Entre 2016 y 2018, más de 900 contratos para la adquisición de medicinas y dispositivos médicos se adjudicaron a empresas y personas que no cumplen con todos los requisitos establecidos en la Ley de Salud. El control de estas formalidades está en manos de cada institución.
Las compras públicas de medicamentos e insumos médicos tienen reglas especiales. La Ley Orgánica de Salud establece una serie de requisitos que los proveedores tienen que cumplir, pero que no se han respetado en todos los procesos.
La emergencia sanitaria por el coronavirus destapó una serie de contratos irregulares en hospitales de todo el país y relaciones con proveedores no calificados. Pero, esto no es nuevo.
Un informe de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), al que PRIMICIAS tuvo acceso, revela que el 48% de las empresas que vendieron dispositivos médicos a las instituciones públicas, entre 2016 y 2018, no cumple con los requisitos legales.
Según el reporte, 433 proveedores no respetaron las obligaciones establecidas en la ley. ¿La razón? Falta de coordinación entre instituciones y fallas en la verificación de los requisitos que se origina en las mismas entidades que adquieren los insumos.
Pero, no solo eso. Hay proveedores de insumos médicos que se constituyeron y tienen registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) actividades tan diversas, que van desde ingeniería civil hasta contabilidad.
Asedim recordó a las autoridades ecuatorianas el cumplimiento de estos requisitos en medio de la emergencia sanitaria. Frente a los escándalos de corrupción, que han develado adjudicaciones a empresas de papel o de otras actividades económicas insistió en que la responsabilidad de verificar los requisitos corresponde a las instituciones públicas.
Lo que dice la ley
La Ley Orgánica de Salud, vigente desde 2006, establece una serie de requisitos para las empresas o personas naturales que vendan medicamentos o insumos médicos. El artículo 259 dice que las distribuidoras farmacéuticas deben cumplir con dos permisos otorgados por la Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria (Arcsa):
- El permiso de licenciamiento como establecimiento farmacéutico
- La certificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte
En teoría, solo las empresas o personas naturales que cumplan con esos requisitos pueden contratar con el Estado. Esto incluye insumos (cualquier elemento para uso médico en humanos), artículos dentales, equipos y reactivos de laboratorio.
Por esa razón, el Ministerio de Salud, como institución que encabeza la red de salud pública, envió un oficio el 17 de octubre de 2018 a los directores del IESS, ISSFA y a los ministros de Gobierno y Defensa.
En el oficio, Salud recordaba a los titulares de estas instituciones sobre los requisitos que establece la Ley Orgánica de Salud y advierte sobre las denuncias de Asedim. Advertía, además, que constar en el Registro Único de Proveedores del Estado no basta, y "de ningún modo soslaya" cumplir con el permiso de funcionamiento y el certificado de buenas prácticas.
Recalcaba también que es "la obligación de toda entidad contratante verificar que los proveedores cuenten con dichos requisitos técnico-sanitario vigentes".
Más de 900 procesos adjudicados a proveedores sin permisos
El informe de Asedim fue entregado al Ministerio de Salud el 19 de julio de 2019. En él advierte que las instituciones públicas no están tomando en cuenta los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Salud para la compra de dispositivos médicos, sobre todo el certificado de buenas prácticas.
El análisis de Asedim, que revisó todos los contratos de adquisición de dispositivos médicos entre 2016 y 2018, encontró que 433 proveedores no cumplieron con los requisitos, de los 898 validados para vender este tipo de bienes.
A estos proveedores se les adjudicó en total 952 contratos, que suman más de USD 74 millones.
PRIMICIAS revisó los casos de los 42 proveedores que suman más de USD 400.000 en contratos y verificó que ninguno de ellos tiene, hasta el 31 de mayo de 2020, el certificado de buenas prácticas otorgado por la Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
La mayoría de estos proveedores (27) ni siquiera tiene un permiso de funcionamiento vigente a 2020, que también debe ser otorgado por Arcsa.
