El presidente ha dicho, al menos, en dos ocasiones que la despenalización del aborto por violación debe tratarse de manera técnica y no con un enfoque político. Su pronunciamiento, sin embargo, está limitado por la Constitución.
Nota actualizada a las 10:47, del 19 de septiembre, con la disposición constitucional sobre el veto parcial.
"El aborto debe ser decisión exclusiva de las mujeres, no es un tema político".
"La despenalización del aborto (por violación) debe estar en manos de los técnicos y en manos de los científicos”.
Esto dijo el presidente Lenín Moreno el 5 de abril de 2017 y luego el 18 de julio de 2019 cuando fue consultado sobre su posición en torno a la despenalización del aborto por violación.
Esas dos frases dan esperanza a los colectivos feministas de que el veto presidencial pueda revertir la resolución de la Asamblea que decidió mantener el aborto por violación como un delito.
En sus declaraciones, Moreno se ha apartado del dogma religioso y ha señalado que se trata de un tema científico y de una decisión de cada mujer.
Es por eso que los colectivos como Surkuna y la Fundación Desafío, que buscan la despenalización, esperan que Moreno vete la reforma al Código Integral Penal (COIP), aprobada por la Asamblea la noche del 17 de septiembre de 2019.
Ese día, faltaron solo cinco votos para que las mujeres que han sufrido abuso sexual puedan abortar sin ser sentenciadas a prisión: hubo 65 votos a favor, 59 en contra y cinco abstenciones.
Pero, el pronunciamiento del presidente de la República sobre el texto aprobado por la Asamblea tiene un límite que le impone la Constitución. El artículo 138 dice, específicamente, que si la objeción fuera parcial, la presidenta o presidente de la República presentará un texto alternativo, "que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto".
Y el texto que le llegará a Moreno con las reformas al Coip, no incluye la despenalización del aborto por violación.
Defender un derecho humano
Pero, los colectivos están conscientes de que Moreno podría dejar el texto tal y como lo aprobó la Asamblea.
Ana Cristina Vera, directora de Surkuna, dice que las organizaciones sociales no solo esperarán al veto presidencial, sino que también presentarán acciones legales en las cortes nacionales e internacionales.
"La Asamblea falló nuevamente a miles de niñas que son abusadas sexualmente y que son obligadas a parir" .
Ana Cristina Vera, directora de Surkuna
La activista dice que, además, saldrán a las calles a presionar para que las autoridades "vuelquen sus miradas a las niñas violentadas que no tienen más remedio que dar a luz un hijo fruto de un abuso".
Además, tienen previsto llevar una demanda a la Corte Constitucional, que ya demostró estar a favor de los derechos humanos con la aprobación del matrimonio igualitario el 12 de junio de 2019.
Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, se muestra indignada con la decisión de la Asamblea.
"El futuro de esas niñas se trunca luego de ser forzadas a ser madres", dice Gómez.
Las organizaciones sociales prevén sostener reuniones en los próximos días para delinear la ruta que les permita logar el objetivo: despenalizar el aborto en casos de violación.
Aborto, a la Corte Constitucional
El camino que más consenso suscita entre los colectivos sociales y los abogados que respaldan la despenalización del aborto en casos de violación es presentar una demanda ante la Corte Constitucional.
Mauricio Maldonado, catedrático del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, dice que ve "poco probable que el presidente Lenín Moreno vete las reformas al COIP".
Es por eso que cree que hay que llevar el caso a la Corte Constitucional. Aunque aún se está preparando el argumento jurídico, dice que el respeto a los derechos humanos es el marco general que ampararía al recurso.
Maldonado agrega que los 65 votos que se alcanzaron en la Asamblea a favor de la despenalización del aborto son una muestra de que Ecuador ha ido alcanzando logros en materia de derechos humanos.
Un movimiento que tuvo su punto más alto con la aprobación del matrimonio igualitario.
El catedrático también dice que la despenalización del aborto es una realidad en países en los que hay un mayor desarrollo social, como Estados Unidos y Canadá.
"Faltaron cinco votos que posiblemente se conseguían con las abstenciones y ausencias de asambleístas que había anunciado públicamente su respaldo a la despenalización. Hasta ahora no se entiende qué paso con ellas", dice Maldonado.
Ecuador, demandado en Suiza
El 29 de mayo de 2019, el estado ecuatoriano fue demandado en Ginebra (Suiza) por no proteger los derechos de una niña menor de 14 años que fue violada por su padre y obligada a dar a luz.
La niña no pudo abortar porque el Código Integral Penal castiga a esta práctica con penas que van desde los seis hasta los dos años de prisión.
Ana Cristina Vera, directora de Surkuna, viajó a Suiza para interponer la demanda y buscar que Ecuador sea obligado a ofrecer una reparación integral a la víctima.
"Lo que se busca es que no solo haya una reparación económica, sino también psicológica y de acompañamiento a lo largo de su vida", agrega.
Ese día también se presentaron otras tres demandas contra Guatemala y Nicaragua por el mismo motivo.
En esos países, un cura, un abuelo y un funcionario público abusaron de tres niñas, que también fueron obligadas a ser madres.
Vera dice que el objetivo de la demanda fue visibilizar el problema en la región y que los países comprendan la necesidad de aprobar la despenalización del aborto.
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