Noboa marchó contra la Corte Constitucional que Correa quiso “bajarse”

En un hecho político sin precedentes en la política ecuatoriana, el 12 de agosto de 2025, el presidente, Daniel Noboa, encabezó una multitudinaria marcha en contra de la Corte Constitucional (CC), devenida en enemiga pública del Gobierno, a cuyos jueces quisiera poder enjuiciar y destituir, con la mayoría oficialista que tiene en la Asamblea Nacional.

Se trata de la misma Corte contra la cual Rafael Correa tramó una feroz campaña de deslegitimación, con la intención de propiciar las condiciones para “bajarse”, en retaliación por haber destituido de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a Alembert Vera, quien fuera su abogado y miembro de la Liga Azul.

Por la coincidencia en los objetivos, -aunque por razones distintas-, Correa fue de los primeros que apoyaron la decisión de Noboa de preguntar, en consulta popular, la posibilidad de que los jueces de la Corte pudieran ser sometidos a juicio político.

La Corte Constitucional es el máximo tribunal y organismo encargado de controlar, interpretar y administrar justicia constitucional. Y es la última instancia en todo tipo de disputa entre entidades públicas o privadas.

Pocas veces, como en este caso, la cronología de los hechos y las decisiones respecto de la Corte, dan cuenta de cómo se actúa desde el poder; a la vez que refleja un nuevo delicado momento para la frágil democracia ecuatoriana.

Todo comenzó el 4 de agosto de 2025 cuando la Corte aceptó a trámite varias demandas, de las 38 presentadas, hasta esa fecha, contras las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad promovidas por Noboa y aprobadas por la Asamblea Nacional. Y suspendió provisionalmente 17 artículos de esas leyes.

Los artículos que suspendió fueron denunciados como lesivos al debido proceso, a la protección de datos personales, a la obligación de entregar información -como los números telefónicos-, al sistema de inteligencia, y a la disposición de realizar seguimientos a personas naturales y jurídicas sin orden judicial.

Esto marcó un punto de inflexión.

Ese mismo 4 de agosto, al filo de la medianoche, en cadena nacional, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, y la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, resguardados por dos militares encapuchados y dos policías, apuntaron contra la Corte.

“En este momento no hay puntos intermedios: o se está del lado de quienes defienden al país o de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales, los enemigos del pueblo”, dijo Olsen.

Al día siguiente, en un acto público, Noboa dijo que “no podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes”. Y anunció que el 12 de agosto marchará hacia la Corte en Quito, “para hacer sentir el verdadero poder del pueblo”.

No era todo.

Muy temprano, la mañana del martes 5, anunció las siete preguntas de la consulta popular y referendo de 2025; que sobre la Corte dice así:

¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Un mayoritario apoyo tuvo, de inmediato, en las redes sociales, donde, a la par, una campaña feroz, con insólitos epítetos, zahería a los jueces, y daba la razón a Umberto Eco, cuando dijo que “las redes sociales le dan el mismo derecho de hablar a legiones de idiotas, que a un premio Nobel”.

Las alertas llegaron del exterior. La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados dijo que “cuando altos funcionarios califican a los jueces de “enemigos de la ciudadanía” por cumplir sus funciones, se pone en peligro la independencia del poder judicial”. Y Human Rights Watch afirmó que “la independencia judicial no es opcional, sino la base de la democracia”.

Y mostraron su asombro porque en el recorrido de la marcha se colocaron vallas con los rostros de los jueces.

El 19 de agosto, el país fue sorprendido, una vez más, cuando el Ejecutivo intentó desalojar a la Corte, dando por terminado un convenio interinstitucional para el uso de un inmueble, donde está su sede. Solo el escándalo en los medios hizo que se retracte, y deje insubsistente semejante decisión.

Que la Contraloría General del Estado, al iniciar un examen especial a la Corte Constitucional, entrara en la polémica, causó asombro.

Más asombro provocó el descubrir que el buró de la Revolución Ciudadana (RC), con Correa presente, vía Zoom, el 7 de octubre de 2023, diseñó un plan para posesionar la idea de que la Corte es un “actor político”. Y deslegitimarla.

Relacionarla con una “dictadura” y que se hablara de los jueces como “políticos de toga”, fue la consigna, para lo que sugirieron tuitear mucho para desgastarla.

Tan despreciable tarea se encomendó a dos sumisos: Augusto Verduga y su coidearia la hoy asambleísta Belén Yela, hija de la exministra María de los Ángeles Duarte y al politólogo argentino Julián Garrido que, como Yela, trabajaba para Verduga en el CPCCS.

El objetivo de Correa era “bajarse” al alto tribunal, porque creía que le “teme a la fiscal Salazar” y en castigo por destituir a Alembert Vera, según se escucha en los audios de los teléfonos confiscados a Verduga.

Con la derrota de Luisa González el país se liberó de la RC, pero la Corte Constitucional, que fue hostigada por ellos, ahora es atacada por el Gobierno.

Decir que la violencia se ha incrementado porque la Corte no ha dado paso a las leyes urgentes, es falso, porque la primera ley urgente fue recién aprobada, por la Asamblea, en junio de 2025, y el aumento de la violencia viene de tiempo atrás.

El primer cuatrimestre de 2025, Ecuador registró 3.087 muertes violentas, lo que representa 58,22% más respecto del mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 1.951.

Daniel Noboa, que marchó contra la Corte, plantea una consulta popular para poder enjuiciar y destituir a los jueces. De conseguirlo, sin proponérselo, habrá cumplido el deseo de Correa de “bajarse” a la Corte Constitucional.