Desde julio de 2020, la Agencia de Control, Regulación y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ha implementado un equipo de control de venta ilegal de medicinas a través de redes sociales.
La familia de Inés Herrera lleva tres días buscando en distribuidoras de medicinas, y hasta en Internet, los sedantes que en el IESS de Babahoyo no tienen.
Inés, de 62 años, fue intubada como consecuencia del coronavirus. Ha gastado cerca de USD 300 dólares diarios por cuatro medicinas: Midazolam, Rocuronio, Propofol y Fentanilo.
“Estamos buscando como sea el efectivo, y no todas las medicinas están en stock, como la Midazolam”, dice su hija Melina Cabello.
En la desesperación de salvar la vida de su madre, con una sencilla búsqueda en Internet, aparecen opciones de personas que venden el medicamento sin receta médica y, a veces, al doble de su precio normal.
Pero al comprar cualquier tipo de sustancia por Internet, se corre el riesgo de “ser presa de medicamentos falsificados, adulterados o sin la calidad adecuada”, explica María Belén Mena, farmacóloga de la Universidad Central.
Los medicamentos deben se almacenados cuidadosamente.
Por ejemplo, explica la investigadora, “¿se han dado cuenta de que las ampollas suelen tener un color oscuro? Se fabrican así porque si les da la luz se descomponen y no funcionan. Otras no resisten la humedad, ni el calor”.
Los riesgos son altos cuando no se tiene la certeza de cómo fue fabricado o almacenado el medicamento.
“No se puede saber si adentro hay un líquido estéril, imagínese ponerlo en la vena a un paciente, le podría causar la muerte”
María Belén Mena, investigadora de la Universidad Central.
Y las probabilidades de comprar por Internet un medicamento adulterado es alto.
Según la Organización Mundial de la Salud, en más del 50% de los casos se ha comprobado que los medicamentos adquiridos a través de sitios web sin domicilio social declarado, son productos falsificados.
Un negocio ilícito
No hay sanción para quienes compran un medicamento a través de redes sociales, pero sí para quienes lo venden.
El Código Orgánico Integral Penal contempla varias sanciones por la producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos que incumplan las exigencias normativas relativas a su composición, que van de uno a 13 años de prisión.
Según Daniel Sánchez, coordinador general de la Agencia de Control, Regulación y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), este tipo de delitos ha aumentado a raíz de la pandemia.
Debido a eso, desde julio de 2020, Arcsa ha debido destinar un equipo de monitoreo de redes sociales.
Este año han encontrado 270 alertas, de las cuales 15 se configuran en incumplimientos.
Arcsa crea “un cliente fantasma, para ponernos en contacto con esas personas, muchas veces responden, otras veces no”, explica Sánchez.
Sin embargo, “el mayor problema que encontramos es cuando no hay un establecimiento de almacenamiento, cuando estos productos son entregados de manera domiciliaria”.
Los productos que más han detectado son los nutracéuticos o denominados “naturales”. Pero también los de uso exclusivo hospitalario, como el Remdisivir, que no cuenta con registro sanitario en Ecuador.
“Por lo tanto, este medicamento ingresa, presumiblemente, por contrabando”, dice el coordinador de Arcsa.
También el Tocilizumab, que solo una farmacéutica tiene la autorización de importarlo. Sin embargo, el que se ha encontrado en la web no tiene registro sanitario.
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