Miércoles, 17 de abril de 2024

Reformas sobre adopción o pensiones en manos de una Asamblea desprolija

Autor:

Jonathan Machado

Actualizada:

21 Ene 2020 - 0:05

niños pensiones

Autor: Jonathan Machado

Actualizada:

21 Ene 2020 - 0:05

Niños de una casa hogar juegan en el parque Itchimbía de Quito, el 8 de agosto de 2019. - Foto: Jonathan Machado / Primicias

El Ministerio de Inclusión Económica presentó al Legislativo una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia que está vigente desde 2003.

La Asamblea tiene en sus manos una nueva oportunidad para responder a las necesidades de grupos vulnerables. En este caso, de niños y adolescentes.

Iván Granda, ministro de Inclusión Social (MIES), entregó al presidente del Legislativo, César Litardo, un paquete de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, que tiene 17 años de vigencia.

Según dijo, el proyecto "busca garantizar los derechos de los niños con justicia especializada y ágil".

La Asamblea, sin embargo, no tiene un historial positivo en el trámite de leyes que buscan atender a sectores vulnerables de la población.

Hay proyectos de reforma que reposan en la Asamblea desde hace años y que no han sido aprobados -uno, al menos, desde hace una década-; otros, en cambio, fueron aprobados sin tener presupuesto para su ejecución o eran inconstitucionales.

En la lista están, por ejemplo, el esperado Código Orgánico de la Salud, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la Ley Orgánica de Registro de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales (Revaas).

Los legisladores tampoco aprobaron la despenalización del aborto en casos de violación, que la Asamblea dejó de lado en las últimas reformas al Código Integral Penal (COIP). La decisión quedó en manos de la Corte Constitución.

¿Cuál es la situación actual de esas normas?

  • La Asamblea ha debatido por 11 años el nuevo Código de la Salud. El texto quedó empantanado en el segundo debate. El aborto y la reproducción asistida son las reformas en las que los legisladores no se ponen de acuerdo.
  • La Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres no tiene un presupuesto definido para 2020. La subsecretaria de Derechos Humanos, Catherine Chalá, dice que toda la institución cuenta con USD 4,7 millones para 2020, sin que haya una cifra exacta para la implementación de la ley.
  • La Ley Revaas tuvo un revés de la Corte Constitucional al tratarla de inconstitucional. "La normativa va en contra de lo estipulado en la Constitución sobre los procesos de rehabilitación social y de la discriminación hacia una persona con base en el pasado judicial. Una persona no puede ser discriminada por su pasado judicial y más aún si cumplió una pena", dijo la Corte.
  • La despenalización del aborto fue dejada de lado en el COIP. Ana Cristina Vera, directora de Surkuna, dice que la negativa de la Asamblea viola los derechos sexuales de las mujeres. Es por eso que irán a la justicia para buscar la despenalización en casos de violación.

A pesar de que colectivos sociales aseguran que estas normativas beneficiarán a poblaciones tradicionalmente vulnerables, el Legislativo maneja sus propios tiempos para tramitar o demorar las reformas legales.

Reformas al Código de la Niñez

La nueva propuesta que entregó Granda, a la espera de la buena voluntad de los legisladores, tiene 136 artículos. Uno de los más importantes es la reducción del proceso de adopción a un año. Actualmente, tarda aproximadamente tres años.

La propuesta dice también "las parejas constituidas legalmente, así como las personas solas tienen igualdad de derechos y obligaciones sobre la adopción".

En el Código vigente, la adopción se limita a las parejas heterosexuales que tienen prioridad sobre las personas solas.

Además, plantea que el pago de las pensiones alimenticias se extienda hasta los 24 años, siempre que los hijos cursen estudios universitarios. Actualmente, los padres o madres tienen la obligación de cubrir esos gastos hasta los 21 años.

El Gobierno propone, además, que no solo se sancione la violencia física y psicológica contra los niños, como ocurre en el Código actual, sino que se tomen en cuenta otros tipos de violencia como la psicológica, sexual, cibernética, gíneco-obstétrica y simbólica.

Con relación a la lactancia, el objetivo es que "el Estado promueva la existencia de bancos de leche humana para garantizar el acceso a la lactancia de niñas y niños cuyas madres estén imposibilitadas de alimentarlos".

Esto, para que la leche materna sea el único alimento de los bebés hasta que cumplan seis meses y evitar enfermedades y combatir la desnutrición.

Otra propuesta de la institución señala que las entidades de salud pública o privada serán responsables civil, penal y administrativamente que se nieguen a atender un embarazo peligroso para la vida de la niña o adolescente en estado de gestación.

Puntos de vista

La presidenta de la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea y militante de Pachakutik, Encarnación Duchi, dice que la Comisión tiene previsto finalizar el informe para primer debate durante los últimos días de marzo.

El presidente de la Asamblea, César Litardo, aspira a que "la ley esté lista durante el segundo semestre de 2020".

Manuel Martínez, presidente del Pacto por la Niñez y la Adolescencia, dice que el proyecto no ha sido discutido y que hay temas como las sanciones a adolescentes infractores, la composición de las Juntas de Protección de Derechos y las relaciones familiares que deben ser analizados con prudencia "porque hay intereses religiosos muy fuertes".

Él cree que las reformas al Código, tal como están propuestas, abren la puerta a que las parejas del mismo sexo que puedan adoptar, siempre que su relación sea legalmente reconocida.

Christian Paula, abogado de derechos humanos, dice que "es necesario analizar con más detenimiento esta propuesta porque la Constitución señala que la adopción es derecho únicamente de parejas de distinto sexo".

Martínez espera que la Asamblea y el Gobierno escuchen los criterios de los colectivos sociales para mejorar las reformas presentadas por el MIES.