Un vacío legal del Código Orgánico Integral Penal (COIP) permitiría que los privados de libertad condenados por homicidio o asociación ilícita sigan cometiendo otras infracciones mientras están en la cárcel. Según el Fiscal de Flagrancia, Víctor González, las sanciones por delitos penales tienen un límite y los reos lo saben.
Juan Delgado es uno de los procesados por el asesinato de William Poveda, alias el Cubano, tras la riña en el Centro Regional de Privación de Libertad N°8, en Guayas.
De ser hallado culpable, este interno recibiría hasta 34 años de prisión, tomando en cuenta los agravantes. El Cubano perdió la vida en el motín carcelario ocurrido el 11 de junio.
Pero Delgado ya cumplía, desde 2014, una condena de 25 años por homicidio. En 2015 recibió cinco meses de prisión por ingresar objetos prohibidos.
Cuatro años después fue condenado por tentativa de asesinato contra un guía penitenciario. La pena por este delito es de 16 años.
Sumando todos los delitos, Delgado debería pasar en la cárcel 74 años y cuatro meses, pero esto no ocurrirá.
El fiscal de Flagrancia, Víctor González, lo explica: "el artículo 55 del COIP establece que una persona puede estar detenida con penas acumuladas por hasta un máximo de 40 años", dice.
Según González, quienes redactaron el Código Penal "olvidaron o no tomaron en cuenta" que los privados en libertad una vez en la cárcel son reincidentes y cometen otros delitos graves.
Para el Fiscal, la imposibilidad de acumular penas ha favorecido al aumento del crimen organizado y los asesinatos en el interior de las cárceles del país.
Otros 'atajos legales' de los internos
El fiscal González indica que los privados de libertad conocen que no pueden acumular una pena mayor a 40 años. Incluso algunos usan varios atajos legales para reducir el tiempo en prisión.
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Tipos de régimen penitenciario
El proceso de condena de un reo tiene tres fases: régimen abierto, cerrado y semiabierto. Cuando los internos cumplen hasta un 60% de la condena pueden apelar y, tras cumplir varios requisitos, se les permite terminar el 40% restante de su condena en libertad condicional.
"Hay presos que compran certificados de estudio o de buena conducta, un juez los califica y se van a la casa con un grillete electrónico", dice González.
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Rebaja de penas
La sanción por ingresar objetos prohibidos en la cárcel va de uno a tres años. Pero si un reo se acoge al procedimiento abreviado, es decir, confiesa el hecho, se le reduce la pena hasta en un tercio.
"No tienen que decir quién les dio el celular, solo decir que lo usaron y reciben cuatro meses", añade el Fiscal.
Rehabilitación incompleta
De los 40.417 presos en Ecuador, más de 11 mil están en la cárcel por tráfico de drogas.
En Guayas, dice González un 60% de las causas judiciales corresponde a procesos contra microtraficantes. "Esto es una de las causas del hacinamiento carcelario", indica.
Además, en los centros penitenciarios del país hay 107 reos de alta peligrosidad. 24 de ellos están en la Cárcel Regional Guayas, donde dice González, hay tres pabellones: de mínima, de mediana y de máxima seguridad.
Para González, los internos más peligrosos tienen menos posibilidades de rehabilitarse. "Son personas conflictivas que deberían permanecer en la cárcel y con penas más estrictas".
El psicólogo David Suéscum opina que, si bien la rehabilitación del sistema carcelario es una materia pendiente, hay muchos reos que no presentan "una demanda estructural de cambio".
"En el caso de la Penitenciaría, vemos que los sujetos más peligrosos toman el papel de víctimas. Siempre es el otro el que buscó la muerte o el robo y no asumen su responsabilidad", expresa el especialista.
El fin de semana circuló en redes sociales un video de un supuesto reo que tenía llagas en las manos y quien se quejaba del trato al interior de la cárcel.
González indica que estas denuncias no son nuevas. "Al no existir una verdadera rehabilitación social, muchos reos se unen a bandas peligrosas para poder sobrevivir su tiempo en la cárcel".
El 16 de mayo, el Gobierno decretó la emergencia carcelaria. González y Suéscum opinan que, sin atacar los factores de la conducta criminal, como la pobreza, la migración o la adicción a las drogas, el estado de excepción servirá poco.
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