Caso Purga: ATM obtuvo fallos favorables por agentes desvinculados de forma "irregular"

A pesar de que en primera instancia, jueces dieron la razón a decenas de agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil por presuntas desvinculaciones irregulares, la mayoría se revirtió luego. El tema toma otro matiz a la luz del caso Purga. 

Jueces provinciales de la Corte de Justicia de Guayas, epicentro del caso de corrupción judicial, decidieron inadmitir en segunda instancia demandas de acción de protección de los perjudicados, según procesos judiciales revisados por PRIMICIAS. 

De hecho, la ATM ha tenido también que reintegrar y pagar sueldos no devengados por años a los vigilantes por irregularidades con despidos intempestivos y desvinculaciones administrativas, debido a violaciones en el debido proceso o por la falta de evidencias.

• Caso Purga agrava "precaria" situación de la Corte de Justicia de Guayas

La Asociación de Agentes Civiles de Tránsito de Guayaquil registra al menos cinco casos de funcionarios reintegrados de forma definitiva, por vía legal, a sus cargos. 

Las medidas reparativas y de satisfacción incluyen pagos de aportaciones pendientes al Seguro Social y de las remuneraciones adeudadas en casos en que los agentes se mantuvieron sin trabajar en la institución incluso por más de dos años. 

Los chats del caso Purga, expuestos por la Fiscalía General del Estado, revelan la preocupación de Faddul Mosquera, asesor de gerencia de la ATM, por la cantidad de acciones de protección de este tipo contra la institución. 

"Apelen y vemos todo en sala”

En un intercambio de mensajes en noviembre de 2023, Mosquera se queja por una nueva acción de protección fallada en contra de la ATM con Mayra Salazar, exasesora de la presidenta de la Corte, operadora del caso de delincuencia organizada, según Fiscalía.

• Faddul Mosquera: "Ayer perdimos otra AP (acción de protección)".
• Mayra Salazar: "Ayer se volvió a hablar y se volvió a recomendar".
• Faddul Mosquera: "Agradecemos su gestión. Sabemos que hay J difíciles, lo que le ruego es que gestionen que esto vaya urgente a sala y poder voltear eso".
• Mayra Salazar: "Apelen y vemos todo en sala. Pidan en la apelación (un) error inexcusable, por favor. Que nosotros (tenemos) un sumario de él pendiente".

A cambio de estos favores, un grupo de jueces penales y funcionarios de la Corte obtenían patente de corso para evitar multas de tránsito como las de parqueo vía de impugnación administrativa, según consta en el chat. 

Abogados familiarizados con los casos y agentes despedidos aseguran que el departamento jurídico de la ATM, Empresa Pública Municipal de Tránsito, también ejercía presión y presunto tráfico de influencias en jueces de primera instancia.

Y es que también existen casos de agentes que han perdido en primera instancia y a nivel de Corte Provincial se les ha reconocido la vulneración de derechos. 

Una misma Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas resuelve en menos de un mes dos acciones de protección (09359202100668 y 09332202106875) por despido intempestivo de forma diferente. En un caso se declara improcedente y en otra con lugar.

PRIMICIAS pidió a la ATM un pronunciamiento sobre el caso, pero la entidad se ha limitado a publicar un comunicado en el que anunció que colaborará estrechamente con la Fiscalía, "respaldando todas las acciones que promuevan transparencia y justicia".

USD 25.000 por años no trabajados

El agente de tránsito Andrés Sisalima Briones, por ejemplo, cuenta que lo desvincularon en 2019 con un sumario administrativo por supuesto cobro de coimas. 

Pero en febrero de 2021 una jueza de lo penal falló a su favor una acción de protección por la violación al “derecho al debido proceso en la garantía de la motivación”. 

“La ATM llegaba sin pruebas a las audiencias. Y desvinculaban a los agentes por la Ley Orgánica de Empresas Públicas (Loep), cuando como funcionarios especializados hacemos parte del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop)”, dijo. 

El fallo a favor de Sisalima, de 28 años, incluyó la reintegración inmediata a su cargo y el pago de sueldos no devengados durante dos años en los que se vio impedido de trabajar en la institución. En 30 días recibió unos USD 25.000, pues su salario era de USD 1.084. 

La ATM apeló el fallo 15 días después. “Y luego de seis meses de estar trabajando el juez de segunda instancia deliberó sin realizar audiencia y emite sentencia sin la presencia de mi abogado”, cuenta Sisalima, quien ahora presta servicios por contrato en otro municipio. 

El agente resultó entonces nuevamente desvinculado. La entidad se quedó con su liquidación, dijo, pero como “no hay efecto retroactivo” tampoco devolvió las mensualidades devengadas. Ahora prepara con sus abogados una acción extraordinaria de protección. 

Sisalima señala una presunta asignación de puestos a familiares de jueces en la ATM. También pide investigar a la abogada Vanessa O., asesora jurídica de la ATM, quien “tenía amistades con jueces” porque había trabajado en el Concejo de la Judicatura.

Ella fue solicitada en comisión de servicios por la ATM en 2020 y cuenta en su hoja de vida con una infracción disciplinaria en la Judicatura, pues se había desempeñado como ayudante judicial, delegada Provincial y secretaria Relatora de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

Aplicación de dos leyes distintas

La ATM nació en 2015. En el Estudio Jurídico Cabrera y Ulloa han defendido desde 2019 más de un centenar de agentes despedidos y una treintena ha logrado ser reintegrado de forma definitiva. 

Entre las irregularidades constan que en diferentes procesos de desvinculación la ATM usó dos leyes distintas. Eso genera la primera incongruencia pues con la Loep se estaría violando el debido proceso de los agentes. 

“Como servidor público especializado, que inició una carrera y ejerce una autoridad, un agente de tránsito debe ser regido por una ley especial, el Coescop”, explica el abogado David Cabrera, de ese estudio. 

El otro problema es que hasta 2020 la institución abusó de los despidos intempestivos e incluso las desvinculaciones con sumarios administrativos pueden ser controvertidas desde el punto de vista legal. La vía administrativa implica menor pago por la separación. 

La tesis del abogado Cabrera es que la ATM malentiende la autonomía de la que gozan los Gobiernos Autónomos, pues es el Municipio el que debería dirigir los sumarios y no una empresa cuyas funciones se limitan a lo operativo en la ley.

“La autonomía la tiene el municipio. La arrogancia y el poder político han hecho que la ATM abuse arrogándose funciones que no le corresponden, aplicando medidas con un trato diferenciador y cometiendo actos de irrespeto a la ley”, aseguró Cabrera. 

Luis Ulloa, quien también hace parte del estudio jurídico, coincide en que el problema principal es el de tratos diferenciados. Y dice que las decisiones contradictorias se extienden también a los propios jueces. 

Además denuncia que ante la separación de agentes, en su momento la ATM los reemplazó con “fedatarios” que no habían concluido su formación e incluso emitían citaciones, algo que prohíbe la ley de transporte terrestre y que también representa “una irregularidad grave”.