Los peligros de eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas

Varios peligros se avizoran para la escuálida democracia nacional en caso de que el financiamiento público a las organizaciones políticas se elimine. El primero de ellos radica en que la competencia electoral se reduciría a los actores que tengan los suficientes recursos económicos para sostener una campaña. Esto es peligroso porque nos llevaría a un escenario en el que las capacidades, la formación política y el espíritu cívico pasarían a segundo plano mientras que la opulencia de las chequeras se constituiría en el criterio central de quienes pueden acceder a los cargos de voto popular. Esto ya sucede actualmente, desde luego, pero se tornaría más notorio con una reforma de ese tipo.

El segundo peligro, conexo al anterior pero aún más inquietante, es que la competencia electoral no se circunscribiría a grandes fortunas lícitamente conquistadas, sino que también entraría en la disputa política otro tipo de recursos económicos, de dudosa procedencia, que no están al nivel de los antes mencionados, sino que los superan con creces. Allí hay dinero de sobra para financiar la campaña de cuanto candidato esté dispuesto a aceptar tanto ese tipo de aportes como la factura que se viene luego, una vez que el espacio de poder ha sido obtenido. El escenario descrito ya se observa en los procesos electorales, desde luego, pero será aún más evidente si se aprueba la reforma planteada.

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Bajo la perspectiva expuesta, el argumento de propiciar cierto ahorro al país eliminando el financiamiento a las organizaciones políticas es débil pues a cambio de una mínima cantidad de dinero que dejaría de erogar el Estado, la penetración de los recursos que provienen del narcotráfico y la minería ilegal, entre otras actividades subterráneas, podría ir en un vertiginoso ascenso. Asumiendo la buena voluntad de quienes plantean la reforma, lo cierto es que, por evitar un gasto público minúsculo, si se lo ve en función de lo que representa del presupuesto general del Estado, podrían colocarnos en una condición de mayor vulnerabilidad frente a la penetración de recursos ilícitos en la vida pública del país.

Si hay interés genuino en mejorar el desempeño de la política nacional entonces se podría empezar por sanear al sistema de partidos políticos, colocando en el registro electoral solamente a los que cumplan determinados requisitos. Así, el financiamiento público se entregaría a unas pocas organizaciones políticas con verdadera capacidad de representación de los intereses ciudadanos. Esta medida no resolvería del todo la incidencia de recursos ilícitos en las campañas electorales, pero al menos serviría como un mecanismo de contención al creciente número de candidaturas con financiamiento de dudosa procedencia.

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Por otro lado, con un número razonable de organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral podría afinar los controles y la regulación no solo de los recursos públicos sino también de los aportes provenientes del sector privado. A propósito, pensando siempre en la genuina intención de mejorar la vida pública del país, se podría haber abogado por una ley que permita transparentar el financiamiento de las campañas electorales. De esa forma podríamos saber quiénes colaboran y con cuánto. Desafortunadamente preferimos engañarnos con los reportes actuales que se entregan al Consejo Nacional Electoral y que no reflejan ni de lejos los verdaderos costos de las campañas electorales.

Es muy peligroso eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas, en cualquier caso, pero es aún más riesgoso hacerlo bajo las condiciones institucionales y fácticas que vive el Ecuador. Más allá de que a primera vista la propuesta luzca seductora, si se la aprueba podría llevar a que la política nacional, ya desgastada y deslegitimada, no solo siga en esa misma senda, sino que además se contamine aún más de los intereses del crimen organizado. La disputa política en ese caso sería entre las élites económicas de traje y corbata, que pueden exponerse públicamente, y las otras élites económicas, aún más poderosas y con mejores atuendos, que monitorearán el desempeño del país tras bastidores y disponiendo qué hacer y no hacer a través de sus alfiles de coyuntura.