Mayra Salazar, quien fue pareja sentimental de Leandro Norero y comunicadora de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, es el centro del caso Purga, que investiga una red de delincuencia organizada en la justicia del Guayas.
Los resultados de la investigación de caso Purga se revelaron durante la audiencia de formulación de cargos, la noche y madrugada del 4 y 5 de marzo de 2024. Allí, la Fiscalía reveló cuál sería la función de los 12 procesados en la trama, en la que confluyen los poderes políticos y judiciales, con el narcotráfico y la corrupción.
La fiscal general Diana Salazar presentó su formulación de cargos por casi tres horas, durante las cuales presentó los indicios y los resultados de las investigaciones que la Fiscalía lleva adelante desde febrero de 2024.
Según la Fiscalía, esta estructura de delincuencia organizada logró ubicar a la provincia de Guayas como el "epicentro de la desnaturalización del derecho". Los principales indicios que presentó la Fiscal son la materialización de las conversaciones que se encontraron en el celular de Mayra Salazar, una de las procesadas en el caso Metástasis.
Mayra Salazar aparece en los chats encontrados en el celular del narcotraficante Leandro Norero, con quien supuestamente mantenía una relación sentimental. Ella supuestamente fue quien gestionaba a favor de 'El Patrón', parte de sus acciones judiciales.
Ahora, el celular de Mayra Salazar y sus chats son el centro del caso Purga. Allí se encontró conversaciones que ayudaron a desenredar una red de corrupción que, según la Fiscalía, operaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Los líderes de la organización
Según la Fiscalía, la "cúpula" de la delincuencia organizada que operaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas estaba dirigida por el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, con el apoyo y planificación de los jueces provinciales Fabiola Gallardo y Johann Marfetán.
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Pablo Muentes, exasambleísta del PSC
El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, en el Pleno de la Asamblea. AN
La Fiscalía lo señala de tener el control de la administración de justicia en Guayas y de ser quien dirigía esta red de delincuencia organizada que se investiga.
Habría financiado la campaña y la operatividad de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
Por pedido de Gallardo, Muentes habría contratado a Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, para que trabajara como relacionista pública en su "campaña" para la elección de la presidencia Corte Provincial de Justicia del Guayas. Por esto, pagó USD 2.500 mensuales por cuatro meses.
El pago de esta mensualidad se habría cuadrado en la casa de Muentes. Y después de los cuatro meses, fue Muentes quien pagaba a Mayra Salazar esta mensualidad.
Muentes habría usado su cercanía con Gallardo para beneficiarse con un fallo judicial que le permitió a él y a su esposa obtener una indemnización de USD 3,9 millones del Banco del Pacífico. Habría usado recibos falsificados y adulterados.
El exasambleísta también habría logrado favorecer a Fausto Alarcón Gómez, su primo y presunto testaferro, según la Fiscalía, quien también está procesado en el caso Purga. Él es un empresario, cuya actividad económica es la venta de sánduches de chancho.
Según la Fiscalía, Alarcón se benefició de un hábeas data que le permitió apropiarse de un terreno en Durán valorado en USD 200.000, sin tener el soporte legal.
Muentes, de su lado, aprovechando su poder político, habría logrado que se archiven cuatro sumarios administrativos abiertos contra Gallardo.
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Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas
Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Twitter Fabiola Gallardo R.
La Fiscalía sostiene que ganó las elecciones para presidencia en la Corte Provincial gracias al trabajo de la publicista Mayra Salazar, que era financiado por Pablo Muentes.
Gallardo habría intervenido en varias decisiones judiciales. Por ejemplo, en una acción de protección con medida cautelar, presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas de Quito, por un contrato.
En primera instancia, una jueza falló en contra del Cuerpo de Ingenieros. Pero en la apelación, los jueces provinciales, entre ellos Fabiola Gallardo, fallaron a su favor.
El pago por esta sentencia habría sido la remodelación del piso del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas. Esta remodelación habría sido coordinada por Mayra Salazar.
