La eliminación de la tabla de consumo, anunciada por el Gobierno, podría incrementar la presencia de presos por drogas, advierten los expertos.
Hasta febrero de 2021 (los datos oficiales más recientes), en Ecuador existían 10.487 personas detenidas por delitos asociados a las drogas. Eso representa el 27% de la población carcelaria que a esa fecha era de 38.290 personas.
Luego, en esa lista, siguen los delitos contra la propiedad (robos) con 26%. Y, en tercer lugar están los detenidos por delitos contra la integridad sexual con 16%.
Porcentualmente, los delitos relacionados con los narcóticos afectan más a las mujeres. Cinco de cada 10 mujeres presas se relacionan con la droga. Entre los hombres esa relación es de tres por cada 10 detenidos.
Del total de los detenidos por droga, el 99% (10.406) fue procesado por el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ese apartado se refiere al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
En ese artículo se diferencia las sentencias dependiendo de la cantidad de droga que se buscaba traficar. Las cantidades van desde mínima hasta gran escala y las sentencias de uno a 13 años de cárcel.
Y en ese mismo artículo, se establece que la tenencia de este tipo de sustancias para consumo personal no es punible, es decir, no se considera un delito.
Esta ley otorga al Ministerio de Gobierno la atribución para que determine, a través de una tabla de consumo, los umbrales permitidos de tenencia de droga para que se considere de consumo personal.
Ahora, la ministra de gobierno, Alexandra Vela, anunció que en los próximos 15 días el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional una propuesta para eliminar esa tabla.
Según Vela, la existencia de esos umbrales ha permitido la proliferación del microtráfico de drogas en el país. Por ejemplo, un microtraficante que es detenido con 10 gramos de marihuana no puede ser procesado.
En una entrevista con TC Televisión, el presidente Guillermo Lasso fue más cauteloso:
"En este momento, la Ministra de Gobierno está revisando (la tabla) a efectos de eliminar o cambiar los números".
¿Sin tabla, más presos?
Entre 2015 y 2019, la Policía Nacional detuvo a 58.264 personas por posesión o tenencia de algún tipo de sustancia narcótica.
El número de detenidos, es seis veces mayor al número de procesados y sentenciados.
Otro dato que refleja la cantidad de personas consumidoras, versus los delincuentes asociados a las drogas proviene del sistema de salud.
En 2019, a escala nacional, el Ministerio de Salud reportó que más de 94.000 personas ingresaron a emergencias por consumo de drogas y más de 59.000 personas reincidieron.
Por estas razones, uno de los mayores reparos a la eliminación de la tabla es que todas las personas que sean encontradas en posesión de sustancias estupefacientes vayan presos y se complique aún más el sistema carcelario. Sin importar si trata de un adicto, de un microtraficante o de un traficante transnacional de droga.
Lasso dice que la posibilidad de que los adictos sean apresados y sentenciados son casos "extremos y excepcionales". Y aseguró que lo que se busca con su propuesta es implementar una política pública para evitar el consumo de droga por parte de niñas, niños y adolescentes.
Además, explicó que la posible eliminación de la tabla iría acompañada de la creación de centros de salud especializados en la rehabilitación de personas con adicciones.
Las zonas más conflictivas
Tanto en el tema de narcotráfico como en el consumo y tenencia de drogas hay una coincidencia: hay mayor prevalencia en las mismas zonas del país.
Un informe del Servicio de Atención Integral (SNAI) señala que existe una fuerte correlación entre:
- Las zonas con índices de violencia elevados,
- Las cárceles con altos niveles de hacinamiento
- Las rutas o territorios de interés estratégico para el tráfico ilícitos de drogas.
Estas zonas están ubicadas, particularmente, en las provincias del perfil costero.
Además, el documento dice que desde 2019, se ha incrementado la violencia en los centros penitenciarios del país y se ha identificado como actores de estos hechos violentos a organizaciones criminales como: Los Choneros y Los Lagartos.
Esta violencia sería generada por diversos factores: la restructuración de las organizaciones delictivas, extorsión a familiares de los internos, seguridad personalizada a los internos, y el control de espacios e ingreso de artículos prohibidos (armas, drogas entre otros).
Desde 2020, además, la disputa y el conflicto entre estas dos organizaciones rivales se trasladó al espacio público, especialmente, a los alrededores de Guayaquil, con la finalidad de mantener el control de las rutas y corredores de movilidad del tráfico ilícito de drogas, sicariato y robos.
Por otro lado, la Policía Nacional reportó que de las 11.080 personas detenidas en posesión de drogas en 2019, el 46% de las detención se concentró en dos zonas del país. Justamente las del perfil costero.
- Zona 8: Guayaquil, Samborondón y Durán concentra el 29%.
- Zona 5: Santa Elena, Guayas (excepto Guayaquil, Samborondón y Durán), Bolívar, Los Ríos y Galápagos el 17%.
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