Al menos seis casos de estudiantes con armas en las aulas se han detectado en los primeros tres meses de clases en el régimen Costa.
La inseguridad se siente en algunas unidades educativas de la Costa, donde los estudiantes se someten a revisiones sorpresa para evitar el ingreso de armas o de drogas a las aulas.
Además, las autoridades de estos centros de estudio han denunciado que son extorsionados por bandas delincuenciales que piden dinero a cambio de protección.
Profesores de unidades educativas han decidido inspeccionar las mochilas de los estudiantes para detectar aparatos electrónicos, maquillaje, drogas o armas.
Es la medida que tomaron en un centro educativo fiscal en el sector La Florida, al norte de Guayaquil, para prevenir actos de violencia y asaltos a la salida del colegio.
“Me parece bien”, dice Manuel, un padre de familia que observa cómo sus dos hijos pasan por el filtro de revisión en la puerta del colegio.
“El plantel les ha prohibido que lleven celulares porque los delincuentes los esperan a la salida para robarles e incluso los golpean. Por eso se decidió con los padres de familia que era mejor que no llevaran ningún aparato”, explica Manuel.
El “operativo” es sorpresa, para que los estudiantes no puedan eludir las reglas, porque las autoridades de los establecimientos educativos están en alerta por la violencia y los casos de armas que aparecen en las aulas.
El último se registró en un establecimiento educativo en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Se trata de un joven de 16 años que tenía una pistola en la mochila.
“No hubo ningún atentado, ni violencia tácita contra ningún compañero” aclara Mariuxi Moreira, coordinadora zonal 5, que comprende las provincias de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas (excepto Guayaquil, Durán y Samborondón).
Pero tener un arma representa un delito tipificado en el Código Penal, sancionado con prisión de entre tres y cinco años.
Al tratarse de adolescentes, se investiga el origen del arma y se abre un expediente disciplinario en el que se establecerá una sanción dentro de la institución educativa.
“En este instante existe la presunción del cometimiento de una falta, que corresponde a una muy grave. Esto es independiente de los hallazgos que realice la Policía”, explica Moreira.
Este es el segundo caso de un estudiante al que se le encuentra con un arma en las aulas que ha sido detectado en esa zona desde el inicio de clases en mayo. El otro ocurrió hace un mes en un establecimiento educativo en Quevedo.
En un colegio al norte de Guayaquil se detectó otro caso y uno más en Durán. Se trata de un estudiante de 14 años, a quien le encontraron un revólver calibre 32, que se lo mostraba a otros compañeros en el recreo.
Ambos adolescentes fueron retenidos y puestos a órdenes del fiscal y del juez de Adolescentes Infractores, quien les impuso medidas sustitutivas de permanencia en el domicilio con la vigilancia de adultos.
“En estos dos casos, en las familias nadie se explicaba cómo los adolescentes consiguieron las armas y la justificación que dieron los estudiantes es que las encontraron afuera de los colegios”, explica Andrés Rivadeneira, de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.
Y hasta el momento “no se ha podido establecer a quién pertenecen las armas, ni existen indicios de que los estudiantes formen parte de pandillas, ni hay bandas en los sectores donde viven”, añade Rivadeneira.
Desde hace tres meses, cuando iniciaron las clases presenciales en el régimen Costa, se han detectado por lo menos seis casos de estudiantes con armas en las aulas.
Bandas extorsionan a los colegios
El tema de la seguridad en los planteles educativos públicos y privados está en las mesas de discusión de las autoridades de distintas instituciones.
En los establecimientos particulares, se analiza poner detectores de metales en las puertas de ingreso “para que sea un filtro en caso de que exista la intención de que un estudiante ingrese un objeto peligroso”, dice Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica (Fedepal).
Pero a más de esto se enfrentan a la inseguridad en los exteriores de los planteles e incluso a las extorsiones por parte de las bandas delictivas.
“Los rectores de cinco colegios de Guayas han sido contactados para pedir extorsiones, ninguna autoridad ha cedido a estas amenazas, pero todos estamos muy preocupados”, dice Córdova.
En junio, la Fedepal envió oficios al exgobernador de Guayas, Pablo Arosemena; al Comandante de la Policía, Víctor Zárate; a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri; y al director del Ecu-911, Juan Zapata.
“Solo Zapata nos respondió y estamos intentando conectar nuestras cámaras de vigilancia directamente al sistema del Ecu-911 para obtener una respuesta inmediata, pero no es un trámite sencillo”, explica Córdova.
“Ahora se mendiga por seguridad”, asegura Martha, cuando relata el tour que ha debido hacer para que las autoridades presten atención a su pedido.
“La policía de los diferentes distritos se excusa porque no tiene suficiente personal para estar en la entrada y la salida (de los estudiantes)“.
“El Municipio de Guayaquil dice que pone seguridad en los establecimientos educativos, pero eso se convierte en propaganda, porque los policías se toman una foto y se van”, dice Córdova.
Son tiempos complejos, asegura el oficial de la Dinapen.
“Venimos de dos años de educación virtual donde no ocurría nada de esto. En años anteriores a la pandemia ocurría, pero eran casos esporádicos, máximo uno en un año, pero ahora llevamos dos en Guayaquil y Durán”, explica Rivadeneira.
Según la coordinadora zonal de Educación, los departamentos de consejería están activados, al igual que las charlas con los estudiantes y padres de familia, para prevenir la violencia en los establecimientos educativos.
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