30% de habitantes en Ecuador sin acceso al agua potable

En Monte Sinaí, el lugar más pobre de Guayaquil, una familia de cuatro personas paga hasta USD 90 al mes por agua, el triple de lo que muchos pagan en la exclusiva zona de Samborondón.

Un tanquero avanza rápido por los arcillosos y estrechos caminos de Cañaveral, una de las tantas cooperativas que componen Monte Sinaí, el lugar más pobre de Guayaquil.

Va pitando fuerte, subiendo lomas sin detener su marcha. El ayudante que va colgado de la parte de atrás grita: “¡agua!, ¡agua!, ¡agua!”. Es la única forma en que 130.000 familias del noroeste de la ciudad tienen acceso al líquido potabilizado.

Vivir en una zona no legalizada los condena a la falta de servicios básico y el tanquero se convierte en vital. Llenar cada uno de los tanques que se colocan afuera de las casas de caña cuesta USD 1. Un hogar de cuatro integrantes puede consumir hasta tres de esos tanques al día.

Eso le ocurre a Lorena Pazmiño, vicepresidenta de la cooperativa Cañaveral. A la semana gasta, en promedio, USD 21 en agua. Al mes esa cifra se eleva a USD 84, incluso hasta USD 90. Es cantidad que dista muchísimo de cualquier planilla de agua que oscila entre los USD 10 y USD 20 por familia, en el Guayaquil urbano de clase media.

Pagar hasta USD 90 en Monte Sinaí en agua potable de tanqueros, de hecho, triplica facturas mensuales de sectores exclusivos como Samborondón.

El gran negocio

Vista general de Cañaveral, una de las cooperativas que componen Monte Sinaí, en Guayaquil, el 19 de agosto de 2020. PRIMICIAS

Un letrero en Cañaveral destaca la importancia de lavarse las manos junto a otro que anuncia la venta de botellones de agua. PRIMICIAS

Cañaveral es una cooperativa conformada con lomas de tierra amarilla sin servicios básicos. PRIMICIAS

En Cañaveral el agua se almacena en tanques que están afueras de las casas. PRIMICIAS

“Los tanqueros hacen un gran negocio: cada tanque de 55 galones cuesta USD 1, mientras que ellos adquieren cada tanque en 11 centavos”, denuncia César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Esa situación convierte al agua en el bien más preciado en Cañaveral, una cooperativa con dos décadas de existencia.

Si el líquido potabilizado siempre es necesario, en época de pandemia todavía más. En las casas de Cañaveral hay letreros que recuerdan la importancia de lavarse las manos para hacer frente al coronavirus. Sin embargo, aquí lavarse las manos es un lujo.

Alcohol, más barato que el agua

Marisol Chávez, presidenta de Cañaveral, se entristece cuando recuerda los días más estrictos del confinamiento. “Sin trabajo, tuvimos que quedarnos en casa, lavábamos la ropa una vez por semana y el agua que quedaba del enjuague lo usábamos para lavar los pies”.

Así ahorraban para poder comprar alimentos. Se ayudaban con alcohol y paños húmedos, que en esta zona son más baratos que el agua.

Chávez y Pazmiño forman el tándem de organización comunitaria en Cañaveral. “En la pandemia no llegaban los tanqueros, con machete en mano íbamos a exigirles que traigan el agua, formábamos cadenas humanas para impedir que se vayan”, describe la segunda.

Hay vecinos que han instalado tuberías clandestinas que se conectan al colegio réplica Simón Bolívar, que está justo abajo de la colina donde inicia Cañaveral. “Nosotros no queremos eso porque es ilegal y nos expone a condenas de cárcel”, advierte Chávez. Ya suficiente con la energía eléctrica, que obtienen con instalaciones no permitidas.

En Cañaveral falta de todo. Si no hay agua, ni pensar en Internet. Tampoco la señal de las operadoras celulares. Sorprendentemente, esto es zona urbana de Guayaquil. Y el agua es lo que más necesitan sus habitantes, aunque muchos a veces no pueden pagarla.

Un derecho que no se cumple

El artículo 12 de la Constitución establece que “el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”.

Pero eso aquí en Cañaveral es letra muerta. Y no es un caso aislado: la dimensión de la carencia del servicio básico es nacional. Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), el 26,6% de la población del país no tiene acceso a una fuente de agua segura.

La situación es más crítica en la Costa, donde ese porcentaje se eleva al 31,3%. Y en ese grupo están las 130.000 familias de Monte Sinaí.

La organización comunitaria ha logrado que en sectores puntuales los tanqueros ajusten los precios y cobre 75 centavos el tanque. Todo un logro en la zona más pobre de Guayaquil, donde cada centavo pesa.

“Vengo a vivir acá porque no tengo USD 150 para pagar el arriendo de una casa en el centro de Guayaquil, pero todo se va en agua”, critica Chávez. Ella solo vive con su hija. Sus otros dos hijos se fueron a casa del padre, apenas estalló la pandemia, como forma de ahorrar gastos.

Mientras, esperan por los servicios básicos. “Como no están regularizados no han recibido atención, no son parte de la planificación urbana, son como fantasmas”, dice Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Las dirigentes Chávez y Pazmiño han hechos decenas de solicitudes a Interagua, la empresa privada que tiene a cargo el suministro en Guayaquil, para poder tener el servicio por tubería. Sin embargo, la respuesta siempre es no.

En este otro Guayaquil el agua potabilizada por tubería es, todavía, inalcanzable.

La esperanza es que con la regularización que llevan a cabo, cada uno por su cuenta, el Gobierno y el Municipio permitan, por fin, ponerlos en escena. “Somos gente que, al parecer, no existimos”, coinciden las dirigentes.

La meta es que para finales de 2020 pueden terminar la legalización. Y de allí podrán aparecer en los planes de obras. Hasta tanto, tienen que cuidar cada gota, todavía más en época de pandemia.