La Constitución garantiza los derechos de los animales, pero el Código Civil los considera como simples objetos. Las organizaciones animalistas plantean que el Código Integral Penal eleve las penas para quienes los maltratan.
Ecuador no cuenta con políticas públicas integrales que protejan a los animales, a pesar de que el séptimo capítulo de la Constitución habla del respeto a la naturaleza.
En el artículo 71 se dice que: “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
Además, el Código Orgánico de Ambiente (COA) ordena a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) controlar y regular la fauna urbana.
Pero en al práctica existe una falta de articulación de políticas y acciones entre autoridades nacionales y locales. Así lo advierte Cristina Alarcón, presidenta del Movimiento Animalista Nacional.
Esa falta de articulación permite que ocurran eventos como el envenenamiento de más de 20 perros en tres refugios para animales rescatados en Quito. Y que las consecuencias para los responsables sean mínimas, o no existan.
Esa deficiencia -ejemplifica Alarcón- se evidencia en que el Código de Ambiente delega a los gobiernos locales el control y regulación de la fauna urbana, pero existen municipios, “como el de Manta, en el que ni siquiera existe un ordenanza al respecto”.
“Por un lado tenemos una Constitución calificada como “verde”, y por el otro, el Código Civil mira a los animales como una cosa y no como seres de derechos”.
Cristina Alarcón, presidenta del Movimiento Animalista Nacional
Cuando existen estos desacuerdos entre normativas -dice Alarcón- no se puede afirmar que Ecuador tiene leyes de protección integral para los animales.
David Simbaña, presidente de la Asociación Defensa de la Vida Animal Ecuador -donde estaban alojados 13 de los perros envenenados el 13 de julio de 2019- coincide en que la falta da coordinación entre municipios y gobierno central impide enfrentar estos problemas.
En resumen falta coordinación entre los distintos niveles de gobierno y normas, además que las existentes parecen desactualizadas, dice Lorena Belollio, presidenta de Protección Animal Ecuador. Ella cree que la Ordenanza 048 del Municipio de Quito debería ser reemplazada por una normativa “que se adapte a las necesidades actuales”.
Esto es que contemple aspectos preventivos y medidas sancionatorias. Paradójicamente, a pesar de esas deficiencias, esa ordenanza ha servido de modelo para otras, pues traza algunos lineamientos para el cuidado de los animales.
Belollio agrega que el principal problema al que se debe atacar es la sobrepoblación de animales. Para ella es fundamental que las instituciones nacionales y locales trabajen coordinadamente para disminuir la fauna urbana en las calles.
Por la falta trabajo conjunto las organizaciones dedicadas al cuidado animal deben “batallar cada día para mantener a los cientos de animales que están a su cargo”, porque no hay ninguna institución que las apoye.
Cóndores envenenados
No solo los perros preocupan a las organizaciones animalistas. La población de cóndores andinos también ha sido afectada por envenenamiento y cacería ilegal.
El envenenamiento, además de la cacería ilegal, ha diezmado gran parte de su población y se calcula que en la actualidad apenas existen 150 ejemplares.
Estas aves comen la carne contaminada de perros que fueron envenenados por campesinos que buscan eliminar las jaurías de las zonas de cultivos.
Matar un animal es solo una contravención
Cristina Alarcón espera que, luego de la donación de comida envenenada que terminó en la muerte de más de 20 perros de tres refugios quiteños, impulse a las autoridades a comprender la necesidad de aumentar las penas para quienes cometen estos actos.
Matar a una mascota es una contravención, según el artículo 249 del Código Integral Penal. La sanción varia entre tres a siete días de prisión.
Lorena Belollio, directora de Protección Animal Ecuador, dice que en Ecuador no hay procedimientos jurídicos que establezcan los pasos que se deben cumplir para determinar al culpable de la muerte de un animal.
Es por eso que organizaciones animalistas proponen elevar a delito el maltrato animal e incrementar las penas para los maltratadores a un mínimo de seis meses y un máximo de un año, además que se consideren los agravantes.
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