Las 11 piscinas del relleno sanitario El Inga acumularon lixiviados durante tres meses sin ningún tratamiento, mientras que al cubeto 9B, en el que se coloca la basura de la ciudad, le quedan 90 días de vida útil.
El Municipio de Quito no solo atraviesa una crisis por escándalos de corrupción, también se enfrenta al inminente cierre del cubeto 9B del relleno sanitario El Inga, espacio en el que se depositan las 2.125 toneladas diarias de basura que producen la ciudad y el cantón Rumiñahui.
Xavier Sinche, el nuevo gerente de la Empresa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), encargada del tratamiento integral de los residuos, confirmó a PRIMICIAS que, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, los líquidos que produce la basura -conocidos como lixiviados- se acumularon sin ningún tratamiento en las 11 piscinas que tiene el relleno sanitario.
El funcionario agrega que, entre marzo y mayo de 2020, se realizó un tratamiento de los lixiviados lo que permitió que las piscinas no se desbordaran, aunque aclara que el proceso no fue efectivo.
Sinche insiste en que en estos últimos meses no hubo un óptimo tratamiento de los líquidos que produce la basura.
Es por eso que las piscinas llegaron al borde de su capacidad (90.000 metros cúbicos). También colaboraron las lluvias que han caído en la zona en la que se ubica el relleno sanitario, al nororiente de la ciudad.
Incluso, Sinche dice que las lluvias ocasionaron la rotura de una tubería que contenía lixiviados, lo que terminó con el desbordamiento de estos líquidos en los alrededores de una de las piscinas.
El funcionario explica que la acumulación de lixiviados y la falta de mantenimiento de las piscinas hicieron que "se encendieran las alarmas entre las autoridades municipales" sobre los problemas en el relleno sanitario.
Aunque dice que al momento el nivel de los lixiviados en las piscinas ha sido controlado.
Una de las piscinas delixiviado del relleno Sanitario de El Inga, el 20 de febrero de 2020.
Derrame inmundo
El exgerente de la Emgirs, Hernán Alvarado, defiende su gestión al argumentar que la acumulación de lixiviados se ha dado desde 2003.
Alvarado dice que en el relleno sanitario se producen 400 metros cúbicos diarios de lixiviados, pero que "el tratamiento se hacía a un máximo 200 metros cúbicos, por lo que los 200 metros cúbicos restantes permanecían dentro del relleno sanitario".
También dice que la planta que filtra los lixiviados, que tuvo un costo de alrededor de USD 3 millones, no había recibido tratamiento durante tres años, por lo que solicitó un proceso de auditoría a los funcionarios que no hicieron este trabajo.
Además, la planta química de tratamiento de lixiviados, explica Alvarado, ha operado con una misma empresa durante cinco años, a través de régimen especial, cuando "solo en Quito hay cerca de 260 compañías que se dedican a esta actividad".
"Cuando llegamos a Emgirs, la empresa cobraba USD 23 por el tratamiento de cada metro cúbico de lixiviados, pero nosotros bajamos el costo a USD 17,50".
Alvarado insiste en que "no existe crisis sanitaria ni colapso en las piscinas del relleno sanitario".
Sin embargo, reconoce que hubo la rotura de una tubería a causa de las lluvias que ocasionó el derrame de "una pequeña parte de lixiviados al río (El Inga), aunque aclara que no existió una descarga directa de lixiviados."
Dice que la Contraloría recibió un informe sobre un proceso de auditoría interna de la empresa en el que se le pide que realice exámenes especiales a los contratos que hizo la Emgirs durante los cinco últimos años.
90 días de vida
El concejal de CREO, Eduardo del Pozo, asegura que los problemas en el relleno sanitario se conocieron en junio de 2019 cuando hubo inspecciones 'in situ', junto a autoriades municipales y ambientales.
Del Pozo explica que en ese tiempo ya se conocía que el cubeto 9B iba a tener una vida útil hasta septiembre u octubre de 2020, por lo que "ya se debió haber empezado con la construcción del cubeto 10, algo que no ha ocurrido".
El concejal dice que se trata de "una negligencia de la anterior administración, que ocasionaría una crisis ambiental en la ciudad al no contar con un espacio para depositar la basura".
El gerente de la Emgirs, Xavier Sinche, señala que, si bien el cubeto 9B tiene una vida de 90 días, se han dispuesto zonas de aprovechamiento que permitirán colocar la basura por otros 45 días más, además de trabajos de bombeo para evitar que los lixiviados sigan acumulándose en las piscinas.
"Durante estos 135 días haremos una licitación para la construcción de un pequeño cubeto de transición que pueda durar unos ocho meses. A la par prevemos crear un cubeto más grande para tener un espacio en el que se pueda depositar la basura por alrededor de dos años y medio", dice Sinche.
Agrega que una empresa realizará el tratamiento de los lixiviados desde esta semana para evitar que continúe la acumulación.
Del Pozo cree que es difícil que se logre la construcción del cubeto 10 a tiempo porque el proceso de licitación dura alrededor de 50 días y la construcción tardaría 90 días más.
El exgerente Hernán Alvarado alega que su administración realizó estudios para un manejo integral de residuos y para construir plantas de procesamiento que conviertan la basura en materiales de construcción.
Además, señala que planeaba instalar un mecanismo de extracción forzada de lixiviados para evaporarlos a la atmósfera y que la empresa ahorre dinero en su tratamiento.
Dice que sus iniciativas no se llevaron a cabo ya que el alcalde Jorge Yunda lo removió de su cargo a mediados de mayo de 2020.
Un modelo insostenible
El gerente de la Emgirs, Xavier Sinche, agrega que en el largo plazo Quito debe reducir la producción de la basura, así como incentivar el reciclaje, la clasificación de los desechos en los domicilios y en la industria.
Defiende la creación de ordenanzas municipales que controlen y regulen la industria en lo que tiene que ver con los materiales que utilizan en sus procesos productivos.
El funcionario señala que los materiales deben ser reciclables y evitar, por ejemplo, los plásticos de un solo uso.
"Esto se llama industralización de los residuos. Es decir, volver a utilizar lo que se consume", explica Sinche.
El objetivo de estas políticas es que los rellenos sanitarios tengan más tiempo de vida útil y que se conviertan en complejos ambientales de tratamiento de residuos.
La ambientalista y catedrática de la Universidad Andina, Fernanda Soliz, dice que la ciudad debe cambiar su modelo de gestión de la basura, ya que si seguimos como estamos "puede haber una crisis ambiental".
Soliz llama a la expedición de regulaciones para promover, por ejemplo, la producción limpia (sin sustancias tóxicas) y la utilización de envases retornables en lugar de plásticos.
Soliz añade que el "los rellenos sanitarios deben ser la última opción en las ciudades porque son mecanismos insostenibles en el tiempo".
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