Aquiles, la Revolución Ciudadana y el bumerán

“Memento mori (recuerda que morirás)” le susurraban al oído al César mientras desfilaba celebrando sus victorias en la antigua Roma. Servía para evitar que la soberbia le hiciera olvidar que, a pesar de estar siendo aclamado como un dios, era solo un hombre mortal.

En Ecuador los políticos parecen ignorar estos hechos de la historia y, por eso, los gobernantes creen que jamás perderán el poder y se ensañan con sus adversarios, y hasta disfrutan de la condición miserable en la que han colocado al enemigo.

El correísmo que gobernó durante 10 años siente hoy, en carne propia, lo que hizo contra sus enemigos y contradictores; contra los medios de comunicación y periodistas que, cumpliendo su tarea primigenia de vigilancia al poder, hacían su trabajo y fueron perseguidos.

Acanallar y proscribir al adversario no fue bueno antes, tampoco lo puede ser ahora.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está siendo procesado por los casos “Triple A” y “caso Goleada”; tiene dos órdenes de prisión preventiva, y no tiene sentencia en su contra, y ha sido trasladado a la cárcel del Encuentro, donde están los cabecillas de las narco-organizaciones criminales y los delincuentes más avezados; las autoridades hablan de supuestas amenazas contra su vida, aunque nadie sabe de qué amenazas se trata.

En un programa radial, el presidente Noboa, una vez más, se refirió a Álvarez como “alcalde criminal”, y respecto del traslado de Latacunga a la cárcel del Encuentro dijo que “allí está más seguro”.

Álvarez se preparaba para buscar la reelección en las elecciones secciones del 14 de febrero de 2027, pero ya no podrá; el tiempo está en su contra. Es la oportunidad para el movimiento oficialista ADN que había decidido que quiere administrar Guayaquil.

Tampoco el movimiento Revolución Ciudadana (RC) podrá participar en las elecciones de 2027 al haber sido sancionado, por 9 meses, justo en los tiempos que debía inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La noticia causó euforia en quienes recuerdan los años de acoso del correísmo y porque no pocos creen que mejor sería librarse de un movimiento político en cuyo gobierno se perdió la seguridad del país, debido a los nexos de los falsos revolucionarios con organizaciones transnacionales.

En una democracia, todos tienen derecho a participar en una elección, pero, tras una operación de filigrana política que arrancó el 28 de enero con el allanamiento al domicilio de Luisa González, excandidata a la Presidencia en 2023 y 2025, y tras usar el testimonio de Santiago Díaz, procesado por violación a una menor y echado de la bancada correísta, ahora se impedirá.

Para este cometido, han actuado con diligencia el fiscal general encargado, Carlos Alarcón -que tercia en el concurso para ser fiscal titular-, al abrir una investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, que llamó caso “Caja Chica”, y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que, en 3 días, respondió a la Fiscalía y suspendió al correísmo.

Lo de la RC es muy delicado porque tiene que ver con el presunto financiamiento de la campaña presidencial de 2023 con dinero de Venezuela, bajo el régimen de Maduro. El caso toca al expresidente Correa y otros personajes.

Lo del español Fernando Casado, asesor de Luisa González, y exdocente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), a quien el Gobierno de Noboa le revocó su visa de residencia, teniendo una hija menor de edad ecuatoriana, es tema aparte.

Nadie en su sano juicio podría defender a este chavista que, frente a Maduro, en Caracas, decía que su revolución es ejemplar y lo elogiaba con servilismo.

Uno no podía dejar de pensar si acaso se trataba de un problema de cognición para exaltar a quien usurpó el poder, encarceló a la disidencia y propició el mayor éxodo de la región. Y cómo alguien así podía tener una cátedra universitaria.

Pero en democracia hay que convivir entre pensamientos distintos, incluso obtusos. Lo contrario es el pensamiento único.

Dividir la política entre amigo y enemigo es lo que hizo Correa con la académica Manuela Picq, a la expulsó del país, hecho que los ecuatorianos repudiaron.  No debe repetirse.

El poder político tendría que estar reservado a estadistas que entiendan los límites que la democracia impone y que sean honestos. Algo tan normal como eso, en Ecuador resulta una utopía.

En este país ni siquiera se entiende la finitud del poder; el “memento mori” del que se hablaba en Roma, y que evita el bumerán que tanto daño hace.