Ecuador camina hacia una ley que busca que los agresores sexuales no puedan trabajar cerca de niños

El proyecto denominado Registro Único de Violadores, Abusadores, y Agresores Sexuales de niños, niñas y adolescentes (Reevas), que pasó el primer debate en la Asamblea el jueves 5 de julio de 2019, apunta a impedir que las personas que hayan cometido delitos sexuales niños o adolescentes trabajen en empresas o instituciones relacionadas con menores de edad.

La asambleísta independiente Lourdes Cuesta fue quien presentó la iniciativa. Ella espera que se aprobada por la Asamblea hasta finales de agosto de 2019.

¿Cuándo nació la idea de este proyecto?

En 2018 empecé a escribir un borrador porque existen casos como Aampetra, el del cura Cordero o el caso 'Mangajo' en los que las víctimas de los delitos sexuales son niños, uno de los grupos más vulnerables.

Lo que busca este proyecto es que los agresores no puedan trabajar en lugares en los que los niños estudien o realicen algún tipo de actividad académica, física o recreacional.

¿Cuál será el mecanismo que se aplicará para identificar a los agresores?

El ministerio del Interior deberá crear un registro en el que consten los nombres de las personas que han sido condenadas por delitos sexuales en contra de menores de edad.

Este documento no será público porque la ley caería en una norma discriminatoria. Estas personas sí tendrán la posibilidad de trabajar en empresas o instituciones que no tengan vínculo con niños.

El ministerio emitirá un certificado cuando una persona lo solicite o si la empresa en la que trabaja o en la que aspira a trabajar lo requiere.

¿Durante cuánto tiempo permanecerá el nombre del agresor en el registro?

La propuesta inicial era que los nombres permanezcan sin fecha límite. Sin embargo, se propuso que el plazo vaya de acuerdo con la pena que el agresor haya recibido.

Esto significa que si la pena de una persona fue de 20 años, el nombre debe constar en el registro por el mismo número de años, después de que haya cumplido su condena.

¿La ley no es discriminatoria para las personas que ya cumplieron su condena?

No. Tuve la posibilidad de conversar con juristas y constitucionalistas y no existe discriminación, sino distinción. Además, como mencioné, el registro no será público y las empresas no tienen la obligación de solicitarlo.

¿Existen otras leyes similares en otros países?

Sí. Cuando escribí el proyecto conocí que países como Estados Unidos, Argentina, Nicaragua, España y Francia tienen normativas similares.

Por ejemplo, en Estados Unidos la Policía comunica a los moradores de un barrio cuando una persona que haya cometido este tipo de delitos llega a un vecindario.

De esta forma se alerta a la comunidad sobre la presencia de esta persona.

Además, el proyecto aspira a disuadir a los agresores para que no sigan cometiendo estos delitos.

¿El proyecto contempla estrategias para la rehabilitación de los agresores?

En el país, la rehabilitación social atraviesa una fuerte crisis, pero es el Estado el que debería brindar estrategias para que las personas se reintegren a la sociedad.

Esperamos que los jueces sean los que ordenen el tratamiento psicológico que estos agresores deben recibir.

¿El proyecto también está dirigido a los familiares que violentan a los niños?

No. Se trata de una iniciativa que únicamente abarca el campo laboral. Espero que otros legisladores trabajen en otras propuestas para buscar erradicar la violencia a niños en todas las áreas.

¿En qué instancia se encuentra el proyecto en la Asamblea?

El jueves 4 de julio de 2019 fue el primer debate. Se recogieron las observaciones de algunos asambleístas y esperamos que entre en vigencia en la primera semana de agosto porque el proyecto tiene el apoyo mayoritario de los legisladores.