Minería sin licencia ambiental: el riesgo de gobernar con apuro

Hoy casi nadie discute que el Ecuador es un país megadiverso. Durante más de medio siglo, biólogos nacionales y extranjeros, documentales, artículos periodísticos y el propio sistema educativo han insistido en ello. Sin embargo, no existe el mismo nivel de conciencia sobre la otra parte de esta realidad: que nuestra biodiversidad es extraordinariamente frágil.

En menos de 300 mil kilómetros cuadrados confluyen cuatro grandes regiones naturales —Costa, Andes, Amazonía y Galápagos— que albergan una de las mayores concentraciones de especies por kilómetro cuadrado del planeta. Es un territorio de endemismos, de ecosistemas que no existen en ningún otro lugar, de ciclos hídricos y biológicos que dependen de equilibrios extremadamente delicados. En este contexto, una carretera mal planificada, una concesión mal regulada o una actividad extractiva sin controles estrictos pueden provocar daños irreversibles.

Esta condición no es solo una coincidencia geográfica, sino una responsabilidad histórica para quienes vivimos en el Ecuador y para quienes lo gobiernan, tanto a nivel nacional como local. Proteger la biodiversidad no es un lujo ni un obstáculo para el desarrollo; es una obligación jurídica, ética y generacional. En un país megadiverso, los estándares de protección ambiental no pueden ser mínimos ni flexibles: deben ser máximos y rigurosos.

Por eso, la licencia ambiental no es un simple trámite burocrático, sino la herramienta central del Estado para evaluar impactos, imponer salvaguardas, garantizar la participación ciudadana y exigir reparación cuando corresponde. Sustituirla por una “autorización” ambiental más laxa para los proyectos supuestamente de menor impacto no es simplificar procesos: es renunciar a la capacidad de control en uno de los territorios más sensibles del planeta.

De allí lo peligroso del proyecto de ley económica urgente de “fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía”, presentado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional el pasado 28 de enero, y que incluye la reforma al artículo 26 de la Ley de Minería, vigente desde 2009, para reemplazar la licencia ambiental por una autorización ambiental.

Según el proyecto, la reforma responde a la “necesidad urgente de agilizar los procedimientos administrativos previos a la ejecución de actividades mineras” y a la eliminación de “cuellos de botella regulatorios” que retrasarían la inversión, incrementarían los costos de transacción y postergarían la generación de ingresos fiscales. 

El objetivo es claro: acelerar los permisos para las actividades mineras, porque, según el Gobierno exigir “instrumentos ambientales de alta complejidad” en la etapa de exploración es un “obstáculo desproporcionado” y asegura que el cambio no implica una reducción de los estándares de protección ambiental.

Sin embargo, como señala el biólogo Luis Suárez en un reciente artículo, la licencia ambiental es una herramienta técnico-jurídica clave para aplicar los principios de prevención y precaución y la llamada jerarquía de la mitigación: evitar, reducir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sociales.

Eliminar o debilitar el licenciamiento ambiental constituye un grave error. Al contrario, los estudios de impacto ambiental deben fortalecerse para cumplir sus objetivos fundamentales: identificar riesgos a tiempo y prevenir daños antes de que ocurran. Actuar con prevención no solo protege la naturaleza, sino que también reduce costos.

En lugar de debilitar la gestión ambiental, el Estado debería fortalecerla: mejorar la calidad técnica de los estudios, garantizar transparencia, asegurar la participación ciudadana y dotar a la autoridad ambiental de independencia y capacidades reales de control. Reducir exigencias en nombre de la urgencia fiscal o de la atracción de inversiones es una visión de corto plazo que desconoce los costos sociales, ambientales y económicos de los daños irreversibles.

Debe decirse con claridad: no a la exploración y explotación minera en áreas protegidas, en páramos, humedales y otros ecosistemas frágiles. No se trata de ideología ni de romanticismo ambiental, sino de respeto a las obligaciones del Estado frente a las generaciones futuras.

Debilitar el licenciamiento ambiental no es modernizar el país ni hacerlo más competitivo. Es, por el contrario, institucionalizar la improvisación, reducir la capacidad de prevención y trasladar los riesgos —y los costos— a la sociedad. En un país megadiverso y frágil como el Ecuador, gobernar con responsabilidad implica fortalecer los controles ambientales, no vaciarlos de contenido. Lo demás es una apuesta peligrosa cuyo precio, como siempre, terminará pagando el país entero.