En lo que va de 2021, el Estado ha entregado 116 bonos de femicidio con una inversión cercana a USD 100.000. Pero varias trabas legales impiden a los niños, que han perdido a sus madres, acceder a esta ayuda.
Han pasado casi cinco años desde que Gabriel quedó en la absoluta orfandad. En solo tres días, entre el 4 y el 7 de enero de 2017, perdió a sus padres.
La tarde del 4 de enero de ese año en Portoviejo, su papá mató a su madre luego de asfixiarla con sus propias manos tras una discusión que duró varias horas.
Luego de cometer el femicidio, el asesino bebió una sustancia tóxica para quitarse la vida. La muerte no llegó enseguida, sino tres días después en un hospital de la capital manabita.
Tras enterarse de la noticia, Gabriel, quien entonces solo tenía 11 años, cayó en una profunda depresión que se vio agudizada cinco meses después cuando su hermano menor murió por un problema cardíaco.
Sin familiares cercanos a quien acudir, el niño se mudó a la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana (Manabí) con una prima de su madre.
"Nosotros no supimos nada del asesinato. Cuando nos enteramos, y al ver que el niño se quedó solo, pues lo acogimos con mi esposo, mis dos hijos y mi mamá", dice la mujer.
En 2019, escucharon que el expresidente Lenín Moreno firmó el Decreto 696 con el que creó un bono para los niños menores de 18 años que perdieron a su madre víctima de femicidio. La familia de Gabriel pensó que el dinero podría ayudar a mejorar en algo su situación económica.
"Han pasado dos años desde que se creó ese bono, pero no hemos podido acceder. Con la pandemia decidimos dejar de intentar porque gastamos dinero en los trámites y no hay resultados".
Familiar de Gabriel
Ayacucho está ubicada a una hora de Portoviejo y la familia de Gabriel a veces no tiene dinero ni para comer, peor aún para gastar USD 3 en los pasajes que necesitan para acudir a la Fiscalía y gestionar el bono.
Actualmente, Gabriel tiene 16 años y está próximo a terminar sus estudios secundarios sin que el Estado le haya brindado una ayuda económica o una reparación psicológica.
Más de 1.000 niños en la orfandad
El caso de Gabriel está lejos de ser el único en Ecuador, pues la Fundación Aldea, dedicada a la identificación de casos de femicidio, ha contabilizado más de 1.000 niños que han quedado en la orfandad a causa de este crimen, tipificado en 2014 en el Código Integral Penal.
David, de siete años de edad, es uno de ellos. Su madre fue víctima de femicidio en 2015 cuando solo tenía 18 años. Desde entonces el niño vive con su abuela, quien recuerda que su nieto apenas tenía un año y medio cuando el exnovio de su mamá la asesinó con 15 puñaladas en un terreno baldío del sur de Quito.
Al igual que Gabriel, David tampoco ha accedido a la ayuda económica. "Nos han prometido que nos van a entregar, pero no se ha concretado nada", dice la abuela del pequeño.
Agrega que "desde hace dos años nos hemos reunido con un sinnúmero de autoridades, pero todo ha quedado en palabras".
Incluso, cuenta que en 2019 las autoridades del Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) le dijeron que abra una cuenta de ahorros en el Banco de Pacífico para que reciba el dinero, "pero nunca depositaron un solo centavo".
Lo único que obtuvo para su nieto fue tres meses de terapia psicológica por parte del Estado, pero de un momento a otro ese apoyo se esfumó y David nunca más recibió esa ayuda.
David, un niño que perdió a su madre, víctima de femicidio, sentado en un parque del sur de Quito, el 4 de diciembre de 2021. Jonthan Machado / Primicias
¿Por qué es difícil acceder al bono?
El Ministerio de Inclusión Económica y Social dice que los principales requisitos que deben cumplir los niños, que pierden a su madre debido a un femicidio, es contar con un tutor legal, estar en situación de pobreza y tener una sentencia ejecutoriada.
Y es allí donde aparecen los problemas. Nicoletta Marinelli, vocera de la Fundación Aldea, explica que no todos los casos de femicidio tienen una sentencia ejecutoriada porque muchas veces la justicia califica a ese asesinato como otro tipo de delito o el victimario se suicida y el proceso termina allí.
Además, dice que los juicios de femicidios son largos y una sentencia puede tardar varios años en conocerse.
Sobre la necesidad de tener un tutor, la presidenta de la Red Nacional de Casas de Acogida, Geraldine Guerra, dice hay niños que no vive con un solo familiar por su situación de orfandad y eso dificulta que tengan un cuidador definitivo que reciba el dinero.
Por ello, las organizaciones feministas han planteado cambios al Decreto 696 para facilitar el acceso al bono. Este documento establece que un niño en situación de orfandad por femicidio debe recibir USD 117,96 al mes. Si son dos se incrementa a USD 172,52 y si son tres, a USD 216,92.
La exministra del MIES, Berenice Cordero, coincide en que la entrega del bono no debe depender de si el femicidio cuenta con una sentencia ejecutoriada. "No se trata de una falta de presupuesto. Es un tema ideológico de escasa sensibilidad hacia la violencia de género".
Sostiene que el Decreto debe reformarse para "que cubra desde la tentativa de femicidio".
Datos del MIES detallan que en 2019, la entidad entregó 30 bonos por un monto de USD 11.222. En 2020, el número fue 49 con una inversión de USD 39.555 y en lo que va de 2021 la lista se incrementó a 116 con una cifra de USD 100.622.
Pichincha con 21 beneficiarios, y Guayas con 16, son las provincias con más bonos entregados.
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