Pese a que no se decretó un estado de excepción en el sistema carcelario, sí existe una resolución de emergencia. La medida servirá para comprar equipos y contratar personal de vigilancia.
La masacre de 79 presos, ocurrida el pasado 23 de febrero de 2021, es solo un síntoma de un problema más grave que atraviesa el sistema carcelario ecuatoriano.
Lo cierto es que la violencia al interior de los pabellones, generada por la guerra de bandas criminales, está fuera de control. De allí que en 2019 y 2020, las cárceles ya vivieron tiempos de crisis.
En aquel entonces, el presidente Lenín Moreno decretó varios estados de excepción. Además, las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) resolvieron declarar emergencias en el sistema de compras públicas.
El objetivo de esta última acción permite a las entidades contratar bienes y servicios de manera directa, y la responsabilidad recae directamente en la máxima autoridad.
En el caso de la reciente masacre, Moreno no declaró el estado de excepción. Pero el SNAI sí registró una resolución de emergencia.
La primera resolución de este tipo se declaró el 28 de febrero de 2021, cinco días después de los hechos más recientes. El objetivo era contratar obras, bienes fungibles y no fungibles o servicios que se requieran para superar la emergencia.
Dos días después y sin haber realizado ninguna contratación, la emergencia se derogó.
Finalmente, el 11 de marzo de 2021 se volvió a registrar una nueva resolución de emergencia.
En esta ocasión, el SNAI indica que decidió enfocar sus contrataciones de emergencia. Y ahora la medida servirá para reforzar el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
Más implementos y más guías
En Ecuador un guía debe cuidar, en promedio, a unos 27 reclusos. Pero el estándar internacional dice que el cuidado debe ser de un guía por cada nueve presos.
Esto implica que el sistema carcelario ecuatoriano tiene un déficit de agentes cercano al 70%.
Actualmente, la población carcelaria es de 38.693 presos. Es decir, se requieren unos 4.300 guías penitenciarios. Pero solo hay 1.460 agentes disponibles.
Por esta razón, las contrataciones de emergencia que prepara el SNAI se enfocarán en dos líneas:
- Adquisición de pertrechos, uniformes y ropa de trabajo (chompas) para los agentes de seguridad penitenciaria, prevista para abril de 2021.
- Atender las necesidades relacionadas con el proceso de convocatoria, difusión, postulación, preselección, capacitación y selección de aspirantes a agentes penitenciarios.
Todavía el SNAI no ha publicado ningún proceso contractual. La declaratoria de emergencia estará vigente hasta el 10 de mayo de 2021.
En agosto de 2019 se había lanzado la convocatoria para seleccionar nuevos guías penitenciarios. Mientras que en octubre de 2020, por falta de recursos, el proceso se suspendió y todavía no ha podido concluirse.
¿En qué se gastó antes?
En las emergencias declaradas por las crisis de 2019 y 2020, el SNAI realizó seis compras directas en cada una. Es decir entre ambas emergencias hubo 12 procesos. Y en total, la entidad gastó USD 2,3 millones.
Hubo cuatro compras en temas de seguridad, por USD 1,1 millones; cuatro en temas de infraestructura, por USD 885.088. Y cuatro procesos para adquirir servicios tecnológicos, por USD 299.283.
Dos asociaciones de agentes penitenciarios solicitaron, de manera pública, que las autoridades de control y la sociedad civil realicen una auditoría a la inversión del sistema carcelario en las dos emergencias pasadas.
Según sus representantes, los guías no tienen equipos antimotines. Esto les hace imposible controlar los hechos violentos al interior de las cárceles.
Mientras los procesos de emergencia avanzan, los agentes siguen custodiando los centros de rehabilitación sin las herramientas necesarias.
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