Ecuador vuelve a una emergencia carcelaria apenas un año después de concluir una medida similar que duró tres meses. La violencia nunca se controló.
El 16 de agosto de 2019, luego de tres meses de una emergencia suscitada por una ola de violencia, las cárceles del país volvieron a operar con ‘normalidad’.
Pero un año después, el 11 de agosto de 2020, el presidente Lenín Moreno volvió a declarar la emergencia en los centros de rehabilitación social, ante un nuevo brote de violencia penitenciaria y muertes de internos tras las rejas.
Las cifras revelan que la crisis que se intentó combatir hace un años nunca se logró controlar. La violencia, expresada en motines, riñas, enfrentamientos y asesinatos, se mantuvo.
PRIMICIAS presenta una síntesis de los problemas que tuvo el sistema penitenciario durante el año que se detuvo la emergencia.
Menos presos y más dinero
Cuando la primera emergencia empezó el 16 de mayo de 2019 las autoridades de Gobierno atribuyeron parte del problema al hacinamiento en las cárceles del país.
En esa época se informó que la sobrepoblación bordeaba el 42%. Es decir, había más de 41.000 presos, cuando la capacidad es para unas 29.000 personas.
Un año después, el Servicio de Rehabilitación Social (SNAI) asegura que el hacinamiento es solo del 27,06%. Es decir, hay unos 37.000 presos.
La reducción se logró, sobre todo, a través de la concesión de beneficios penitenciarios como la prelibertad y el cambio a régimen semiabierto. Solo en 2020, 4.066 presos se acogieron a estos beneficios.
Otro problema que afecta a las cárceles del país es el económico. Por esta razón, en la anterior y en la actual emergencia, el presidente Moreno ordenó al Ministerio de Finanzas entregar todos los recursos necesarios.
En la anterior emergencia, por ejemplo, el SNAI hizo seis contrataciones por más de USD 1 millón. Este dinero -por tratarse de contrataciones de emergencia- son aparte del presupuesto anual de la entidad.
Se compraron uniformes para guías penitenciarios, un software de control, esposas, linternas, chalecos antibalas, gas pimienta, computadoras, entre otros elementos.
Además, en junio de 2019, en plena emergencia, Juan Sebastián Roldán, que en esa época era secretario particular de la Presidencia, aseguró que el Gobierno destinó USD 22 millones para la emergencia carcelaria.
¿Qué pasa?
Con menos presos y con más dinero -aunque sea en ofrecimientos- la crisis carcelaria va más allá de estas dos aristas.
Edmundo Moncayo, director del SNAI, aseguró el 12 de agosto de 2020 en la Comisión legislativa de Seguridad que urge una reforma al Código de Entidades de Seguridad.
Las cárceles tienen un déficit del 70% de guías penitenciarios. Por esta razón, el funcionario pide que en las reformas se “vuelva más atractiva la profesión, para que atraiga a más jóvenes”.
Para contrarrestar la falta de agentes, durante la emergencia -al igual que en 2019- policías y militares colaborarán en la seguridad penitenciaria.
Las Fuerzas Armadas desarrollarán control de armas y explosivos en los exteriores y en las vías de acceso a las cárceles. La Policía, en cambio, reforzará la inteligencia penitenciaria y colaborará en el control interno.
Además, se ha establecido un plan de trabajo en tres ejes. Las autoridades solo han revelado el primero de estos: activar la Cárcel La Roca, en Guayaquil, para aislar a los presos de difícil adaptación de todo el país.
De esta forma se plantea separar a las bandas que operan en las cárceles, de manera que se reduzcan las expresiones de violencia.
Patricio Carrillo, comandante de la Policía, recuerda que la historia de violencia en las cárceles viene desde 2008 protagonizada por las bandas de ‘Los Choneros’ y ‘Los Lagartos’.
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