El Ministro del Interior asegura que hay viviendas que no ofrecen las condiciones humanas adecuadas para que la Policía vigile los arrestos domiciliarios.
En total, 1.304 policías vigilan a las 326 personas con arresto domiciliario que se reportan en Ecuador, según el Ministerio del Interior. Lo que resulta en un cuello de botella que impide incrementar el número de uniformados en las calles.
Además, se trata de personal policial que corre peligro porque, a quienes custodian, tienen alto nivel de riesgo y peligrosidad, sostiene el ministro del Interior, Juan Zapata.
Entre los procesados con arresto domiciliario figuran supuestos narcotraficantes, abusadores y homicidas.
Por eso, Zapata y la Policía han pedido al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, buscar soluciones.
Exactamente, han solicitado que a los requisitos que ya existen para el arresto domiciliario (embarazo, enfermedad catastrófica, tercera edad) se incorpore dos informes: análisis de riesgo y capacidad operativa.
“Si bien es cierto, los arrestos están bajo norma y no podemos ir contra la independencia de la decisión de los jueces, sí es necesario establecer soluciones”, expresa Zapata.
Sobre el primero punto, sostiene que existen viviendas que no ofrecen las condiciones humanas adecuadas para que el policía desempeñe su labor; en cuanto a la capacidad operativa dijo que solo en Guayaquil se emplean 400 uniformados para los arrestos domiciliarios.
Por ejemplo, hay barrios en Guayas o en Esmeraldas en que las viviendas colindan con ríos, lo que aumenta el riesgo de fuga y dificulta la custodia de los procesados.
Pronunciamiento de la Corte
Saquicela dijo que, tras el diagnóstico presentado por la Policía y el Ministerio del Interior, el Pleno de la Corte se reunirá para expedir una resolución que permitiría solucionar, en buena parte, el tema de los arrestos domiciliarios
Por su parte, Byron Guillén, juez de la Sala Penal de la Corte Nacional, aseguró que la institución no puede estar alejada de la realidad.
Por eso, agrega que, "bajo el principio de independencia, los jueces deben adoptar una decisión que considere no solo la vida de la persona que se somete a un arresto domiciliario, sino la vida y dignidad del funcionario policial y garantice no restar la capacidad operativa a la Policía Nacional".
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