Columnista Invitada
Daniel Noboa y la Constituyente: ¿nuevo pacto social o salto al vacío?
Dra. en Jurisprudencia, Decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, Directora Ejecutiva Participación Ciudadana. Con más de 20 años trabajando temas de democracia, procesos electorales, Transparencia y Diálogo Político.
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El Presidente Noboa ha manifestado su intención de llamar a una Asamblea Constituyente, y con ese anuncio, enciende la chispa de un momentum refundacional para el sistema político.
Este anuncio se lo veía venir. La necesidad de reformar la Constitución, o reemplazarla, ha sido un planteamiento que ha estado en el debate público desde hace mucho tiempo. La evidencia de la crisis institucional que vive el país, apunta siempre a la Constitución. Desde el desastre que constituye el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y su fallida gestión, por ejemplo, hasta el fracaso de la promesa de garantizar una justicia independiente, ha alimentado la idea de que lo que se necesita es escribir una nueva Constitución para resetear el sistema político. Decirlo parece fácil, lograrlo es otra cosa.
Prácticamente desde su origen, la Constitución vigente ha destacado por su defectuoso diseño estructural. Por su causa, el país ha sido sometido a un super hiperpresidencialismo, que ha condenado a las instituciones ecuatorianas a la cooptación política de los órganos de control, el debilitamiento de la justicia, y el menoscabo de los partidos.
El Presidente ha tenido la habilidad de recoger la propuesta de cambiar la Constitución, y se la juega, en un momento complejo, porque lo hace a pocos días de eliminar el subsidio al diésel -medida necesaria y postergada desde hace muchos años- y está a punto de frentear un paro nacional, en donde medirá fuerzas nada más y nada menos que con la CONAIE y sus aliados.
Pero tensa aún más la cuerda del riesgo político y propone evadir el control constitucional, convocando directamente a la Constituyente, lanzándole esa manzana envenenada al Consejo Nacional Electoral a quien le corresponderá acoger o no la convocatoria.
En este estado de situación, el llamado a una Constituyente, es sin duda alguna una apuesta política riesgosa, y su éxito va a depender de varios y diversos factores, sobre todo ahora que el CNE entra en el juego.
Es políticamente riesgoso destinar capital político a promover una Constituyente en esos términos; porque esto podría mermar la eficacia de los objetivos del plan de trabajo del Presidente a corto plazo: la seguridad, generación de empleo y captar mayor inversión extranjera. Si no le va bien, su apuesta por una Constituyente en esta forma, podría debilitar su liderazgo, en un momento delicado, porque no falta mucho para las próximas elecciones seccionales en donde es natural que querrá obtener una amplia ganancia.
Por otro lado, una Constituyente, en una realidad de la democracia ecuatoriana donde prácticamente no hay partidos políticos, puede convertirse en un ejercicio de visión unidireccional o máximo bidireccional, privando al país de vivir un momento democrático en donde converjan diversidad de posturas.
En esa línea es clave que el estatuto para la Constituyente garantice el pluralismo y reconozca el principio de soberanía popular, es decir, que reconozca que si bien una Asamblea Constituyente surge del poder ciudadano, participativo, su único mandato es redactar una nueva Constitución porque acá no caben plenos poderes. Entonces, sería ideal que se abra la posibilidad de que expertos, académicos o miembros de sociedad civil sin bandera política puedan ser parte de ella y aportar a tan delicada tarea.
En estos momentos coyunturales del Ecuador, una Constituyente puede representar una oportunidad si se lo hace bien. De lo contrario el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y para evitarlo, quizás, el desafío más importante es corregir los defectos de Montecristi, evitando caer en los mismos vicios.
Si se escribe una Constitución, menos concentradora, que incluya más contrapesos legítimos, que minimice la retórica y garantice más institucionalidad, y sobre todo sea participativa, ganamos todos.
En este escenario, una Constituyente bien planteada en su estructura, y legitimada en derecho desde su origen; pensada democráticamente, podría generar un nuevo pacto social para el Ecuador, creado por la fuerza que da un proceso participativo genuino.
El presidente Noboa, haciendo uso de su discurso de renovación generacional podría encarnar este nuevo pacto social, pero para ello necesita garantizar, de palabra y obra, su apego al orden democrático establecido y garantizar también pluralismo y participación y así evitar que la iniciativa se convierta en un salto al vacío.
Lo cierto es que una Asamblea Constituyente nunca es una vara mágica que soluciona los problemas de un país como inmediato sortilegio. Antes bien, es un espacio frágil cuyo éxito depende de los consensos, pero sobre todo de la madurez política, visión democrática y apego a la ley, así como también conocimiento técnico de sus participantes.
El llamado a la Asamblea Constituyente pone al Ecuador, nuevamente, a merced del juicio estratégico de sus líderes acerca del Ecuador del presente y del futuro. Estamos atentos.