Emergencia judicial, una estrategia de precisión política quirúrgica

De llegar a concretarse, la historia del Ecuador recogerá en sus páginas que la emergencia judicial, en el año del Señor de 2025, fue fruto de una estrategia política de precisión quirúrgica, que habría comenzado tan pronto como Daniel Noboa llegó al poder, en noviembre de 2023.

El control de la justicia ha sido objetivo de todos los gobiernos, para lo cual han utilizado mecanismos tan insólitos como rodear la Corte Suprema con tanquetas, a fin de impedir que los jueces sean relevados, como ocurrió en 1984; defenestrar a los magistrados tras un pacto político, para instalar la llamada “Pichi Corte” que, en 2005, precipitó la caída de Lucio Gutiérrez. O cuando Rafael Correa anticipó, en 2011, que meterá las manos en la justicia.

La politización de la justicia es de los mayores azotes del Ecuador.

En la línea de tiempo, en esta ocasión, habría que ubicarse en julio de 2024 cuando el exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga (que hoy vive en México) fue obligado a interrumpir su permiso de paternidad a fin de que participe en una votación crucial, en la que se elegiría a otro presidente del Consejo de la Judicatura.

Para echar abajo la elección de Dunia Martínez, quien el 8 de julio de 2024 había sido escogida de la terna de la Corte Nacional, fueron decisivos los votos de los consejeros Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto; al igual que la abstención de Guarderas para, luego, designar a Mario Godoy.

Entonces, no pocos ecuatorianos creyeron que el correísmo se tomaba nuevamente la Judicatura. No fue así.

En los audios de los teléfonos de Augusto Verduga, que rescató la Fiscalía, en enero de 2025, este revela a su hermano Abraham que para poner a Mario Godoy en la Judicatura intervino Andrés Arauz, por entonces operador político de la RC5 en la Asamblea, pero que, tras posesionarse, Godoy les dio la espalda y dejó de contestar las llamadas.

Godoy ha vuelto a ser noticia, estos días, porque la Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea y publicada de inmediato en el Registro Oficial, faculta al titular del Consejo de la Judicatura a que, previo análisis, declare emergencia en la Función Judicial, con lo cual podrá remover a jueces y fiscales y designar unos nuevos, de manera temporal, “luego de establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales”, tal reza la ley.

La reacción de varios juristas y gremios profesionales fue inmediata; hablaron de “jueces golondrina” y alertaron al país.

Que la Función Judicial vive una profunda crisis y que los ecuatorianos exigen se sancione a jueces y fiscales impresentables que liberan delincuentes, que disponen incinerar evidencias de narcos, que han sido descubiertos en tramas de corrupción atroces y están tocados por las mafias por lo cual todos los detestan, es una verdad tan grande como el Chimborazo.

En este contexto, declarar la justicia en emergencia y propiciar una depuración es imprescindible, pero no con acciones y operadores políticos, sino de una manera técnica.

Nada justificaría sacar a jueces inobservando las normas y las leyes, porque en lugar de sancionarlos, los convertirían en víctimas, o porque sería injusto prescindir de jueces probos. Y porque resultaría inconcebible que alguien tuviera tanto poder como para echar unos jueces y nombrar unos temporales, ya que se podría pensar que se los designa para que “hagan el mandado” y se vayan.

Si en la Presidencia de la Judicatura estuvo un Wilman Terán y muchos nunca vieron lo que pasaba ni se enteraron de lo que hacía, y si un exembajador de Estados Unidos habló de “narco jueces” hay que tomar muy en serio un cambio profundo en la justicia, para imponer correctivos y enderezar el sistema. No para intentar usarlo y peor manipularlo.

Solo la independencia de funciones garantiza la democracia, por lo que toda maquinación política debe quedar desvirtuada, ya que el mal uso de la justicia sería el golpe de gracia para un país acechado por el crimen organizado.

Para eso, todas las instituciones tendrían que hacer bien su tarea, pero no siempre es así.

Envuelto en sus propias negligencias, el CPCCS no ha podido integrar el Consejo de la Judicatura, que está autoprorrogado e incompleto. Pero, justamente ahora, ha empezado a moverse y eso parecería ser parte de una estrategia.

Seis meses después de que la Corte Nacional enviara su terna para elegir titular de la Judicatura, recién el CPCCS cae en cuenta de que uno de sus integrantes, el doctor Edison Toro, estaría impedido de conformarla, al haber sido conjuez del Tribunal Contencioso Electoral.

Por coincidencia, la consejera Johanna Verdezoto acogió la denuncia de un ciudadano y, con la aquiescencia del presidente Andrés Fantoni y la oposición de los consejeros Gonzalo Albán y Nicole Bonifaz, resolvieron de forma sumaria aceptarla, saltándose el reglamento que señala que es la Comisión Técnica de Selección la única que tiene competencia.

Y devolvieron la terna.

Aseguran que la apuesta es que, en la terna que envíe de vuelta la Corte Nacional, se incluya a Mario Godoy, para que sea quien declare la emergencia judicial, pero eso está por verse.

El cinco de junio pasado, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, desconoció la terna para la Judicatura que dejó la anterior Legislatura, que la integró la víspera de terminar su periodo; pero, casi un mes después, no ha conformado la nueva terna.

Tampoco el presidente de la República que debía remitir la suya, en octubre de 2024, lo ha hecho. Pero, con la Ley de Integridad Pública vigente, seguro lo hará pronto.

Entonces, la estrategia de precisión política quirúrgica puesta en marcha para declarar la emergencia judicial, y que ha alertado a jueces y fiscales y ha suscitado enorme expectativa en todo el Ecuador, les habrá funcionado.