A contrarreloj, el Municipio de Quito busca empresa para tratar la basura

Desde 2014, la empresa Villacapria ha sido la encargada del tratamiento de los líquidos que produce la basura, conocidos como lixiviados.

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) declarará hoy, 25 de junio de 2020, en emergencia el proceso para el tratamiento de los lixiviados, después de que en los últimos seis meses no se realizara un adecuado procesamiento de estos líquidos.

Así lo anunció su nuevo gerente, Xavier Sinche, durante la última sesión del Concejo Metropolitano, a la que asistió para detallar la situación actual del relleno sanitario de El Inga.

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La declaratoria de emergencia se da porque las plantas VSEP y PTL, utilizadas para el tratamiento de los lixiviados, están paralizadas. Eso ha ocasionado que los líquidos se acumulen en las 11 piscinas que tiene el relleno sanitario.

La primera planta, que tiene una capacidad de procesamiento de 300 metros cúbicos, no funciona porque no ha recibido mantenimiento. La planta PTL (con capacidad máxima de 800 metros cúbicos), no ha sido concesionada, por lo que tampoco puede operar.

Esto ha generado preocupación por una posible crisis ambiental en la ciudad.

Sinche asegura que se han tomado acciones estructurales en las piscinas para evitar que los lixiviados se desborden y causen daños ambientales en el relleno sanitario y en las comunidades aledañas.

Se ampliaron los bordes de las piscinas en, aproximadamente, un metro, según el concejal Eduardo del Pozo, miembro de la Comisión de Ambiente del Concejo Metropolitano.

Sinche dice que la declaratoria de emergencia se da para que una empresa realice este trabajo en el menor tiempo posible para evitar que los lixiviados sigan acumulándose en las piscinas.

El funcionario señala que la Emgirs debe tener un operador permanente por lo menos durante un año, pero que, después de este período, la empresa municipal debería encargarse del proceso.

Una empresa con tres contratos

La empresa Villacapria ha sido, desde al menos 2014, la encargada del procesamiento de los lixiviados en el relleno sanitario de Quito.

Desde ese año ha firmado tres contratos, todos bajo régimen especial. Esta modalidad permite que una institución pública adjudique procesos ‘a dedo’.

El primer contrato, según la página web del Servicio de Contratación Pública, fue adjudicado el 11 de noviembre de 2014, por USD 967.800, por un período de 304 días.
El segundo contrato data del 25 de octubre de 2017 y se firmó por USD 3,2 millones.
El último contrato fue firmado el 7 de marzo de 2019 por USD 2,6 millones. Este proceso, en primer instancia, fue declarado desierto, pero días después fue adjudicado a la misma Villacapria.

Los ojos de los concejales ahora están en qué empresa será la que encargada del tratamiento de los lixiviados.

El concejal Eduardo del Pozo, del movimiento Creo, dice que la compañía elegida para tratar los lixiviados debe presentar un análisis de la calidad del agua que será descargada en el río Inga.

Este criterio es compartido por el concejal Juan Manuel Carrión, del movimiento Concertación, quien agrega que “el hecho de que las piscinas estén al borde de su capacidad demuestra una negligencia absoluta de las anteriores administraciones”.

Cubeto, al borde

Otro problema que enfrenta la Empresa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) tiene que ver con el inminente cierre del cubeto 9 que, actualmente, recibe 2.150 toneladas de basura diariamente.

Según el gerente de la entidad, Xavier Sinche, el cubeto llegará a su capacidad máxima el 5 de septiembre 2020.

Después de este día, dice, la basura se depositará en zonas de aprovechamiento que se han encontrado en el relleno sanitario. Estos espacios permitirán que pueda operar por alrededor de tres años y medio.

Mientras las zonas de aprovechamiento son utilizadas, la Emgirs tiene prevista la construcción del cubeto 10, cuyo proceso de licitación ya fue lanzado por la empresa metropolitana.

Sinche dice que la construcción del nuevo cubeto costaría USD 2,3 millones y que demorará, aproximadamente, 90 días.

La concejala Mónica Sandoval, del movimiento correísta Fuerza Compromiso Social, dice que es necesario impulsar la separación de los residuos en la fuente para disminuir la basura que llega al relleno sanitario y evitar una crisis ambiental futura.