Un Tribunal a la medida

Hace unos días, en una nueva decisión profundamente cuestionable —aunque, lastimosamente, poco sorprendente— el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió que entregar cocinas de inducción en plena campaña no es una infracción electoral. Al menos, no si lo hace una candidata del partido de gobierno. 

La resolución que absuelve a Jadira Bayas, hoy legisladora de ADN, nos da otra razón para avergonzarnos de las instituciones que deberían ser el pilar de la democracia.

Previo a las elecciones presidenciales y legislativas de 2025, circuló un video en el que se ve a la entonces candidata Bayas, repartir cocinas de inducción —con funcionarios vistiendo el chaleco morado distintivo de algunas instituciones gubernamentales— y hacer proselitismo político en favor del gobierno.

Todos los vimos. El video circuló en TikTok, X y otras redes sociales. En la denuncia presentada ante el TCE, se acusaba a Bayas y a su suplente, Carlos Cuesta, de haber participado en eventos organizados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en diciembre de 2024, en el que se entregaron cocinas de inducción. Estas habrían estado almacenadas, según esa institución, desde el gobierno de Rafael Correa.

Varias preguntas.

Primero, ¿cómo pudieron pasar por lo menos siete años y tres gobiernos para que las cocinas fueran finalmente entregadas? Qué irónico, además, que sirvieran para hacer propaganda, precisamente en favor de ADN, cuyo líder, Daniel Noboa, fue cercano al correísmo cuando era legislador. Tan cercano que incluso se llevó a un viaje a Rusia, financiado por él, a varias legisladoras de esa organización política, incluyendo a Pamela Aguirre y Marcela Holguín.

Segundo. El numeral 2 del artículo 278 del Código de la Democracia dice que es una infracción grave “entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos no autorizados por la autoridad electoral, durante el periodo de campaña electoral”.

Y si, como algunos argumentan, la campaña ni siquiera había empezado, entonces se podría sancionar por el numeral 7 del mismo artículo que prohíbe realizar “actos de campaña o precampaña electoral”.

Pero no, el tribunal ignoró lo que todos vimos en las imágenes. Y el problema es que no se trata de un caso aislado. El TCE ha demostrado en los últimos meses que está midiendo con una vara distinta a los actores políticos.

La indulgencia hacia quienes están cerca del partido gobernante contrasta con la severidad aplicada contra quienes no lo están.

El caso más evidente es el del presidente Daniel Noboa. Hizo campaña desde el poder, sin licencia, sin delegar funciones y con una sobreexposición mediática sostenida. Sin embargo, el TCE resolvió que no había ninguna infracción. Que todo estaba dentro de los límites.

Pero mientras Noboa fue absuelto sin mayor reparo, Jan Topić fue descalificado como candidato presidencial. La razón: sus supuestos vínculos con empresas contratistas del estado, expresamente prohibido en el Código de la Democracia.

La decisión fue polémica y cuestionada por varios abogados y analistas; resultaba cuando menos sospechosa por darse de baja a un rival que podía hacer un contrapeso importante a la candidatura de Noboa.

Pero no fue la única medida que levantó dudas sobre la forma de actuar del organismo.

El fallo contra la vicepresidenta Verónica Abad, enemistada con el Ejecutivo, también generó polémica. A Abad el tribunal le impuso una sanción de dos años sin derechos políticos y le valió la pérdida de su cargo, tras una denuncia por supuesta violencia política en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld.

Su defensa presentó videos en donde aseguraba que Abad profería expresiones contra Sommerfeld. En uno de ellos, Abad dice que la canciller es “sorda”, que se habría negado a otorgar sus días de descanso y que ha usado todo el aparataje del Estado para perseguirla. También dice que le han querido tener “desterrada, secuestrada y limitada su libertad de expresión”, apuntando directamente a la canciller.

Para el tribunal eso constituyó violencia política de género.

Para varias abogadas, feministas y analistas, sin embargo, hay espacio para el debate en esa decisión. No es un asunto en blanco y negro en donde queda clarísima la infracción, al contrario, en una discusión política entre dos funcionarias de alto nivel, los intercambios pueden ser duros y eso no necesariamente significa que haya violencia política de género.

Pero Abad era una enemiga que, hace rato incomodaba al gobierno, ¿cómo no sospechar que este fue un mecanismo para deshacerse de ella con algo de legitimidad?

Y es inevitable entonces preguntarse cómo el tribunal actuó con esa contundencia para sancionar a Abad hoy actúa con tanta ceguera al tratarse de Saltos.

Si a eso agregamos las sanciones a las dos asambleístas correístas Viviana Veloz y Victoria Desintonio, por hacer campaña anticipada, queda claro que la vara no es la misma para todas.

Un tribunal que no actúa como árbitro neutral y se convierte en un instrumento funcional, que perdona con ceguera lo que viene del oficialismo, pero aplica con dureza lo que proviene de la oposición, es peligroso.

¿O qué lección nos deja? ¿Que basta con estar alineado al poder de turno para garantizar impunidad?

En un país que atraviesa una crisis de institucionalidad, el TCE debería ser un contrapeso sólido. Debería garantizar que todos los actores políticos —del gobierno, la oposición o la sociedad civil— compitan en condiciones justas y enfrenten las mismas consecuencias si incumplen las reglas.

Y que esto sirva de ejemplo al correísmo que hoy es oposición pero un día fue gobierno e incumplió también las reglas del juego.

Domingo Paredes, uno de los presidentes del CNE durante ese gobierno, pasó del Ejecutivo —fue titular de Senagua— a presidir el organismo electoral. Durante su mandato se descalificó el pedido de consulta del movimiento Yasunidos, sobre la no explotación del Yasuní y también cuando se descalificó —con bastantes irregularidades— a organizaciones políticas contrarias al correísmo; Prian, MPD, PRE y Ruptura. Como si hubiesen quedado dudas de su simpatía por el gobierno, al dejar el organismo se afilió a Alianza PAIS, entonces liderada por Correa.

Las lecciones son claras: no hay justificación alguna para que un gobierno —sea el que fuere— se tome las instituciones o las utilice a su favor. Eso, tarde o temprano regresa como un bumerán y estalla en la cara de las organizaciones políticas, los gobiernos, la oposición y los ciudadanos.

La democracia no debe operar como un botín del poder de turno porque entonces se desdibuja y todos perdemos.