Las estadísticas de violencia sexual en el ámbito educativo datan desde 2017. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado ecuatoriano a no repetir casos como el de Paola Guzmán.
Un conductor del transporte escolar le había advertido a una adolescente de 14 años, estudiante de un colegio de Quito, que pasaría por ella quince minutos antes de lo habitual, tiempo que utilizó para abusar sexualmente de ella.
El delito fue denunciado de inmediato a la rectora de la unidad educativa, pero ahí se “priorizó mantener la buena imagen del colegio” antes que la integridad física y emocional de la estudiante, admitió la ministra de Educación, María Brown.
El caso es parte de las estadísticas que continúan ocurriendo en el ámbito educativo ecuatoriano, incluso cuando las clases presenciales requerían de pocas horas de presencia de los estudiantes en las instituciones educativas.
Según la Fiscalía, 24 estudiantes denunciaron haber sido víctimas de violación entre 2020 y junio de 2021, cuando la presencialidad fue intermitente por la pandemia de Covid-19.
Además, 88 estudiantes denunciaron judicialmente haber sufrido abuso sexual y otros 34 denunciaron acoso sexual dentro del sistema educativo.
En total, desde 2017, la Fiscalía ha recibido 2.560 denuncias por violencia sexual en las aulas de Ecuador.
Según la Secretaría de Derechos Humanos, se han registrado 28.154 casos de violencia sexual en el sistema educativo entre 2014 y 2021, perpetrados por autoridades, docentes, personal administrativo, de limpieza, conductores de transporte escolar y otras personas que se relacionan con los estudiantes.
Esto ocurre a pesar de que, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinó por primera vez un caso sobre violencia sexual en instituciones educativas de Ecuador.
En esa ocasión, la Corte sentenció al Estado ecuatoriano de ser responsable de los abusos contra Paola Guzmán Albarracín, una estudiante de 16 años, que fue violada en varias ocasiones por el vicerrector del colegio al que asistía. Paola se suicidó en 2002.
La sentencia de la CIDH impuso medidas de rehabilitación, satisfacción y de no repetición. Las dos primeras se han cumplido o están en proceso, como el tratamiento psicológico a la familia Guzmán Albarracín.
Pero la medida de no repetición todavía está pendiente de cumplirse, porque es estructural y debe garantizar que lo que le ocurrió a Paola no le suceda a ningún otro estudiante.
La CIDH ordenó al Estado a generar mecanismos de capacitación, detección temprana, supervisión y fiscalización, incluso de rendición de cuentas de las instituciones educativas públicas y privadas para la atención y respuesta de casos de abuso y violencia sexual en las aulas, lo que no se ha cumplido.
"El Estado no ha logrado articular acciones a nivel interinstitucional para cumplirlas", asegura Valeska Chiriboga, coordinadora del Observatorio Paola Guzmán Albarracín del CEPAM Guayaquil.
"Hay revictimización, no hay canales de atención adecuados para que los niños tengan conocimiento de cuál es la ruta para denunciar".
Valeska Chiriboga
"Además, los protocolos no son integrales y no garantizan la prevención, que es lo más importante, ni la protección de los niños, niñas y adolescentes. Ese es el estado de la sentencia", afirma Chiriboga.
Casi dos años después de la sentencia de la Corte, también se ha incumplido la obligación de tener una sola base de datos estadísticos, articulada, actualizada, de acceso público y que permita hacer seguimiento.
PRIMICIAS solicitó una entrevista al Ministerio de Educación al respecto.
Para hacer estos cambios, la Corte dispuso al Estado crear una política pública para erradicar la violencia sexual en las aulas.
Por ello, a mediados de 2021, se creó la mesa interinstitucional en la que participan los ministerios de Educación, Salud, Deportes, entre otros, coordinados por la Secretaría de Derechos Humanos.
"Todavía no está terminada la política pública para erradicar la violencia sexual en las aulas", dice Chiriboga quien, como representante de las víctimas, no era parte de la mesa.
"Teníamos un rol consultivo, por lo tanto, no podíamos ser parte de la creación de la política pública".
Valeska Chiriboga.
Solo en enero de 2022, les permitieron integrar la mesa de política pública. Fue ahí cuando se dieron cuenta de que hasta el momento ese documento no incluye la educación sexual integral como eje transversal.
"Uno de los dictámenes de la CIDH reconoce la educación sexual como parte del derecho a la educación, porque esto fue lo que hizo que Paola no tuviera las herramientas adecuadas para reconocer que lo que vivía era abuso y que podía denunciarlo", explica Chiriboga.
Tampoco existe una ruta clara en los colegios, dice Chiriboga, de que la materia educación sexual sea obligatoria y que, además, incluya mecanismos claros para la denuncia y la atención de las víctimas.
En el último año, el Ministerio de Educación tuvo 18.812 derivaciones a los departamentos consejerías estudiantiles y en 2.715 casos se activaron los protocolos de violencia y consumo de drogas.
Pero el Ministerio enfrenta un déficit de 5.300 psicólogos para cumplir con el estándar en los departamentos de consejería de las instituciones educativas.
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