.
Una de las causas de que esto ocurra es que “vivimos en una cultura machista y de doble moral”, dice y señala a la falta de conocimiento como otro de los motivos.
La campaña de Cepam busca hacer un contrapeso a eso. Está enfocada no solo en las mujeres, “para empoderarlas y que conozcan y exijan sus derechos”, sino también en los prestadores de salud. “Así pueden saber que están legalmente protegidos”, dice.
El aborto terapeútico en el sistema de salud
La iniciativa de Cepam busca, por otro lado, que los médicos -tanto del sistema de salud público como privado- conozcan los casos en los que pueden practicar el aborto terapeútico.
Pero también, insiste Martínez, en que garanticen el acceso a este derecho, incluso si ellos no pueden practicarlo.
Es decir, que si aducen a la cláusula de conciencia para no realizar el procedimiento médico, garanticen que la paciente pueda acceder al mismo a través de otro profesional.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió en 2015 una guía de práctica clínica sobre la atención del aborto terapéutico.
El documento fue elaborado con el apoyo de la Dirección Nacional de Normatización del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). Allí se hace referencia al artículo 150 del COIP.
El protocolo recuerda además la definición de aborto, según lo determinado por la OMS. “La terminación del embarazo posterior a la implantación del huevo fecundado, antes de que el feto logre la viabilidad (menor de 22 semanas de edad gestacional)”.
Para Angus, el reto es que de la teoría se pase a la práctica. Pues, afirma, cuando los médicos se niegan a hacer un aborto, las mujeres tienen que recurrir a medidas legales, como la acción de protección.
Esto puede tomar entre cuatro y seis semanas, dice la abogada. Mientras pasan las semanas, más riesgoso se vuelve el procedimiento. Además, aumenta la posibilidad de llegar al límite recomendado por la OMS.
El CDR recuerda que los Estados pueden ser responsabilizados por expedir leyes altamente restrictivas en materia de aborto y por no garantizar acceso al aborto cuando éste es legal.
Soledad Angus asegura que esta situación genera que muchas mujeres recurran a abortos clandestinos, que ponen en riesgo sus vidas.
Asimismo, el CDR señala que: “Los Estados son responsables de las altas tasas de muerte y lesiones de las mujeres que son forzadas a recurrir a abortos en condiciones de riesgo”.
Por eso, Lita Martínez considera importante seguir hablando del aborto. “Que lo acerquemos a una realidad cotidiana y que se deje de satanizar”. Eso podría, a su criterio, salvar vidas.
Lo último