Entre estos casos, hay empresas de ingeniería civil, papelerías, contadores y pintores que han entregado dispositivos médicos a las instituciones del Estado.
Empresa de ingeniería civil vende equipamiento médico
China Railway First Group es una de las empresas que se encargó de la construcción del hospital del IESS Quito Sur, como parte del Consorcio NHQ. El levantamiento del hospital costó USD 206 millones.
Esta empresa recibió dos contratos más de manos del IESS: para proveer equipamiento médico al hospital de Quevedo en 2016 y 2017. Ambos contratos suman USD 6,8 millones.
La empresa de ingeniería civil no tiene los permisos de Arcsa para vender dispositivos médicos.
Aún así, vendió para el IESS Quevedo equipos para quirófanos, de esterilización, camillas, ventiladores, insumos para consulta externa, neonatología, rayos x, fisiatría y laboratorio. El contrato incluyó su mantenimiento.
Una papelería que vende catéteres, sondas y suturas
El 3 de julio de 2018, el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta firmó un contrato para la adquisición "dispositivos médicos de uso general".
El proveedor es Carlos Alberto Figallo Segovia, quien tiene registrado en el SRI como actividad económica la venta al por mayor de materiales de papelería. El monto del contrato fue de USD 1,13 millones.
Captura de pantalla del SRI
El proveedor sí cuenta con permiso de funcionamiento de Arcsa, pero solo para la distribución de productos higiénicos de uso doméstico e industrial. No tiene el certificado de buenas prácticas.
Entre los dispositivos adquiridos se encuentran jeringas, mascarillas, suturas, termómetros, tubos endotraqueales, bisturíes, catéteres, sondas y equipos.
Proveedor de electrodomésticos vende sillas de ruedas
Un vendedor de electrodoméstricos recibió entre 2016 y 2018 siete contratos de instituciones públicas para entrega de distintos dispositivos médicos. Los contratos suman USD 580.739.
Roswin Fernando Angulo Jeremías está registrado en el SRI para la venta al por mayor de artefactos electrodomésticos. No tiene permiso de funcionamiento de Arcsa, ni certificado de buenas prácticas.
Captura de pantalla del SRI
Aún así, en 2018, la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Salud le adjudicó un contrato para la adquisición de 153 sillas de ruedas. Y ese mismo año, el Hospital José Carrasco Arteaga, de Cuenca, le contrató para que entregara 270 colchones antiescaras.
Un pintor y un contador, con contratos de insumos médicos
En 2017, el Hospital General de Portoviejo adquirió equipos de laparoscopía por USD 305.000. El proveedor fue Luis Germán Blum Baquerizo, quien está registrado en el SRI para actividades de pintura interior o exterior de edificios.
El proveedor no tiene certificado de funcionamiento ni de buenas prácticas de Arcsa.
Captura de pantalla del SRI
Un año antes, en 2016, Blum Baquerizo ya había recibido un contrato del Hospital del Día Efrén Jurado López, de Guayaquil, por USD 146.000. El objeto de ese contrato fue proveer insumos para traumatología, incluido tornillos para fracturas de ligamento cruzado.
En 2018, el Hospital Móvil No. 1 contrató a Victor Miguel Muñoz Riofrío para la provisión de dispositivos médicos. El proveedor no cuenta con ningún permiso de Arcsa.
Su actividad principal según el SRI es la contabilidad, aunque tiene registrado un establecimiento de instrumental médico "Vicumur".
Captura de pantalla del SRI
El contrato con el Hospital Móvil es de USD 527.900, para la entrega de agujas, batas, catéteres, sondas, suturas, tubos y vendas, entre otros.
Por irregularidades como estas, el 20 de mayo de 2020, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos volvió a instar a las autoridades a "transparentar los procesos de compras y adjudicaciones" así como exigió que se cumpla la ley.
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