En otro caso, Gallardo habría accedido a cambiar a uno de los jueces del caso Banco del Pacífico, después de que él no accediera a "colaborar".
También habría iniciado gestiones para contactar a alias 'Fito', con el fin de obtener un beneficio económico a cambio de su fallo, porque ella era parte del Tribunal que conoció la apelación del SNAI cuando fue trasladado a La Roca.
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Johann Marfetán, juez de la Sala Penal de Guayas
Según la Fiscalía, habría facilitado la manipulación de la justicia en un habeas data.
Tenía una relación cercana con Pablo Muentes. Integró la Sala de la Corte Provincial que ratificó un fallo de primera instancia, el cual ordenó al Banco del Pacífico registrar documentos de pago falsos en sus asientos contables y fijar la indemnización de USD 3,9 millones para Muentes y su esposa.
Marfetán también es parte del caso Metástasis. Ahí, es investigado por su participación en una audiencia de apelación presentada por Norero y sus hermanos. En este caso, una audiencia fue fijada para el 19 de julio de 2022 pero esta no se pudo realizar justamente por la ausencia de Marfetán. Por esto, se nombró a otro juez en su reemplazo.
Como parte del tribunal de apelación, también ratificó el sobreseimiento de Betty T., madre de Leandro Norero. Mafetán de hecho fue recusado de ese caso hace poco (octubre de 2023) y separado de la causa.
Los cómplices
Los otros nueve procesados fueron señalados por la Fiscalía como cómplices, por haber trabajado en coordinación con los líderes de esta supuesta organización delictiva.
- Reinaldo Cevallos, juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas: Falló en primera instancia a favor de Muentes y su esposa en el caso del Banco del Pacífico, y cinco días después de la ejecución de la sentencia, fue nombrado juez de la Corte Provincial.
- Henry Taylor y Guillermo Valarezo, jueces de la Corte Provincial de Justicia de Guayas: fueron parte del tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en su causa contra la EPMOP, por la que Gallardo recibió la remodelación del piso de su oficina.
- Lino Tumbaco y Nelson Mecías, jueces de la Corte Provincial de Justicia de Guayas: formaron parte del tribunal de apelación que rechazó un recurso dentro del caso del Banco del Pacífico. Lino Tumbaco fue incluido en el tribunal después de que otro juez no quisiera "colaborar", por pedido de Muentes. A cambio de esto, habría solicitado un cargo para su hijo en la Judicatura de Guayas.
- Saúl Mero, asesor del Consejo de Judicatura de Guayas: habría participado en el archivo de sumarios administrativos en contra de Gallardo.
- Ruth Solano, procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: fue quien planteó la acción de protección contra la EPMOP. Hizo una transferencia de USD 1.400 a Marya Salazar para la remodelación del piso de la Presidencia de la Corte.
- Mónica Alvarado, esposa de Pablo Muentes: se habría beneficiado junto con su esposo de la decisión en el caso del Banco del Pacífico.
- Fausto Alarcón, primo de Pablo Muentes: se habría beneficiado de las influencias de su primo para obtener un fallo favorable en la disputa por un terreno en Durán, con documentos falsos, por medio de un habeas data. Es señalado como un presunto testaferro de Muentes.
Los que faltan
La fiscal Diana Salazar mencionó durante la audiencia de formulación de cargos que habrá nuevas vinculaciones en la causa, y adelantó dos nombres:
- Hugo González, actual presidente de la Corte Provincial del Guayas, posesionado en enero de 2024 en reemplazo de Fabiola Gallardo. Según la Fiscalía, también trabajó con Mayra Salazar en su "campaña" para la presidencia de la Corte. Habría basado su "campaña" en el ofrecimiento del "timbre electrónico".
- Mercedes Villarreal, directora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayaquil. Habría ayudado en el archivo de sumarios administrativos en contra de Fabiola Gallardo. Además, habría ayudado en la implementación del "timbre electrónico" para la elección de Hugo González.
La fiscal general también mencionó a Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, y mencionó a una "exvocal de la Judicatura que acaba de renunciar", en referencia a Elcy Celi.
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