El Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación, conformado por pedido del Presidente de la República, aún no ha recibido información oficial sobre los centros autorizados ni de los médicos beneficiarios de la vacuna.
El 21 de enero de 2021, un día después de la llegada al país de las primeras dosis de vacunas, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la conformación de un comité para despejar las dudas que podía generar su distribución en los hospitales y centros geriátricos autorizados.
El Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación está integrado por Gonzalo Mantilla, decano del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco; Carlos Montúfar, del Consejo de Regentes de ese centro académico; y Carlos Ortega, canciller de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil.
Pero al igual que otras veedurías, este comité requiere del acceso a la información del Ministerio de Salud.
“Solicitamos públicamente la lista de los hospitales donde se vacunará y la lista de los vacunables”, dijo Carlos Ortega, pero hasta el 26 de enero no han tenido respuesta.
Según los miembros del Comité, solo han empezado a recibir información a cuentagotas. Por ejemplo, que desde el 21 de enero, cuando empezó el proceso de vacunación, cerca de 2.000 personas han recibido la dosis.
“Y no se han reportado efectos secundarios, salvo un caso en Cuenca, muy leve, que no tiene importancia, puesto que de ser así, sería el 0,5 x 1.000 que tuvo alguna reacción, menos de la estadística que da la propia casa de salud”, explicó Ortega.
El Comité tuvo su primera reunión el sábado 23 de enero, en la que acordaron 12 puntos, entre los que se destacan:
- Acceso a la información general sobre la distribución de la vacuna y las personas que lo van a recibir. Asignar un funcionario del Ministerio de Salud para que haga de enlace con la comisión.
- Incluir inmediatamente al personal de primera línea de los hospitales y clínicas privadas, de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
- Incluir en la lista de vacunación, de manera inmediata, a los candidatos presidenciales, por su alta vulnerabilidad y necesidad de buen estado de salud.
- También a los expresidentes de la República y titulares de las otras funciones del Estado, Fiscalía, Fuerzas Armadas y Policía.
- Trabajar en un plan para que el sector privado se incorpore al proceso de vacunación para descongestionarlo y dar una rápida cobertura.
- Autorizar al sector privado y GAD’s, la importación de vacunas.
Los comisionados recomiendan además que se suspendan los feriados de Carnaval y Semana Santa, la creación de registro único nacional de vacunados y el bloqueo del uso de la vacuna disponible de aquel vacunado registrado en otro hospital.
La duda es si el Comité tendrá acceso a la información que el Ministerio de Salud no ha entregado a otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo.
“La manera más eficiente de establecer transparencia en el proceso es el respeto de las prioridades y no que se filtre por aquí, por allá, los compadrazgos, eso no vamos a permitir”.
Gonzalo Mantilla, decano de Ciencias de la Salud USFQ.
A Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, le preocupan las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien catalogó de confidencial los datos de quienes recibirán las vacunas.
“No es una información reservada o confidencial, porque para eso debe haber un acto administrativo declarando tal confidencialidad”, explica Carrión.
De ser así, “a la Defensoría del Pueblo no se le puede negar esa información, se la tiene que entregar bajo esa consideración de reservada y confidencial”.
El Ministerio de Salud no ha dado información de los avances del proceso de vacunación en el país, ni de la vigilancia epidemiológica, desde el 25 de enero.
Tampoco han informado cuándo llegarán las siguientes dosis previstas para esta semana.
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