En el caso que se investiga por presunta delincuencia organizada en la venta de medicamentos al IESS, fueron llamados a juicio los hermanos Salcedo, Jacobo Bucaram, Paúl Granda, entre otros.
Los tres hermanos Bucaram Pulley corrieron suertes distintas en el caso que investiga si existió una organización delincuencial que se organizó para vender medicamentos e insumos al IESS con sobreprecio, al inicio de la pandemia por Covid-19.
Jacobo, el mayor, fue llamado a juicio por el juez Ronald Guerrero, el mismo que sobreseyó del caso a sus hermanos menores Abdalá y Michel, además de a su cuñada Gabriela Pazmiño.
La tarde del lunes 17 de mayo, la familia Bucaram Pulley se reunió en la casa del expresidente, Abdalá Bucaram Ortiz. Allí, junto a sus asesores legales, estudiaron la manera de defender a Jacobo.
El exmandatario, patriarca del clan, guardia prisión domiciliaria por el delito de tráfico de armas, que se encontraron en su vivienda junto a cajas con insumos médicos y piezas arqueológicas.
La teoría del caso
Junto al mayor de los Bucaram Pulley, fueron llamados a juicio los hermanos Daniel y Noé Salcedo y el expresidente del Directorio del IESS, Paúl Granda, que ocupó además varios cargos en el gobierno de Lenín Moreno.
A Granda se lo vincula debido a que su nombre consta en el libro de visitas del edificio donde Salcedo tenía su centro de operaciones.
Además, fueron llamados a juicio los exgerentes de los hospitales del IESS en Guayaquil, Luis Jairala Zunino y Susana Mera León, además del contador de Salcedo, Jorge San Lucas y otros.
La teoría de la Fiscalía es que los acusados crearon una estructura para vender medicamentos al IESS con sobreprecio y lograr el pago inmediato de los productos ofrecidos.
Su acusación fue respaldada por los abogados del IESS, que presentaron una acusación particular y trataron de demostrar la participación de cada uno de los acusados.
¿Qué es la delincuencia organizada?
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) castiga con una pena privativa de 7 a 10 años a la persona que "forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material".
Las personas que integran este "grupo estructurado" pueden recibir una pena privativa de libertad de cinco a siete años, según el COIP.
Por eso, es importante que la Fiscalía determine el grado de participación de cada uno de los implicados, ya que de esto dependerá la pena que reciban en caso de ser encontrados culpables.
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