La sangre invoca sangre

El recrudecimiento de la violencia en Ecuador podría elevar la tasa de homicidios a 56,5 por cada 100.000 habitantes para el cierre de 2025. Actualmente, se registran en promedio 26,5 muertes violentas por día a escala nacional. Esta escalada responde a una estrategia centrada exclusivamente en la contención, que ha desatendido tanto la prevención del crimen organizado como la criminalidad temprana.

Las instituciones responsables de garantizar nuestra seguridad se han limitado a enfrentar a las estructuras criminales con fuerza letal, es decir “solo dan bala”. Sin embargo, estas organizaciones están integradas por individuos a quienes poco o nada les importa morir, pues son plenamente conscientes de que su destino dentro del crimen organizado suele ser, tarde o temprano, la muerte. En muchos casos, es la única salida que conocen ya que ser rata o un soplón es incluso peor que la muerte.

El principal problema que ha traído consigo esta situación es una segunda ola de atomización del crimen organizado. Es decir, a partir de estructuras criminales de gran escala como Los Choneros o Los Lobos —considerados Grupos Armados Organizados (GAO)— están surgiendo múltiples células más pequeñas, fragmentadas y significativamente más violentas hacia las comunidades.

Dado que el crimen organizado se sustenta en la reputación y la efectividad, estos nuevos grupos carecen de ambos elementos y recurren a la violencia extrema como única vía para construir poder. Para financiarse, optan por delitos de baja inversión pero alta rentabilidad, como el secuestro y la extorsión, actividades que no requieren grandes estructuras logísticas ni recursos iniciales. Para las células de grupos más establecidos dentro del mercado criminal, existen códigos ni límites claros: se mata no solo por notoriedad, sino también sin distinción de género o edad, involucrando cada vez más a mujeres y niños en sus actos de terror.

De acuerdo con Roberto Saviano en su libro Cero Cero Cero, “la represión ejercida en México por las fuerzas del orden mexicanas y la inteligencia estadounidense contra los carteles no ha llevado, en muchos casos, a su aniquilación, sino a la proliferación metastásica de microcarteles. A diferencia de los carteles históricos, que se fundaban en el respeto a ciertas reglas mafiosas, la única regla que siguen los microcarteles es no tener reglas… Operan principalmente a nivel local y se especializan en las actividades más violentas y callejeras, como asesinatos, secuestros y extorsiones.” Este fenómeno permite entender mejor la violencia que estamos viviendo hoy en Ecuador, incluyendo el creciente reclutamiento de menores de edad provenientes de entornos familiares disfuncionales. Lo que enfrentamos hoy en día no es solo la acción de grandes estructuras delictivas monolíticas, sino la presencia dispersa de microgrupos de delincuencia organizada.

Por eso, no hablamos únicamente de las 22 bandas terroristas tradicionalmente identificadas en 2024, sino de al menos 37 grupos criminales activos en el país, según datos del reporte de ACLED. Esta atomización del crimen no solo multiplica los focos de violencia específicamente en la costa debido a los puertos, sino que también diversifica los perfiles de sus integrantes.

En este contexto, el incremento de menores de edad (NNAs) involucrados en delitos es una consecuencia directa de dicha fragmentación y mutación del crimen organizado. Estas organizaciones buscan precisamente a quienes menos sospechas generan: adolescentes y niños. ¿Quién imaginaría, de forma realista, a un sicario de 11 años? Y, sin embargo, su uso se facilita no solo por su invisibilidad, sino que también son carne de cañon y miembros que, debido a una experiencia mínima dentro del mercado illícito, son malpagados. Tener un sistema judicial que es más flexible con los menores de edad poco importa, porque en Ecuador si hay billete uno puede pagar por su inocencia.

Colombia ya vivió esta tragedia con su población de niños, niñas y adolescentes (NNA): según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 1996 y 2016, las FARC reclutaron a más de 18.000 menores. Esa realidad comienza a replicarse en Ecuador. Mientras no enfoquemos nuestros esfuerzos en garantizar una niñez plena y en proteger a los jóvenes que aún no han sido cooptados por el crimen organizado, las cifras no cambiarán. La prevención es la única vía sostenible para detener la expansión de esta violencia.

Las buenas prácticas en este ámbito han demostrado que los centros comunitarios activos pueden tener un impacto significativo. Espacios donde los jóvenes accedan a apoyo psicológico, manejo emocional, programas de desarrollo de habilidades socioemocionales y actividades que gestionen el tiempo de ocio han mostrado resultados positivos a mediano y largo plazo. La terapia familiar, además, es clave para romper ciclos de violencia y abandono. Estas ideas, esbozadas aquí de forma general y rápida, deben ser desarrolladas e implementadas por profesionales ecuatorianos especializados en prevención del crimen organizado. Solo ellos pueden "ecuatorianizar" estas estrategias, adaptándolas a nuestro contexto social, cultural y territorial.

Mientras sigamos pensando dentro del mismo molde vintage, el crimen organizado seguirá creciendo. Los jóvenes continuarán siendo reclutados como sicarios por 2.000 mensuales, y muy probablemente, en las próximas elecciones, enfrentemos un caso similar como Miguel Uribe Turbay. Callar sobre el crimen organizado no lo hará desaparecer; solo permitirá que se multiplique ante nuestros ojos.