Una vida libre de violencia, espacios políticos y autonomía económica son las prioridades para alcanzar la igualdad de género en Ecuador.
La brecha de desigualdad de género no se ha cerrado y el 8 de marzo aún tiene que reivindicarse. Del cúmulo de pendientes que tiene el Estado con las mujeres, se deben atacar las urgencias en tres temas:
- La autonomía corporal.
- La autonomía política.
- La autonomía económica.
Estos tres puntos fueron incorporados en el décimo informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas inglés), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, encargado de evaluar los avances y retos que enfrentan los países en esta materia.
Autonomía corporal, una vida sin violencia
El derecho a una vida libre de violencia es la prioridad, por ser la más cruel e irreversible. El Estado mantiene una deuda en prevenir todo tipo de violencia contra las niñas y mujeres.
Ecuador tiene la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, pero no ha sido aplicada en su totalidad desde 2018, cuando fue creada.
Seis de cada 10 mujeres en el país ha sufrido violencia, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Junto a las pocas acciones para que las instituciones del Estado se articulen en la lucha contra la violencia, como manda la ley, está el sistema judicial y la impunidad.
Según las cifras oficiales, entre 2014 y 2021, en el país hubo 1.196 casos de femicidio y muertes violentas de mujeres. Solo en 453 casos se dictó sentencia, de los cuales 416 fueron condenatorias.
El resto se resolvió por extinción de la pena, archivo o sobreseimiento.
Es decir, el 35% de los femicidios ha obtenido una sentencia en siete años.
En los casos de indefensión, impunidad y de poca transparencia en el proceso judicial están los de Lisbeth Baquerizo, Naomi Arcentales y Johanna Guayguacundo.
Tres casos aún sin culpables
Lisbeth Baquerizo
Lisbeth Baquerizo, de 30 años, fue asesinada el 21 de diciembre de 2020. Hay dos procesos judiciales abiertos por este caso. Uno es por femicidio, donde está involucrado Luis Hermida, esposo de Lisbeth y el principal sospechoso de su asesinato.
El segundo es por fraude procesal, que se encuentra en juicio en el que están procesadas seis personas, pero solo Nancy Núñez, madre de Luis Hermida, y el médico que firmó el acta de defunción que decía que Lisbeth murió por razones naturales, están procesados.
Los demás están prófugos de la justicia. El juicio que empezó el 27 de enero de 2022 y no ha continuado porque no hay fecha para una nueva audiencia.
Naomi Arcentales
Naomi Arcentales, de 24 años, fue hallada muerta el 12 de diciembre de 2021, en una habitación del departamento que compartía con su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo.
La primera autopsia que se realizó en Manabí indicaba que su muerte se debió a un suicido.
Su cuerpo fue exhumado para un nuevo examen forense, pero las autoridades manejan con reserva el caso, que ha pasado por tres fiscales diferentes en Manta, Guayaquil y Quito.
Johanna Guayguacundo
Johanna, de 28 años, fue asesinada el 2 de febrero de 2022. Su expareja, Carlos Escudero, se declaró culpable de haber cometido el crimen. El 7 de marzo terminó el plazo de la instrucción fiscal, con dictamen acusatorio contra Escudero.
El proceso está a la espera de que la Unidad de Violencia señale día y hora para la audiencia preparatoria de juicio.
En lo que va de 2022 han ocurrido 44 femicidios y muertes violentas de mujeres, el registro más alto de la historia.
Autonomía política
Las mujeres siguen sin ocupar puestos de poder. En los estamentos del Estado no hay una plena aplicación de la paridad en candidaturas establecidas en el Código de la Democracia sobre composición de listas, circunscripciones y asignación de escaños.
La proporción de puestos ocupados por mujeres en gobiernos autónomos descentralizados para 2019 fue de apenas 27,2% frente a 72,8% de hombres.
Las mujeres alcaldesas electas en 2019 representan apenas el 7,2% de las autoridades municipales a escala nacional, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La paridad ni siquiera se alcanza en el Ejecutivo. De 18 ministerios, solo cinco están ocupados por mujeres.
"Es fundamental la participación de las mujeres en los niveles de decisión, en igualdad de oportunidades, para que se cumpla la paridad. Si hay más mujeres, habrá más democracia", dice Rocío Rosero, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador.
Pero alcanzar uno de esos espacios tampoco les da una garantía de que estén libres de acoso y de abuso de poder.
Por eso una de las metas de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador es vigilar el cumplimiento de protocolos para que las instituciones públicas estén libres de violencia y de acoso.
“Esto significa dejar de manejar el acoso sexual y abuso laboral como privilegio de los jefes, pasar al respeto de las capacidades de las mujeres a plenitud”, explica Rosero.
Esto forma parte del documento 'Pacto justo por ellas' que le entregaron al actual Gobierno cuando asumió el poder.
Autonomía económica
La pandemia dinamitó las oportunidades laborales de las mujeres y las expulsó del mercado laboral. Hay más mujeres en el sector informal, empobrecidas y precarizadas.
Tampoco han funcionado los sistemas de cuidado por el cierre de las guarderías infantiles. “Han tenido que redoblar sus esfuerzos a dedicarse al cuidado de los niños, adultos mayores y enfermos”, explica Rosero.
Esa desigualdad se refleja en que las mujeres dedican a esas tareas 17 horas más semanalmente que los hombres en las zonas urbanas y 23 horas en las zonas rurales, según el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
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