Leyenda Urbana
La Justicia ecuatoriana amenazada por la mafia
Periodista; becaria de la Fondation Journalistes en Europa. Ha sido corresponsal, Editora Política, Editora General y Subdirectora de Información del Diario HOY. Conduce el programa de radio “Descifrando con Thalía Flores” y es corresponsal del Diario ABC
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Si no fuese porque la gente está concentrada en la Navidad, maravillosa celebración que convoca a todos, el escándalo del juez anticorrupción amenazado de muerte por un narcotraficante, en plena audiencia, tras sentenciarlo, habría sacudido al país y, quizá, movilizado a la sociedad a las calles, ante la evidencia de la penetración del crimen organizado y las ínfulas de los narcos para intentar someter a la justicia.
¿Cómo será de grave lo que pasa en la Justicia que, hasta la indolente Asamblea Nacional no pudo sacar el cuerpo y se reunió el domingo, vía telemática, y decidió llamar a Mario Godoy para que comparezca ante el Pleno? Eso sí, hasta la fecha, no han fijado día y hora.
Lo que no se puede olvidar es que esa misma Asamblea, el Ejecutivo y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que lo incluyó en su terna, son responsables de que Godoy presida el Consejo de la Judicatura.
La Corte incluyó su nombre luego de maniobras insólitas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que, seis meses después de recibir la terna de la Corte Nacional, descubrió que el Dr. Edison Toro, uno de sus integrantes, estaría impedido de terciar.
La Corte envió una nueva que incluía a Mario Godoy.
Para poner a sus cercanos, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional desconoció la terma que, apegada a ley, integró la anterior Legislatura, y elaboró la suya propia y colocó en primer lugar a Fabián Fabara, que enfrentaba una investigación por presunto prevaricato.
Otros nombres y hechos para catapultar a Godoy tampoco deben ser olvidados.
El 8 de julio de 2024, el CPCCS eligió a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura; el Gobierno y el correísmo pusieron el grito en el cielo. Y sacaron a sus alfiles.
En una reunión sorpresiva, Juan Esteban Guarderas votó a favor de revisar esa designación, al igual que Johanna Verdezoto, y, obviamente, Augusto Verduga quien fue obligado a interrumpir su permiso de paternidad para que participe en la sesión.
Tampoco hay que olvidar los audios de Augusto Verduga donde se escuchaba contar a su hermano Abraham, que Andrés Arauz fue el operador para poner a Godoy en la Judicatura, solo que una vez posesionado les dejó de responder las llamadas, porque “se había entregado al noboismo”.
Qué podía salir mal con Godoy en la Judicatura si su llegada al organismo fue fruto de maniobras descaradas en lo político y temerarias en lo legal.
En su columna en este diario digital, el abogado Felipe Rodríguez reveló, la semana pasada, el horror de la amenaza al juez anticorrupción Carlos Serrano, y las presiones a las que le han sometido altos funcionarios del Consejo de la Judicatura.
Lo presionaban para que se reuniera con terceros, pero como se negó, le transmitieron un mensaje: “prestar especial atención a la defensa del extranjero”; o sea, pedían su absolución.
Hoy se sabe que quien lo llamaba era Henry Gaibor, director de Pichincha del Consejo de la Judicatura, considerado mano derecha de Godoy. Ante el horror que significa que un funcionario del órgano disciplinario de la justicia intercediera en favor de un narcotraficante ante un juez, le han pedido la renuncia.
“Ponga atención al caso del narcotraficante serbio porque es una defensa muy particular (…). Solamente cumplo con pasarle el mensaje”, se escucha decir a Gaibor en un audio que se ha difundido.
Los jueces Carlos Serrano y Christian Fierro, actuando con libertad y apegados a las leyes y a las pruebas, sentenciaron al narco. Es allí cuando, en plena audiencia, el serbio hizo un gesto de amenaza de muerte.
Que después de ser amenazado por el serbio, le retiraran la seguridad policial al juez Serrano, y que a su compañero Christian Fierro, el otro juez que sentenció, el Consejo de la Judicatura lo suspendiera por “demorarse en tramitar el proceso Triple A”, dejan interrogantes que producen vértigo.
Por eso, Serrano prefirió renunciar al cargo, pero, de manera insólita, la Judicatura no aceptó su renuncia.
En torno a este caso causó conmoción saber que la esposa de Mario Godoy, presidente de la Judicatura, que administra la justicia, había sido abogada, justamente, del narco que amenazó al juez Serrano y, tiempo atrás, de alias Fito.
Qué bueno que es Navidad para la gente se olvide, por unos días, que la justicia ecuatoriana está amenazada por la mafia.