La entidad emitió un reporte preliminar sobre el estado de excepción decretado por el Gobierno. Harold Burbano, director tutelar de la Defensoría, asegura que los problemas de hacinamiento, falta de personal y de infraestructura continúan.
Cuando la Corte Constitucional aprobó el estado de excepción en las cárceles del país, también encargó a la Defensoría del Pueblo revisar el cumplimiento de la medida. La emergencia carcelaria concluyó el 14 de agosto.
La Defensoría está en las prisiones ecuatorianas desde 2013 cuando asumió entre sus competencias el combate a la tortura. Ahora, una vez finalizado el estado de excepción, prepara un informe sobre el trabajo realizado.
En un reporte preliminar, dirigido al Comité Permanente de Derechos Humanos y al cual tuvo acceso PRIMICIAS, la Defensoría adelanta sus conclusiones.
La principal es que:
“La declaratoria del estado de excepción y su renovación no ha tenido resultados positivos y no ha cumplido con el objetivo de atender y establecer una planificación adecuada en las cárceles”.
¿Qué falló en la emergencia?
El reporte de la Defensoría de Pueblo señala varios puntos:
- Las medidas dispuestas en el estado de excepción se relacionaron, únicamente, con la seguridad. Se movilizó a la Policía y las Fuerzas Armadas para resguardar las cárceles, pero su presencia no se observó en todas por igual.
- No se implementó un plan para fortalecer los programas de rehabilitación. “Se ha observado la suspensión de talleres laborales que favorecen a las privadas de libertad”, dice el reporte.
- Tampoco se ha realizado un mantenimiento a la infraestructura penitenciaria.
- La asignación presupuestaria (USD 20 millones) fue insuficiente para la emergencia. “El dinero ha servido para cancelar el servicio de alimentación, impago desde diciembre de 2018″, dice el documento.
Hacinamiento y violencia, sin resolver
Harold Burbano, director tutelar de la Defensoría del Pueblo, dice que tras la emergencia carcelaria el hacinamiento continúa.
El funcionario explica que en 2018, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la población de internos aumentó: en 2016 el país tenía 27.000 reos y hoy esa cifra es de 42.000.
Aunque, según cifras del SNAI actualizadas al 17 de julio, en las cárceles del país había 39.644 personas privadas de la libertad.
Burbano asegura que, ante la falta de un programa de rehabilitación social, los hechos de violencia en las cárceles persistieron en medio del estado de excepción.
“Cuando ingresan a las cárceles los internos reproducen sus conductas de delincuencia y asesinato, y al salir vuelven a delinquir”,
Harold Burbano, director tutelar de la Defensoría del Pueblo.
La mayoría de las víctimas, explica el director tutelar de la Defensoría, siguen siendo los líderes de las bandas y sus más allegados.
Durante la emergencia carcelaria, 19 privados de libertad fueron asesinados. Y una vez concluida la medida se han registrado seis incidentes carcelarios. La riña más reciente fue el 1 de septiembre en la cárcel del Turi, donde se reportaron cuatro heridos.
Propuestas de rehabilitación
Ricardo Camacho, experto en seguridad, asegura que unos 6.000 reos estarían por acogerse a la prelibertad. Pero, el problema es que el sistema no les ofrece alternativas reales de rehabilitación.
“Si se toma en cuenta que ocho de cada 10 internos delinquen otra vez, ahí hay un grave problema de inseguridad”
Ricarco Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social.
Un reo, explica, debe tener dos opciones de rehabilitación: estudiar o trabajar. Si es lo primero, se debería crear un fondo que pueda utilizar cuando recupere la libertad. Si el interno decide trabajar, hay iniciativas como el proyecto +R en Chile, que consiste en crear fábricas dentro de las cárceles como fuente de empleo.
El pasado 24 de agosto un interno murió y seis resultaron heridos en el Centro de Privación de Libertad Zona 8, en Guayaquil.
Imagen de una celda en la cárcel Halden en Noruega, con capacidad para 250 internos. El 50% de los guías son mujeres y no portan armas.
En Chile funciona el proyecto +R en las cárceles del país. El plan fue iniciado en el gobierno de Sebastián Piñera.
David Jarrín, psicólogo clínico que trabajó en la Penitenciaría del Litoral en el área de prelibertad, también opina que los programas de reinserción social y laboral son clave en las cárceles.
“Un óptimo sistema de rehabilitación es aquel que permite tener un plan de vida al reo para que retorne a la sociedad”,
David Jarrín, extrabajador de la Penintenciaría del Litoral en Guayas.
Pone como ejemplo el modelo de Noruega, donde existen centros de máxima seguridad con talleres de carpintería o mecánica.
Ambos profesionales coinciden en que la rehabilitación es igual de urgente que la colocación de nuevas cámaras de vigilancia en las cárceles.
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