Al primo de Pablo Muentes, el Municipio de Durán le tuvo que ofrecer disculpas por una orden judicial

La decisión judicial es una de las puntas de lanza del caso Purga. Tanto la defensa del municipio como del Registro de la Propiedad de Durán (Guayas) pidieron a la jueza desestimar un habeas data insistiendo que debía ser un juez civil el que resolviera el caso.

Al existir dos fichas catastrales de un mismo terreno con dos propietarios diferentes debía ser un juzgado de lo Civil el que determine cuál escritura es la verdadera, según insistieron los abogados municipales en los alegatos del caso. 

Es decir, no se trataba de un caso de datos errados o de una rectificación de información, lo que se resuelve en recursos de habeas data -según los síndicos municipales- sino de una “superposición” de dueños y, por lo tanto, de una “competencia de la justicia ordinaria". 

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Pero la jueza de la Unidad Judicial del cantón Durán, Andrea Patiño Manosalvas, decidió conceder un habeas data "correctivo y cancelatorio" a favor de Fausto Alarcón Gómez.

Se trata del primo y presunto testaferro del exasambleísta del PSC, Pablo Muentes, según la Fiscalía. 

Patiño Manosalvas dispuso al registrador de la Propiedad de Durán que anulara la ficha registral 401. Y así legitimó -según la acusación del caso Purga- la apropiación de 12 hectáreas de tierras en el sector La Margarita, kilómetro 14,5 de la vía Durán-Tambo (Guayas).

Además, la jueza dictó medidas de reparación en favor de Fausto Alarcón en su resolución de 13 de marzo de 2023. Y le ordenó al Municipio de Durán del cantón pedir disculpas públicas al demandante, a través de un medio de comunicación social. 

El presunto modus operandi de la red 

Según la acusación de Fiscalía, Alarcón se valió de una trama de corrupción y de las influencias judiciales de su primo hermano, el exasambleísta socialcristiano, Pablo Muentes Alarcón. Y así se apropió de forma fraudulenta de ese terreno, valorado en USD 200.000. 

De hecho, este sería solo uno de los casos de una red de tráfico de tierras en Durán. Tanto Muentes como Alarcón, acusados de delincuencia organizada, están detenidos por el caso Purga, a la espera de juicio. 

La concesión del hábeas data significó un revés para Eric Ramírez Nieto, el propietario original de los terrenos, quien lleva casi dos años luchando por la restitución de la finca. La decisión de la jueza anuló su ficha catastral, la 401; y legitimó la de Alarcón, la 31, cuenta. 

Compraventas ficticias, fichas catastrales “clonadas” en el Registro de la Propiedad de Durán, amenazas físicas y manipulación de la justicia hacen parte de la presunta red. 

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En la historia de dominio legitimada con el habeas data, una ficha aparentemente “clonada” de forma fraudulenta, según el afectado, consta que Ramírez supuestamente vendió los predios en septiembre de 2005, cuando él ni siquiera se encontraba en el país. 

Esa supuesta compraventa por USD 50.000 en efectivo no existe en la Notaría 30 de Guayaquil, donde supuestamente se legalizó la venta.

Irregularidades legitimadas por vía judicial

Además, Ramírez realizó un préstamo hipotecario a la Corporación Financiera Nacional (CFN) en 2008 con el bien de la vía Durán-Tambo como prenda. Y con ello también cuestiona la falsa venta. “¿Cómo pude vender en 2005 un predio que hipotequé en 2008?”, se pregunta.

Como el crédito hipotecario con la CFN se liquidó en 2013, el afectado presume que la ficha catastral falsa se forjó luego 2014. A pesar de que una supuesta compraventa tiene fecha de 2005, aparece inscrita de forma oficial el 17 de septiembre de 2014, nueve años después. 

Ramírez pide investigar a los registradores de la propiedad desde esa época hasta abril de 2022, cuando descubrió que existían dos fichas del predio, con dueños distintos. 

Entre 2019 y 2023 una administración municipal socialcristiana gobernó Durán, la misma tienda política de Muentes, cercano al líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot.

Tras las irregularidades, el municipio decide otorgar el código catastral al propietario original el 10 de enero de 2023. Pero entonces Alarcón recurrió como su última carta a la acción judicial de habeas data. 

El predio permanece ocupado por la fuerza desde abril de 2022, cuando Alarcón llegó a los terrenos con hombres en cinco camionetas, cuenta el perjudicado.

De hecho, la casa de caña que está en el predio fue allanada en enero pasado por supuestos “vínculos terroristas". Luego de la redada le hicieron cambios y la pintaron de rojo y azul.

La otra carta de la presunta red de tráfico de tierras consistiría en forjar una ficha catastral anterior a la original. La de Ramírez es la 401; y la de Alarcón, la 31, un supuesto catastro más antiguo. 

El caso en apelación 

A través de contratos de compraventa notarizados, la pareja integrada por Fausto Liborio R.S. y Flor María V.M, se traspasó la propiedad en mención en diciembre de 2021. 

En enero de 2022 la venden supuestamente a Alarcón y los traspasos se hacen "en el papel" por USD 50.000 en efectivo, cuando el avalúo de los terrenos es de USD 200.000 .

Luis Azanza, abogado de Ramírez, dice que lo que se pretende con estas supuestas transacciones previas es desmarcarse del "negocio jurídico sucio".

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“Se traspasa varias veces la propiedad para darle una apariencia de negociación lícita y que el foco de negociación turbio e ilegítimo no caiga en el último comprador.  A mi criterio, esa es la estrategia”, dice el abogado. 

La defensa de Ramírez apeló la decisión. Y el caso la conocerán en segunda instancia los jueces provinciales Carlos Pinto Torres, Gina Jácome Veliz y Alexandra Novo Crespo. 

“Los jueces de la sala laboral que tienen en manos este proceso están al tanto de lo ocurrido, saben que se desprende del caso Purga y que la jueza decidió de manera irregular”, agregó Azanza. 

La jueza suspendió la audiencia cuatro veces antes de dictar sentencia y cuando lo hizo, resolvió vía telemática, recordó el abogado. 

Azanza dice que el habeas data procura proteger el acceso, la rectificación o eliminación de datos personales, pero no puede incidir sobre los derechos de un tercero, su cliente. “Lo que cabía era una demanda o un juicio de nulidad de escritura o de inscripción”, dijo.

La audiencia de apelación está prevista para el próximo 18 de abril.  También se solicitó que se declare el error inexcusable de Andrea Patiño, con lo que se busca su destitución. Además, enviaron al Consejo de la Judicatura una queja formal por lo actuado.