Estudiantes y profesores reclaman porque las investigaciones sobre los últimos atentados no avanzan. Han pasado ocho días desde la reciente explosión y aún no se ha identificado a los responsables. Autoridades indican que no tienen presupuesto para un plan de seguridad.
Hay personal universitario con chalecos rotulados con el término “seguridad”. Cuando observan algo sospechoso llaman a la fuerza pública.
Ese ambiente es habitual una semana después del último susto que provocó una explosión en los exteriores de la universidad más grande del país, con una población aproximada de 73.000 estudiantes.
El pasado jueves 1 de agosto una bomba de fabricación casera estalló en una de las paredes laterales de la Facultad de Ciencias Médicas.
Es el tercer atentado desde mayo de 2019, y todos han ocurrido casi en el mismo lugar: en los exteriores de la Escuela de Medicina.
La última explosión fue la de mayor magnitud, tan potente que abrió un hueco en la pared y rompió los vidrios de las ventanas contiguas. La zona ya ha sido limpiada y el agujero tapado con una lata.
A pocos pasos está un kiosco de venta de copias y anillado. Allí hay temor. Los empleados y profesores pasan por el lugar y cuando PRIMICIAS les solicita una entrevista, se rehúsan a hablar.
Investigaciones sin resultados
Gonzalo es profesor en la Facultad de Medicina y pide ocultar su apellido. Considera que luego de tres meses de la primera explosión ya deberían tener noticias de los responsables.
“Tenemos miedo cuando vamos a nuestros vehículos, cuando los dejamos estacionados, no sabemos qué punto será el siguiente”, expresa el docente.
Para exigir respuestas, los estudiantes de Enfermería hicieron un plantón el pasado lunes 5 de agosto. Reclaman que no haya detenidos, ni acusados.
Jean Carlos Intriago es representante de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Él se queja porque desde el primer atentado no hay medidas de seguridad extra ni información sobre cómo avanza la investigación.
Consultado por qué la violencia se circunscribe en Medicina, dice que esta facultad, al ser la más poblada (10.000 alumnos), siente los problemas de la universidad con mayor fuerza.
La Universidad de Guayaquil fue intervenida por tercera vez el 9 de enero de 2019, debido a irregularidades académicas, administrativas y financieras
Según Intriago la situación ha empeorado y lamenta el despido de profesores y personal administrativo.
Marcela Vélez, vicepresidenta nacional de la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador), también se queja de la intervención.
Según ella, la universidad ha retrocedido y los hechos de violencia son una prueba de eso.
La dirigente cuestiona que la seguridad, por parte de la Policía, se refuerza los días posteriores a los atentandos, pero luego la situación se relaja hasta la siguiente explosión.
En mayo pasado cuando ocurrió una de las explosiones y una maestra resultó herida, se anunció un Plan de Seguridad que incluiría torniquetes para el paso de los alumnos, cámaras de vigilancia y estaciones con guardias para el control de vehículos.
El presidente de la Comisión Interventora y rector encargado, Roberto Passailaigue, indicó a los medios que el plan no ha sido inicia porque las transferencias de recursos no han llegado desde el gobierno.
Según Passailaigue, en 2019 deben recibir USD 17,8 millones para gastos de inversión y les han entregado USD 150.000.
El presupuesto total de la Universidad Estatal asciende a USD 178 millones en 2019. PRIMICIAS solicitó en dos ocasiones una entrevista con el rector, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.
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