El Consejo Nacional de la Judicatura ha abierto 495 expedientes disciplinarios a jueces y 134 a fiscales en 2021. La mayoría de los casos responde a denuncias ciudadanas.
El Consejo de la Judicatura investiga a 629 funcionarios judiciales en el país. En algunos casos por denuncias basadas en sus actuaciones procesales y en otros procesos disciplinarios.
Según el organismo, en 2021 se abrieron 495 sumarios disciplinarios a jueces y 134 a fiscales. Solo 11 jueces y cuatro fiscales fueron destituidos.
En Guayas existen 199 expedientes para jueces y 41 para fiscales. Solo dos jueces han sido destituidos, uno por haber recibido “una condena con pena de privación de la libertad por un delito doloso de violencia contra la mujer”.
Y otro por “abandonar el trabajo por más de tres días laborables consecutivos injustificados en un mismo mes”.
En el caso de fiscales, sólo un funcionario de esa institución ha sido destituido por el órgano administrativo.
Se trata de Luis Machado Sánchez, por manifiesta negligencia o error inexcusable. Es decir, por su actuación procesal como fiscal. Así lo resolvió el pleno del Consejo de la Judicatura el 29 de diciembre de 2021.
Machado se abstuvo de formular cargos contra los procesados por delincuencia organizada a Benjamín C., alias ‘Ben 10’, líder de la banda delincuencial Chone Killers, y dos miembros más de esa organización.
La denuncia la hizo la misma fiscal General, Diana Salazar, quien en el documento de la resolución fundamentó que en la audiencia preparatoria a juicio existían los elementos de convicción para sustentar la acusación.
Sin embargo, Machado se abstuvo y, en consecuencia, los procesados fueron liberados. Tampoco se los puede volver a juzgar o procesar por el mismo delito.
No es el único caso por el que Luis Machado ha sido denunciado. En el sistema de Fiscalía reposan dos denuncias ciudadanas por fraude procesal y una por intimidación.
La familia de Lisbeth Baquerizo, asesinada el 21 de diciembre de 2020, asegura ser víctima también de Machado.
“Él se demoró nueve días en pedir boleta de detención contra el principal sospechoso del asesino de mi hija, cuando existía un informe médico legal que establecía que fue una muerte violenta”, dice Mario Baquerizo, padre de Lisbeth.
La sanción de destitución es administrativa, por lo que puede ser apelada por el ex fiscal y solicitar ser reintegrado al cargo.
Este 5 de enero, otros dos fiscales que conocieron el caso de los niños violados y maltratados en Naranjal conocerán también la resolución de destitución o no del pleno de la Judicatura.
La “oscuridad de la norma”
Entre 2019 y 2020, el Consejo de la Judicatura destituyó a 45 jueces por diferentes causas.
Y más de una docena eran investigados por su actuación en casos relacionados a delitos de tráfico de drogas, otros por enriquecimiento ilícito, prevaricato y por obtener carnés de discapacidad irregularmente.
Para la directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, las cifras son escuetas, porque las causas se abren, en su mayoría, por las denuncias ciudadanas, porque el sistema judicial todavía no tiene la capacidad de hacerlo con agilidad.
“Deberíamos saber, por ejemplo, por qué un juzgado no despacha, a través del sistema informático, que debe darnos una alarma de lo que ocurre por juzgado. Se ha mejorado, pero por varias causas lo estamos haciendo manualmente”, dice Coronel.
A esto hay que añadir "la oscuridad de la norma", dice Coronel, que “no es estricta para los jueces” y es ambigua para su aplicación.
En ese engranaje, aparece otras formas de corrupción para obstaculizar el acceso a la justicia.
“Por ejemplo, una jueza abandonó la audiencia que tenía a las 03:00, y se fue sin avisar a las 02:52, porque el padre se iba hacer un procedimiento en el ojo. Eso no tenía el carácter de urgente, se lo hace en consultorio y con previa cita”, explica Coronel.
“Los jueces saben que sin audiencia no hay justicia”.
María Josefa Coronel
En los expedientes disciplinarios, las investigaciones a los funcionarios judiciales también alcanza a médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por “entregar certificados falsos”.
“Hay casos donde han presentado certificados médicos del IESS y en ese mismo periodo de la falta, esos funcionarios han estado fuera del país. Esos son los jueces que tenemos”, afirma Coronel.
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