Cambios de resoluciones municipales y contratos que no se cumplieron son algunos de los puntos de la demanda contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por presunto peculado y fraude procesal en la compra de pruebas PCR.
El 20 de abril de 2020, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, transmitió en vivo, desde la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de la capital, la llegada del primer lote de 5.000 pruebas PCR, de las 100.000 acordadas en los contratos.
Era una de las estrategia para controlar la curva de casos positivos de Covid-19 en la capital y el colapso de los hospitales por la demanda de atención médica.
La empresa que ganó el contrato fue Salumed S.A. por un monto de USD 4’ 226.880, incluido el IVA.
Las dudas surgen cuando “muchísimos funcionarios municipales se hacían la prueba y les salía un resultado diferente al de un laboratorio privado”, explica Fernando Morales, concejal de Quito y uno de los demandantes.
“Es decir, las pruebas no estaban arrojando resultados reales, había muchos falsos positivos y muchos falsos negativos”, añade Morales.
Ambas opciones eran un problema para un sistema de salud ya saturado, tanto los falsos positivos, que acudían a los hospitales pidiendo atención médica, como los falsos negativos, que contagiaban a la comunidad sin saberlo.
Ante la denuncia de que las pruebas no eran efectivas, el Concejo Metropolitano pidió un análisis a dos laboratorios.
El resultado del estudio que hizo el laboratorio Synlab mostró una sensibilidad diagnóstica del 86% y una especificidad del 94,9%. Es decir, hay una probabilidad de falsos negativos del 14% y del 5,1% de falsos positivos.
La evaluación que hizo la Universidad de las Américas reveló que existe un 60,8% de sensibilidad. Evaluaron 97 muestras positivas, de las cuales 38 salieron negativas con el “protocolo del kit Isopollo”, que adquirió el Municipio de Quito.
Por lo tanto, las pruebas incumplían con las exigencias contractuales. En el acuerdo se estableció que la especificidad y la sensibilidad de las pruebas eran del 99 al 100%.
“Siguieron las demoras y los laboratorios tampoco cumplieron con las maquinarias que ofrecieron, no pudieron calibrar los equipos, devuelven las pruebas y dan por terminado el contrato, pero por mutuo acuerdo”, explica Morales.
Según el funcionario, el contrato debió terminarse unilateralmente porque no cumplieron con el objetivo contractual, como la cantidad y la calidad de las pruebas PCR.
El 13 de julio de 2020 se suscribió el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato de emergencia entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la empresa Salumed S.A.
Pero se ejecuta la garantía técnica de un lote de 50.000 kits de pruebas y para procesarlas se realizó un nuevo concurso, en el cual se pedía a los laboratorios los siguientes requisitos:
- Tener capacidad de procesar 1.500 muestras diarias.
- Que los equipos del laboratorio sean compatibles con los kits del Municipio.
"Inicialmente habíamos requerido esta capacidad de 1.500 muestras, pero octubre y noviembre fueron meses en los que la positividad y el uso de camas estuvieron bajas", explica la asesora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán.
"Hubo días en los que no requerimos hacer 1.500, sino 800, 1.000, pero estuvo establecido en el contrato que máximo 1.500 se debían cumplir a cabalidad", agrega Guamán.
Pero debido a esa exigencia, el único que postuló al concurso, según la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, fue Onelabt S.A., ubicado en Ballenita (Santa Elena), al que se le adjudicó el contrato por USD 650.000 más el IVA.
Onelabt S.A es un laboratorio dedicado a la investigación de larvas de camarón, según consta en la Superintendencia de Compañías.
Las dudas continuaron, por lo que la concejal Brith Vaca conformó una comisión para verificar en campo las instalaciones del laboratorio.
La comisión detectó problemas en los protocolos de bioseguridad que pueden exponer los resultados de las muestras.
¿Por qué vinculan al alcalde Yunda en el caso?
El concejal Fernando Morales, el candidato presidencial César Montúfar y el abogado Edison Carrillo pidieron a la Fiscalía que se vincule al alcalde Jorge Yunda en la investigación por presuntas irregularidades en la compra de pruebas PCR.
Según el pedido que oficializaron en Fiscalía, el alcalde es la máxima autoridad de la ciudad y tiene responsabilidad sobre los funcionarios que él designa.
Además, según una resolución del 17 de febrero de 2020, fija la capacidad de contratación para los secretarios en USD 2 '129.905.
Sin embargo, el valor del contrato superó los USD 4 millones, por lo que el alcalde hizo un cambio en esa resolución y autorizó que el Secretario de Salud no se sujete a la limitación de coeficientes establecidos en la resolución de febrero.
Lo último