El Gobierno solicitó a la Defensoría del Pueblo activar el Mecanismo de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Y puso a la entidad a liderar una comisión de intervención de emergencia.
La violencia en las cárceles no para. A diario, autoridades, internos y sus familias, así como organizaciones civiles reportan tiroteos y muertes, sobre todo, en la Penitenciaría del Litoral.
Los últimos incidentes se registraron el 9 y 10 de noviembre de 2021. Pero, en esta ocasión hubo un nuevo componente: videos que circularon en las redes sociales delatarían supuestas torturas entre los detenidos.
En las imágenes, un hombre es sumergido varias veces en un recipiente lleno de agua. Luego lo levantan y le ordenan que llame a un familiar y pida que haga un pago a cambio de que la tortura pare.
Bolívar Garzón, director del SNAI, dijo que no puede confirmar si el video es actual o si, en efecto, fue filmado al interior de ese centro carcelario. Aunque, el entorno y colores de las tomas coinciden.
Por esta razón, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó a la Defensoría del Pueblo activar el Mecanismo de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNPT).
El objetivo es implementar medidas de protección en este caso. Además, el Ejecutivo propuso la creación de una Comisión de Intervención de Emergencia que se encargará de la aplicación de este mecanismo.
¿Qué es el Mecanismo de Prevención contra la Tortura?
En 2006, la ONU creó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otras Penas y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y, al ser Ecuador uno de los suscriptores tiene la obligación de establecer mecanismos para prevenir la tortura en centros de privación de la libertad.
El 8 de noviembre de 2011, la Defensoría del Pueblo suscribió la Resolución Defensorial N.º 111-DPE-2011, para regular el funcionamiento y competencias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Este Mecanismo tiene como misión dirigir, planificar y ejecutar acciones que permitan prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de privación de libertad, públicos o privados.
Para esto, la DPE define estrategias como visitas periódicas, recomendaciones a autoridades competentes, propuestas u observaciones a la normativa o políticas públicas en la materia, acciones judiciales, entre otras.
En definitiva, el MNPT tiene tres funciones:
- Examinar periódicamente el trato de los detenidos, con el objetivo de fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura.
- Hacer recomendaciones a las autoridades competentes.
- Realizar propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente.
El MNPT está activo siempre pues se programan visitas a cárceles de manera periódica. Pero ante la actual situación de emergencia, el Ejecutivo y la Corte Constitucional han pedido a la Defensoría acciones emergentes.
Los informes anteriores
La Defensoría empezó a emitir informes anuales sobre el mecanismo, desde 2013. Hasta el reporte de 2020, que fue el último en publicarse, en ninguna se habla de torturas.
Incluso, recién en el informe de 2018 se empezó a hablar de la crisis de violencia que vive actualmente el sistema penitenciario, asediado por muertes violentas, asesinatos y, ahora, hasta torturas.
"Con base en la información que cuenta el MNPT, la Defensoría del Pueblo expresó públicamente su preocupación a través de varios pronunciamientos sobre las situaciones de violencia, muertes intracarcelarias y conatos de amotinamiento", se escribió en ese informe.
Al año siguiente, en el informe de 2019, los reportes de la violencia carcelaria aumentaron.
El documento advierte que el creciente nivel de violencia -atribuido presuntamente a “ajustes de cuentas” entre bandas delincuenciales al interior de los centros, sumado a la falta de agentes de seguridad y equipamiento- tiene como consecuencia el registro de muertes al interior de las cárceles.
Y que pese a que el Gobierno dispuso la declaratoria de emergencia, así como el estado de excepción, los decesos de presos que se contabilizaron en 24, en 2018; subieron a 39, en 2019.
En el último informe, de 2020, la Defensoría concluyó que los hechos de violencia al interior de las cárceles se agudizaron, tanto en la frecuencia con la que ocurrieron, como en el número de víctimas.
Entre las causas de la violencia se detallaron:
- La falta de asignación recursos.
- Equivocadas políticas públicas de parte del Estado para prevenir y combatir el fenómeno delictivo.
- Deterioro de las condiciones de vida de los detenidos.
- Disputas por el control de los negocios ilícitos por parte de las bandas que operan dentro y fuera de las cárceles.
Pero, pese a las advertencias y a este diagnóstico la crisis se profundizó en 2021. Y el número de víctimas en lo que va del año ya bordea las 300.
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