Según el INEC, entre 2010 y 2017 nacieron 17.688 niños de madres menores de 14 años. Los colectivos feministas se niegan a aceptar las reformas al Código Integral Penal y anuncian que continuarán su lucha contra la criminalización del aborto por violación.
Las agresiones sexuales a niñas son cometidas, en su mayoría, por personas del círculo íntimo de las pequeñas: padres, tíos, hermanos, primos o abuelos, según la Organización Mundial de la Salud.
Como consecuencia de la violencia sexual, en Ecuador, alrededor de 2.000 niñas menores de 14 años llegan anualmente a los hospitales para dar a luz un hijo fruto de una violación.
Según datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 17.688 bebés nacieron entre 2010 y 2017 de madres menores de edad. Según el Código Integral Penal toda relación sexual mantenida con un menor de 14 años es considerada violación, pues la ley considera que a esa edad no se puede dar consentimiento.
Ana y María son parte de esta estadística. Las dos niñas, de 11 y 13 años, fueron violadas por su padre entre plantaciones de banano en una quinta de Lago Agrio.
Jeanneth Cevantes, del colectivo Vivas Nos Queremos llevó el caso a la justicia. Dice que el agresor utilizaba un cuchillo y un machete para amenazar a niñas y que no cuenten el atroz delito.
Los constantes abusos desencadenaron en el embarazo de María, quien no tuvo otra opción que dar a luz al niño.
Animación: Diego Corrales, Primicias
En Ecuador, el Código Integral Penal (COIP) sanciona con penas que van entre los seis meses a los dos años de prisión a las mujeres que se practiquen un aborto, a pesar de haber sido violadas.
Así lo ratificó la Asamblea Nacional el 20 de septiembre de 2019, negando la posibilidad de que una mujer que haya sufrido violencia elija continuar con su embarazo.
Esa fue una de las principales luchas de los colectivos feministas que promovían las reformas al COIP y que no se han dado por vencidos.
Los colectivos que buscan la despenalización del aborto en casos de violación están a la espera de que el presidente Lenín Moreno vete las reformas al COIP para que el debate regrese al Legislativo.
Al mismo tiempo analizan la posibilidad de presentar una demanda en la Corte Constitucional para que sea la justicia quien dirima un caso de derechos humanos, como ya ocurrió con el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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