Lo invisible de las ciudades
La Constituyente puede ser una oportunidad para mejorar el manejo y la planificación de nuestro territorio
Arquitecto, urbanista y escritor. Profesor e Investigador del Colegio de Arquitectura y Diseño Interior de la USFQ. Escribe en varios medios de comunicación sobre asuntos urbanos. Ha publicado también como novelista.
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Sabíamos que, sin importar quién ganara, se nos venía una constituyente. La Constitución vigente ha durado mucho más tiempo de lo que muchos hubieran pronosticado. Quizás eso se deba a lo más cuestionable de su naturaleza: es hiperpresidencialista. Fue concebida más para lograr imposiciones que para alcanzar acuerdos o coaliciones. Un gran documento para cuando se gobierna; un pésimo regulador para cuando se está en la oposición. Irónicamente, esto lo han padecido sus redactores, desde que dejaron el poder.
Sin embargo, debo reconocer que esta Constitución ha permitido ciertos avances en lo que ha planificación territorial se refiere. Revisemos entonces, cuáles han sido sus aciertos, y cuáles son aquellos aspectos que deberíamos mejorar.
Dos leyes se promulgaron a partir de los requerimientos constitucionales, para la organización territorial de nuestro país: el COOTAD y la LOTUGS. El primero es casi un saludo formal a la bandera. Muchos de sus planteamientos se quedaron en el papel y jamás se materializaron. Realmente, del COOTAD solo nos queda la división regional, que las organizaciones públicas como el Ministerio de Salud y la Policía Nacional usan para referirse a sus ramas de atención a la ciudadanía en el territorio.
En contraparte, la LOTUGS es la que ha establecido los medios para organizar y planificar el territorio nacional en diferentes escalas. Es la que establece la elaboración de los PDOT y los PUGS; documentos que -al menos en teoría- deberían organizar la planificación de nuestras provincias, cantones y parroquias en ciclos mayores a una década.
Sin embargo, la LOTUGS dista mucho de ser perfecta. Los requerimientos que establece -por ejemplo- para la elaboración del Plan de Uso y Gestión de Suelo PUGS, son específicos en forma, pero muy ambiguos en contenido. Es así como logramos obtener dos productos contrastantes entre sí; tal como lo son los PUGS de Quito y Guayaquil.
Mientras que el de la capital es específico, al punto de rayar en la neurosis, el PUGS de Guayaquil básicamente dice “aquí les damos lo que la ley nos pide. No molesten más”. Es un documento que deja a los municipios hacer lo que le dé la gana; siempre y cuando esté en el formato de componentes, que pide la ley.
Pero el PDOT y el PUGS tienen además otro inconveniente, intrínseco a su naturaleza. Tienden mucho a incentivar el desarrollo urbano de áreas rurales. No da muchas alternativas intermedias. También vale resaltar cuán fácil es convertir un terreno rural en urbano. Esto no solo genera una hipertrofia de las ciudades grandes, sino que impulsa negativamente el crecimiento de áreas que deberían estar estratégicamente vinculadas a la producción agrícola o a la protección ambiental.
Debemos pensar en un manejo de nuestro territorio que permita de manera ágil tener una visión integral de nuestro territorio, con una clara definición de alternativas existentes entre la ciudad y el campo.
También debe mejorarse las formas en las que integramos lo público con lo privado. Por poner un ejemplo: Cuán distintos serían los suburbios de las comunidades cerradas, si tuvieran que vincular tan solo una parte de sus áreas comunales a las calles; o si se les obligara a elaborar construcciones de mediana altura y uso mixto, en lugar de esos muros ciegos con garitas que le regalan las calles a la inseguridad.
Deben establecerse mejores alternativas al crecimiento informal que depende del tráfico ilegal de tierras. Si eso aún persiste es porque los traficantes ofrecen más vivienda que el sector público. Aún no hemos podido eliminar este problema desde la raíz.
Finalmente, veo a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial como un experimento beneficioso e interesante; que debe ser mejorado y no eliminado. Se le cuestiona su unilateralidad. Quizá sea conveniente reestructurarla para que funcione más como un generador de acuerdos y no como sentenciador indiferente a diversas opiniones.