Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expone los desafíos a los que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad en torno a la violencia. Según el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), para ellas, el riesgo es cuatro veces más grave que el de la población en general.
Este grupo -concluyó el CDPD en 2013- vive una situación de “catástrofe humanitaria global” que requiere intervención inmediata. Un informe de 2019 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explora cuál es la realidad para ellas en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, existe una problemática: en la región, la recopilación de datos sobre la violencia a mujeres y niñas con discapacidad es escasa. “Aunque la mayoría de los países de la región mide la prevalencia de la discapacidad, no formulan preguntas específicas sobre la violencia”, señala el reporte.
Además, detalla cuáles son las formas más comunes de abuso que suele sufrir este grupo.
Según el documento, los agresores suelen ejercer formas de abuso que hacen uso y explotan la discapacidad o condición de una mujer o de la menor de edad. De esta forma, la violencia experimentada se agrava.
"Existen brechas en los servicios de prevención de la violencia contra las mujeres con discapacidad, tanto en la práctica como en la investigación".
Informe Violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad: América Latina y el Caribe
El reporte del BID afirma también que los mayores responsables de la violencia hacia ellas son los miembros de la familia y los asistentes personales, así como otras personas con discapacidad en entornos de servicio.
Pero también están expuestas a otros posibles agresores. Por ejemplo, parejas sentimentales o prestadores de servicios, o incluso terceros.
La violencia contra mujeres y niñas con discapacidad en Ecuador
Sonia Rodríguez es coordinadora de salud, derechos sexuales y reproductivos del Centro de Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaquil). Para ella, la situación en Ecuador no difiere de lo que sucede en el resto de América Latina.
“Vivimos en una sociedad patriarcal y machista donde mujeres y niñas sin discapacidad son objeto de una violencia cada vez más horrorosa”, dice. “Es una cultura muy tolerante con la violencia de género”.
Esto, explica la también psicóloga, se agrava con la discapacidad, que es un factor más para la vulnerabilidad. “Como sociedad no tenemos un concepto claro de lo que son las discapacidades”, opina.
Y agrega que, en esa medida, “no reconocemos que son personas y desconocemos su estatuto de sujeto”.
Un caso reciente de este tipo de violencia quedó registrado en un video que circuló en redes sociales. Allí se observa a una agente metropolitana de Durán agredir a una mujer.
Ella está amarrada a un poste con cinta transparente y la agente la golpea, luego una tercera persona le echa agua encima. Las autoridades confirmaron que la agredida, de 35 años de edad, posee discapacidad auditiva y de lenguaje del 60%.
La agresión fue denunciada en Twitter, donde ciudadanos y activistas repudiaron lo ocurrido.
La Defensoría del Pueblo lo calificó como una “vulneración de derechos” y la delegada Mirelli Icaza dijo que es evidente que "se produjo una afectación psicológica para ella y para toda su familia".
El informe del BID explica que cuando el género se topa con la discapacidad, “ambos exacerban la vulnerabilidad a la violencia". Esta puede ocurrir dentro de las relaciones interpersonales, los hogares, las instituciones y la comunidad.
Además, señala que las mujeres y niñas con discapacidad encuentran barreras para acceder a la información y a los servicios.
Estos desafíos, concluye el reporte, son el resultado de la falta de información y de las actitudes de la sociedad, incluyendo las de los administradores públicos, los profesionales de la salud, entre otros.
En esto coincide Rodríguez. La experta dice que hay varias instancias del Estado que tienen injerencia sobre este tema y que están empezando a trabajar de forma más integral, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Sin embargo, considera que sus acciones están fragmentadas y aún queda mucho por hacer.
"Hay que exigir al Estado que visibilice lo que son las discapacidades, para que culturalmente haya una mejor comprensión".
Sonia Rodríguez, psicóloga
Las recomendaciones
Ante esta problemática, la División de Género y Diversidad del BID plantea algunas recomendaciones a los estados latinoamericanos. Entre ellas:
- Recolectar información para realizar un diagnóstico real sobre la situación en que viven las niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia contra la mujer.
- Crear e implementar políticas para la atención y prevención de la violencia contra la mujer con un enfoque de acceso universal.
- Generar evidencia de lo que funciona para replicar experiencias de éxito.
- Integrar la atención a la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad en las operaciones destinadas a mejorar la seguridad pública y la prevención de la violencia de género.
En su informe, el BID destaca la iniciativa de Uruguay. En 2018, en ese país se publicó la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género. Esta propone acciones específicas para niñas y adolescentes, mujeres mayores y mujeres con discapacidad.
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