A diferencia de una denuncia penal que implica la intervención inmediata del aparato judicial, la desaparición involuntaria es considerada como un acto administrativo. Eso ocasiona algunas trabas en la investigación.
¿Cuál es la diferencia? En la investigación de un caso penal intervienen las autoridades judiciales, la Fiscalía y el personal de la Policía, explica Diego Erazo, titular de la Dirección Nacional de delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión y secuestros.
La desaparición de una persona, en cambio, puede haber obedecer a varios factores. Hay quienes se ocultan por voluntad propia, otros se ausentan por un tiempo sin avisar a nadie y luego reaparecen.
"Algunos deciden marcharse temporalmente con el fin de llamar la atención",
Diego Erazo
Por tratarse de actos administrativos, hay cosas que la Dinased no puede hacer durante la investigación. Una de ellas, pedir el detalle de llamadas de los teléfonos de los posibles implicados. Eso sería ilegal.
Por eso es clave el apoyo de familiares y allegados. "Los familiares autorizan entrar al detalle de llamadas, la ruta técnica a seguir, dan pistas", dice Erazo.
Las denuncias sobre personas desaparecidas "no prescriben jamás", explica el oficial. Esto obliga a mantenerlos bajo continua investigación.
Las denuncias tienen que ser presentadas de forma personal en la Fiscalía o en la Dinased que tiene oficinas en todas las provincias del país y funcionan las 24 horas del día.
Casos que se convierten en delito penal
Hay casos como el de Anahí, la niña de poco más de dos años que era buscada desde el 6 de agosto de 2019 y que fue hallada nueve días después en El Coca tras haber sido raptada en Quito.
El caso empezó como acto administrativo pero se convirtió en delito de secuestro por el que están acusadas dos personas.
Este es un ejemplo de cómo pueden evolucionar las denuncias, conforme avanzan las investigaciones. Lo mismo sucedió, por ejemplo, tras la desaparición de Juliana Campoverde. La justicia comprobó que hubo secuestro, violación y asesinato por lo que hay un sentenciado a 25 años de cárcel.
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