Alrededor de 950.000 niños reciben una pensión alimenticia, según el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) que maneja el Consejo de la Judicatura.
La emergencia sanitaria que golpea al país a causa del coronavirus provocó que Lenin H. perdiera su empleo a comienzos de marzo.
El primer pensamiento que se le cruzó por la mente fue su hijo de 8 años, quien depende económicamente de la pensión que le deposita cada mes en una cuenta bancaria.
“Desde que perdí el empleo no he podido pagar la pensión. La mamá de mi hijo ha sido comprensiva, pero es difícil sobrellevar el aislamiento pensando en que un hijo no tiene qué comer”.
El caso de Lenin H. es uno de los que ha registrado el Consejo de la Judicatura, a través del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), en el que están registrados más de 755.000 padres de familia que deben pagar una pensión alimenticia.
“Hasta este sistema llegan las transferencias de los valores que las instituciones públicas y entidades privadas retienen de las remuneraciones de sus servidores y sus empleados, por pensiones”, dijo el Consejo de la Judicatura a PRIMICIAS.
Los datos del Consejo de la Judicatura muestran que en la primera mitad de marzo de 2020 se recaudaron USD 40,3 millones mientras que, en la segunda mitad del mes, este monto fue de de apenas USD 7,2 millones.
Los USD 47,6 millones recaudados muestran una reducción del 7,54% con relación al mismo mes de 2019 cuando la cifra fue de USD 51,5 millones.
El Consejo de la Judicatura señaló que la disminución en las cifras tiene que ver con el retraso en el pago de sueldos y salarios en los sectores público y privado, que se ahondó en la segunda mitad de marzo.
El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, dice que el Consejo de la Judicatura debe crear un mecanismo para que los padres puedan pagar una parte de la pensión, debido a que muchas personas han dejado de percibir ingresos económicos durante la emergencia sanitaria.
La catedrática de la Universidad Católica del Ecuador y experta en derecho infantil, Sonia Merlyn, coincide con Granda y agrega que es necesario que la Asamblea reforme el Código de la Niñez para que se pueda pagar las pensiones con alimentos o servicios de salud.
Además, dice que el Consejo de la Judicatura debe permitir el pago de pensiones a través de transferencias bancarias para que no exista acumulación de intereses.
No hay boletas de apremio
El Consejo de la Judicatura informó que, debido a la pandemia del coronavirus, “los jueces de familia no están atendiendo pedidos de apremio personal por incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias”.
Es por eso que durante la emergencia sanitaria no se ha detenido a personas por la falta de pago de las pensiones.
La abogada Sonia Merlyn señala que es necesario hacer una nueva tabla de las pensiones alimenticias ya que la realidad de 2019, cuando ésta fue elaborada, no corresponde a la crisis que vive el país en 2020.
“Muchas personas, que ahora están sin empleo, tienen que pagar pensiones alimenticias calculadas con sus salarios de 2019. Esto solo creará más atrasos”, dice Merlyn.
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