Cárcel de El Inca, la vecina incómoda en la calle De las Toronjas

Cada mañana, cuando María Gualoto cruza la puerta de su casa, en la calle De las Toronjas, en el norte de Quito, se topa de frente con una incómoda vecina: la cárcel de El Inca. Amurallada con paredes gruesas, rejas y un portón enorme, acoge a 1.298 internos.

La tarde del 7 de noviembre, en este lugar –al que las autoridades llaman el Centro de Privación Provisional de Libertad (Cppl) Pichincha Masculino N.º 1– hubo un enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales: Los Lobos y Los Ñetas.

Gualoto no sabía entonces lo que pasaba allí dentro. Pero se estaban matando. Lo supo tras la llegada de patrulleros y ambulancias que, inmediatamente, obstaculizaron el paso.

Al día siguiente, el 8 de noviembre, la residente, de 69 años, se enteró de que aquella gresca había dejado cinco internos asesinados y tres heridos. Pero no se muestra sorprendida. Es como si estuviera acostumbrada a lidiar con los problemas de esta 'mala vecina'.

Desde el portón de su casa, Gualoto asegura que cuando ocurren estos incidentes, prefiere encerrarse en su domicilio. Ha vivido en el sector en la calle De las Toronjas desde hace muchísimo tiempo. "Somos nativos de aquí", sostiene.

Esta prisión fue ocupada por mujeres internas y sus hijos hasta 2014, cuando las trasladaron al Centro de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi.

María Simbaña, otra residente, recuerda que los habitantes del sector creyeron que iban a tener un respiro lejos de los presos. "Pedíamos que en ese lugar se levantara una escuela o algo parecido y que fuera beneficioso para el barrio".

Pero no pasó.

"Nos vaciaron la cárcel y al tercer día amanecimos con los hombres (presos) aquí", lamenta.

Presos sin condena

En 2014, la ministra de Justicia de entonces, Ledy Zúñiga, dijo que esa infraestructura sería usada para el internamiento de las personas detenidas por apremio y contravenciones de tránsito.

En ese mismo año, el histórico penal García Moreno cerraba sus puertas a los presos, incluido el centro de detención provisional, que funcionaba en una de sus alas.

Siete años después, la premisa de Zúñiga no se cumple. En los exteriores del centro penitenciario, donde hay –incluso– una carpa militar supervisada por el oficial Giovanny Castillo, lloran las madres y esposas por sus hijos y esposos.

Mery Morales cuenta entre lágrimas que su pareja lleva dos años y medio detenido por el delito de extorsión. Valentina Villalobos no se despega de la puerta con la esperanza de que alguien salga y le diga que su marido, arrestado desde hace un año por robo, está bien.

Y Daniel, en cambio, abraza con fuerza a su hermano, quien sale del centro luego de 30 días por no pagar la pensión alimenticia.

Es decir, hay de todo. Presos sin condena. Y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) tiene identificados a sus internos allí dentro –según el último boletín difundido–, entre ellos a quienes pertenecen a las bandas de Los Lobos y a Los Ñetas.

Hay hacinamiento

El director del SNAI, Guillermo Rodríguez, dijo en una entrevista radial que existe el 30 % de hacinamiento en esa cárcel. Mientras que Víctor Jácome, subdirector de medidas cautelares y medidas socioeducativas del SNAI, detalló que el enfrentamiento ocurrido el 7 de noviembre se produjo por la pugna de las bandas por conseguir el control de la cárcel de El Inca.

Esa tarde, dijo, se activaron todos los protocolos. Lo que significó el cierre de la calle De las Toronjas, otro problema del que se quejan los vecinos, como María Simbaña. Ella cuenta que su hijo no pudo pasar, pese a que les insistía a las autoridades que vive allí. "Es un caos".

Debió parquear su carro lejos, con el riesgo de un robo. Pues la zona "se ha vuelto un poquito peligrosa", afirma Adrián Vivas, de 18 años, quien cuida los vehículos desde hace un mes. "Hay que tener cuidado, porque a algunos autos los desvalijan", añade.

Algunos prefieren no hablar por el temor a represalias. Otros se han mudado. Hay casas que venden o arriendan.

Al final, a los vecinos de De las Toronjas no les queda más que resignarse por ahora. El país enfrenta una crisis carcelaria.

No pueden irse, porque allí están sus casas y sus negocios. Viven con incertidumbre. "No sabemos en qué momento se van a alocar (los detenidos)", dicen. El 30 de octubre pasado fue el hallazgo de dos muertos en el centro. Esta vez ocurrió el enfrentamiento de bandas.

¿Mañana qué vendrá?