Llanto y desesperación en los exteriores de la Cárcel de El Inca

Antonio (nombre protegido) pasó 30 días en el Centro de Privación Provisional de Libertad (Cppl) Pichincha Masculino N1. El 7 de noviembre estaba lista su boleta de excarcelación, pero los enfrentamientos provocados en el interior por dos bandas delincuenciales, Los Lobos y Los Ñetas, impidieron su salida.

Su hermano Daniel, sentado en un tronco afuera del centro, contó que apenas se enteró de los incidentes –que dejaron cinco muertos y tres heridos– llegó al lugar. Pero, ninguna autoridad le informó sobre el estado de las personas privadas de libertad (ppl). Así que volvió a la mañana siguiente, el 8 de noviembre.

Bajo el sol y tras agilizar los trámites de salida, Antonio, quien pagó una pena por pensión alimenticia, cruzó la puerta de esta prisión, antes conocida como la Cárcel de El Inca, en el norte de Quito, a las 11:05.

Sus familiares lo abrazaron y antes de marcharse dijo a PRIMICIAS que "adentro estaba todo tranquilo y que quería ir a casa".

1.298 detenido están en la cárcel de El Inca

Sin embargo, en los exteriores de la cárce de El Inca nada parecía en calma. Había otros familiares de internos que estaban ansiosos por conocer la situación de sus hijos, esposos, padres. Mayra García no paraba de llorar. Decía que el día anterior había recibido un audio en el que alguien le advertía que su hijo había sido asesinado.

Sin tener información oficial, porque como ella muchos allí afuera reclamaban una lista de fallecidos y heridos, se acercó al militar y custodio del exterior del centro, Geovanny Castillo, para suplicar por datos sobre su allegado. Él atinó a decirle que tenga paciencia y que pronto alguien les brindaría ayuda.

Otros familiares que aguardaban cerca de la puerta no se quedaron conformes. Los ojos de Mery Morales, de 55 años, se cristalizaban cada vez que se abría la puerta de la cárcel con la ilusión de que el director del Cppl saliera y le dijera que su esposo –privado de libertad dos años y medio por el delito de extorsión– está bien. Pero no pasó, al menos, hasta el mediodía.

Quienes sí llegaron fueron unos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, pero no hablaron.

Valeria Villalobos, venezolana de 30 años, se aproximó a ellos para pedirles asesoría. Minutos antes, la mujer había contado que no sabía a quién acudir para reclamar por los derechos humanos de su pareja, quien también es extranjera.

"Llegamos ayer (7 de noviembre) a las 20:00 y nos quedamos hasta las 02:00 de la madrugada. Nos dijeron que iban a hacer un conteo, pero nada. Tenemos una sensación de olvido", subrayó.

Su esposo está detenido desde hace un año por el delito de robo, junto a otros cuatro amigos. De ellos ya sabía que estaban vivos, pero de su pareja, quien está en el pabellón Ceibos, no.

Que estuviera en Ceibos al menos la dejaba tranquila, ya que Mayra García, a quien le dijeron en una nota de voz que su hijo murió, contó que el enfrentamiento fue en el pabellón El Batán, donde permanece su familiar. Pero hasta las 11: 00 no sabía nada. Solo había la certidumbre de que hubo una matanza. Y eso les daba pánico, incluso 17 horas después.

Un grupo de mujeres, sentadas en la vereda, decían que ellas habían ido a la morgue de la Policía. Entre ellas estaba Mariana García, que aguardaba por información de su sobrino. Explicó que la cifra de muertos reportada por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) era de cinco, pero a ella le habían dicho que fueron mucho más.

También advirtieron que el enfrentamiento se produjo tras el ingreso de varios reos desde otros centros.

PRIMICIAS pidió información al SNAI sobre la situación actual del Cppl, pero hasta las 12:00 no hubo respuesta. Mientras que el director del SNAI, Guillermo Rodríguez, dijo en la mañana en una entrevista radial que en la cárcel de El Inca hay más del 30% de hacinamiento.

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