El Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) recaba información para presentar reclamaciones colectivas. Varias familias aún no conocen el paradero de sus allegados fallecidos en marzo y abril en Guayaquil durante el pico de la pandemia de coronavirus en Ecuador.
Según datos del Registro Civil durante los siete primeros días de abril de 2020, en Guayas murieron alrededor de 500 personas por día. Los decesos incluyen muertes por coronavirus, pero también por otras causas y enfermedades.
En esos días Guayaquil atravesaba los momentos más críticos de la pandemia, cuyo epicentro estuvo en esa ciudad y en su vecina Samborondón.
Tan abultado fue número de fallecidos y el temor de un contagio en las funerarias, que nadie recogía los cadáveres y la gente empezó a dejar a sus muertos en la calle o los tuvo en casa durante más de una semana.
En el punto más crítico de esa crisis humanitaria, el Gobierno decidió crear una Fuerza de tarea conjunta que se encargue de enterrar esos cuerpos. El Municipio de Guayaquil dispuso cuatro contenedores que se ubicaron en los hospitales y que funcionaron como morgues.
Un mes más tarde, esas macabras escenas fueron superadas y la Fuerza de Tarea Conjunta se desintegró, pero aún hay familias que no ha logrado identificar el paradero de sus fallecidos.
Los familiares creen que los cuerpos de sus seres queridos fueron depositados en esos contenedores sin los registros correspondientes. El Comité de Derechos Humanos recaba información para emprender acciones legales.
“Llevamos un registro de casos de personas fallecidas en hospitales públicos de Guayas cuyos familiares reclaman sus cadáveres”, explica Billy Navarrete, secretario ejecutivo de la entidad.
Hasta el momento tienen seis personas que han entregado sus datos, pero Navarrete cree que son más. “Queremos reunir esta serie de casos que tienen las mismas características para hacer un reclamos de derechos humanos de forma colectiva”.
El 3 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por la disposición de los cadáveres en Guayaquil.
Navarrete recuerda ese antecedente para mencionar la posibilidad de futuras querellas. Para él hay una violación al derecho a la despedida y al ejercicio de la espiritualidad. También menciona una vulneración al acceso a la información.
Identificaciones exitosas
La Fiscalía y la unidad de criminalística de la Policía actualmente intentan identificar 131 cuerpos. Según las autoridades se trata de un grupo 237 cadáveres que estaban en proceso de descomposición en contenedores.
Uno de los cuerpos identificados en esas diligencias fue el del padre de Blanca Reyes. Él murió en el hospital Los Ceibos del IESS, en Guayaquil, el 28 de marzo. La familia contrató los servicios de un cementerio privado pero nunca le entregaron el cuerpo.
“Me dijeron que lo más seguro es que estaba en un contenedor que permanecía cerrado y no lo podían abrir”, recuerda.
El 24 de abril finalmente le indicaron que el cadáver de su padre había sido ubicado en el mismo hospital. “Cuando lo reconocí a mi papá solo había cuatro cuerpos más en el contenedor, allí lo habían puesto, ¿dónde habrá estado todo ese tiempo?”, dice.
Demandas particulares
El abogado José Flores tiene tres casos de personas que pugnan por conocer dónde están los cadáveres de sus familiares. La historia más crítica es la de María Antonieta Piña, quien murió de Covid-19 el 23 de marzo en el hospital del Guasmo, al sur de Guayaquil.
Pasaron 18 días hasta que un trabajador de la unidad médica llamó por teléfono a los familiares de la mujer. “Tras decirles que busquen en la página web del Gobierno el nombre, el cadáver apareció en el mismo hospital en completo estado de descomposición”, relata el abogado Flores.
Por este caso, Flores demandó al Ministerio de Salud y al director del hospital, pero en dos instancias un juez de Guayas negó la acción judicial. Ahora, dice Flores, llevará la causa a instancias internacionales.
Los otros dos casos serán judicializados en Guayas, pero este abogado no tiene mucha esperanza en la justicia local. “Tomaremos acciones internacionales en la Corte Interamericana de Derechos humanos”, dice.
Otro obstáculo para seguir con las denuncias de cadáveres de Covid-19 sin paradero es el cierre de las oficinas en la Fiscalía Provincial de Guayas. La atención al público está suspendida desde el decreto de emergencia, el 16 de marzo de 2020.
“El 11 de mayo regresarán a trabajar una parte de los trabajadores y solo para ventilar los casos represados”, explica Flores. A los familiares que buscan conocer el paradero de sus fallecidos, los agentes fiscales les han indicado que deben poner la denuncia vía online.
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