El Ejecutivo declaró el estado de excepción, por grave conmoción interna, en todos los centros de privación de libertad del país.
A partir de este 25 de julio, todos los centros de rehabilitación del país están en estado de excepción, luego del decreto emitido por el Gobierno.
La nueva medida regirá por 60 días y dispone la movilización y participación inmediata de las Fuerzas Armadas, la Policía y el SNAI en las cárceles del país.
Según los informes presentados al Ejecutivo, se expone que el nivel de violencia en las cárceles ha superado las "capacidades operativas del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria".
Por lo tanto, se justifica el soporte de las Fuerzas Armadas para recuperar el control y orden al interior de los centros penitenciarios.
Esta emergencia se dicta luego de los enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral, que ya lleva más de tres días y ha dejado seis muertos.
Incluso, este 25 de julio se escucharon nuevas detonaciones de explosivos al interior de esta peligrosa cárcel.
Además, se reportan 96 agentes retenidos por reclusos en cinco cárceles y hay huelga de hambre en otros penales.
Por otra parte, este es el segundo estado de excepción dispuesto por el Gobierno en menos de 24 horas, luego del emitido también por grave conmoción interna en Durán, Manabí y Los Ríos.
Esta última medida se tomó luego del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, en un hecho que ha arrinconado la política del país.
¿Qué contempla el estado de excepción?
El decreto ejecutivo N.º 823 contempla varias disposiciones como:
- En caso de existir incidentes flagrantes, sus zonas perimetrales, vías y zonas de influencia, la Policía Nacional, de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, podrá actuar de modo urgente.
- La movilización y participación de las Fuerzas Armadas será en coordinación con las labores que lleve a cabo la Policía Nacional.
- La intervención de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y, de todos los servidores públicos encargados de la ejecución de este estado de excepción deberá obligatoriamente respetar los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
- Se dispone requisiciones al interior y exterior de los centros de privación de libertad.
- El Ministerio de Economía y Finanzas asignará los recursos suficientes para atender la situación de excepción, pudiendo disponer de los fondos públicos necesarios para el efecto.
Según datos del último censo penitenciario, en todo el país hay 31.321 presos, la mayoría tiene entre 18 y 44 años.
De los presos que ya recibieron sentencia, casi 8.000 fueron acusados por delitos relacionados con el narcotráfico. Luego, los delitos más comunes son robo y homicidio o asesinato.
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