El MIES relanzó un programa de protección para los Adultos Mayores, en un intento más por reducir la violencia y la pobreza de este segmento de la población.
Todos los días María Llugsa recorre las calles del Centro Histórico de Quito en busca de alimentos o de dinero. Lo hace desde hace cinco años porque no tiene trabajo ni familia.
El poco dinero que consigue le alcanza para no pasar hambre, aunque hay días en los que solo come una o dos veces. De lo único que Llugsa no se preocupa es de la vivienda. Un pequeño cuarto que construyó su esposo, en el sur de Quito antes de morir, es el lugar al que llega todos los días pasadas las 18:00.
Al igual que Llugsa, alrededor de 786.000 adultos mayores viven en situación de vulnerabilidad, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Esta cifra corresponde al 60% de los 1,3 millones de personas mayores de 65 años del país.
Esta condición de vulnerabilidad se evidencia en que, por ejemplo, seis de cada 10 adultos mayores dependen económicamente de sus familiares y cuatro de cada 10 reciben ayudas estatales.
A esto se suma que más de 240.000 viven en situación de pobreza y extrema pobreza.
Además la viceministra del ramo, Susana Santistevan, reconoce que los adultos mayores también son víctimas de violencia.
"Todos los días vemos que la población de adultos mayores está siendo abandonada porque la gente más joven va a las ciudades y dejan indefensas a estas personas".
Susana Santistevan, viceministra de Inclusión Social.
Junto al abandono, este grupo etario sufre de violencia física, psicológica y patrimonial. Esta última se relaciona con el despojo de sus bienes, generalmente por parte de su círculo familiar más cercano.
Por ello en un intento más por reducir estos problemas, el MIES relanzó el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de los Adultos Mayores. El objetivo de la iniciativa apunta al fortalecimiento de políticas públicas de protección para este segmento poblacional.
Una de las aristas más importantes es garantizar el acceso preferencial, gratuito y de calidad al sistema de salud; sobre todo porque la gran mayoría de los adultos mayores sufren una o varias enfermedades que perjudican su calidad de vida.
Una población que crece
Actualmente, la población de adultos mayores abarca al 7,4% del total de los 17,5 millones de ecuatorianos.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que el número de personas que forman este grupo aumentó 32,8% en los últimos 10 años. La cifra pasó de 986.294 a 1.310.297 entre 2010 y 2020.
Para 2030, el MIES calcula que las personas de la tercera edad pasarán a ser el 30% de la población nacional.
Debido a esto, el MIES considera urgente la aplicación de políticas públicas que garanticen los derechos de los adultos mayores, con el objetivo de que en el futuro estén consolidadas.
Para esto, el recién lanzado Sistema Nacional de Protección Integral busca que las entidades que lo conforman creen estrategias de prevención, atención, acompañamiento, denuncia y reparación para atender a la mayor cantidad de adultos mayores.
Según el MIES, en este proyecto participarán los ministerios de Salud, Educación, Economía, Trabajo y organizaciones de derechos humanos.
Una ley que no da frutos
En julio de 2018, la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Adulto Mayor. La normativa apuntaba a garantizar los derechos de las personas mayores de 65 años y a reducir los niveles de pobreza y de violencia que sufren a diario.
Un objetivo que no se ha cumplido, según el exviceministro de Inclusión Económica y Social, Marco Cazco. Él dice que el Estado no ha podido garantizar el acceso a alimentación, a la protección social ni a una vida más digna de los adultos mayores.
Aunque el exfuncionario también responsabiliza a las familias; pues no "hay la corresponsabilidad necesaria para reducir los niveles de pobreza y de violencia".
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